Ricardo Ibelles es reconocido como un activista en la ciudad de León, Guanajuato. Ha tratado diversos temas: desde rescate arbóreo y el trabajo comunitario hasta su seguimiento de la normativa del Instituto Cultural de León. Siendo uno de los primeros en usar los medios legales para establecer una queja pública contra el Consejo del ICL, lo consultamos para saber cómo fue esta experiencia, a qué conclusiones lleg,ó y cómo ve el affaire de la carta enviada por José Antonio Alvear a diversos consejeros del ICL, solicitando la separación del cargo de su consejero presidente: Alfonso Barajas Medina.

ELC: Anteriormente, usted ya había tomado acciones de labor ciudadana frente al ICL, ¿cuáles fueron?

RI: Por nuestra parte hemos estado monitoreando al Consejo Directivo del ICL. Los temas que hemos manejado son el correspondiente al desapego del reglamento vigente tanto por parte de sus integrantes como por el Presidente del mismo. Entregamos a la contraloría nuestras observaciones sobre el ausentismo de algunos de sus miembros: Andrés Govela, Adrián Flores y Fernando Gómez que con la evidente inobservancia del reglamento por parte del Ing. Barajas no se había dado cumplimiento a lo que el reglamento señala para esos casos. También denunciamos que algunos consejeros mandaban representantes a las sesiones, sin que eso estuviera permitido. El resultado de ello fue una recomendación del Contralor que surte efecto parcial, puesto que no se ha llamado a los suplentes de los consejeros faltistas pero, al parecer, ya no se ha permitido enviar representantes.

ELC:Y ¿Qué ocurrió con ellas?

RI:  Además del extrañamiento, nada. El presidente del consejo, Ing. Barajas, no ha llamado a los suplentes ni ha enviado la solicitud al ayuntamiento. Tampoco se ven acciones para elaborar el reglamento interno del consejo, otra recomendación que hizo la contraloría. Es importante señalar que nuestra observación la ingresamos en junio del 2013, y hasta el día de hoy los consejeros faltista siguen asistiendo, bueno, y también siguen faltando. 

ELC:¿Cuál es el papel que debe tomar el ciudadano sobre las acciones gubernamentales que le interesan?

RI:  Para éste y todos los asuntos los ciudadanos debemos de estar atentos a lo que los servidores públicos están obligados. Los integrantes de los consejos ciudadanos son servidores públicos honoríficos, pera al fin servidores. En esos órganos se toman decisiones y se manejan recursos públicos además de ser la máxima autoridad, al menos así se indica en el reglamento del ICL. Por ello, y más tratándose de ciudadanos, deben de ser observados por todos nosotros. Se supone que la ciudadanización de los órganos de gobierno de diversas instancias se hace con el fin de que la honestidad, la transparencia y la imparcialidad se garanticen con el manejo democrático, ético y apartidista de dichos órganos. Es inverosímil que los ciudadanos mismos anden bloqueando a otros ciudadanos en la transparencia de su trabajo.

ELC: ¿Hasta dónde es viable el trabajo ciudadano?

RI:  Pues hasta que la paciencia se agote. Los ciudadanos deberíamos de tener acceso a todas las acciones que realizan los servidores públicos. El desempeñar puestos en la administración pública, y reitero, aunque sean honoríficos, implica que éste se haga apegado a lo que la ley les señala. Nosotros, los ciudadanos, a quienes deben de servirnos, tenemos derecho a hacer lo que la ley no nos prohíbe, así es que estamos en todo el derecho de conocer lo que hacen, o dejan de hacer. Las consecuencias de su desempeño nos afectan a todos. 

ELC: ¿Cómo ve la carta que pide el apartar de su cargo al Ciudadano Presidente del consejo del ICL?

RI:  Considero que debemos ir más allá. El presidente del Consejo, y los consejeros tienen una responsabilidad. El consejo es la máxima autoridad del ICL. El director del instituto está avalado por ellos. Es lamentable el argumento que maneja el Ing. Barajas en descargo de su responsabilidad en el asunto del MIL. Mandar el problema a Obra Pública y a Contraloría no lo absuelve de la responsabilidad que tiene al haber presidido ese mismo Consejo cuándo se originó el problema y ahora que ya se ha convertido en un asunto de manejo irresponsable de recursos. Todo se agrava cuándo se entrelaza el asunto con la relación que mantiene con obras públicas al ser uno de los constructores que más obras le han sido contratadas. Aquí lo que es más preocupante es el pasmo de los consejeros, sin que cuestionen esa situación. Barajas tiene responsabilidad, pero también los consejeros que permiten que suceda y no hacen nada.

ELC: ¿Tiene alguna repercusión clara? ¿Expondrá algo o sólo se transformará en un trámite de queja?

RI:  Pues ya hemos visto que la contraloría no se ha caracterizado por ser eficiente en su trabajo. Lo que será mejor cuestionar es si los consejeros seguirán en su papel pasivo, algunos aun sin entender el tamaño del problema y el descrédito en que caen por ser cómplices con su silencio.

ELC: ¿Cuál es la función del Contralor sobre este caso?

RI: Tanto en éste caso, como en todos, debería ser la objetividad y el velar por el buen desempeño y el manejo escrupuloso de los recursos.

ELC: ¿Cómo observa el hecho de hacer una reunión a puerta cerrada entre el Consejo del ICL y el contralor?

RI:  Mal, como toda acción que debiendo ser transparente se trata de manera privada. El resultado que se tenga, a final de cuentas será responsabilidad del Consejo actual así es que sus integrantes podrán convertirse en cómplices de un asunto que tarde o temprano dejara ver su verdadera magnitud descreditándolos por el resto de sus vidas. También podrá darse el caso de que ellos mismo exijan el cumplimiento de lo normado y entonces si asumir cabalmente el papel que tienen y que todos esperamos que asuman.

ELC: ¿Cuáles son las decisiones que se esperan de esa reunión?

RI: Siempre se nos dice que se actuó dentro de la ley y que no se hizo nada que no esté permitido. También es cierto que aunque no esté escrito hay acciones que en sí mismas llevan a situaciones como el conflicto de intereses o el solapamiento del mal desempeño o las recomendaciones de amigos y conocidos para que se les asigne un proyecto o una obra. Todo ello no contraviene lo reglamentado pero son prácticas que deben de erradicarse. Así es que esperemos que la reunión del miércoles sea pública y que los consejeros asuman una postura que ponga en bien el actuar ciudadanos en esos órganos de decisión.