Guanajuato. Las diputadas y los diputados que integran la LXV Legislatura aprobaron el acuerdo que contiene la recomendación sobre los montos máximos de las remuneraciones de los integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2022, en cumplimiento a lo que establece el artículo 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos en la entidad.  

Se trata de la recomendación para determinar los sueldos de alcalde, síndicos y regidores, para cada municipio del Estado de Guanajuato. Lo anterior, con base en principios de racionalidad, austeridad, disciplina del gasto público y situación socioeconómica de los respectivos municipios.  

En la exposición de motivos del dictamen, se establece que esta recomendación se sustenta en el análisis de variables preponderantemente objetivas como son:  

1. Indicadores socioeconómicos. Algunos de los indicadores que se tomaron en cuenta fueron la población por municipio, el presupuesto de egresos por municipio, la tasa de crecimiento poblacional, el índice de marginación, la concentración poblacional urbana y el número de localidades.  

2. Indicadores de eficiencia administrativa o de gestión pública. El indicador de eficiencia administrativa que se tomó en cuenta es la recaudación del impuesto predial.  

3. Indicador de racionalidad, austeridad y disciplina del gasto público. Se consideró cómo se reflejan esos indicadores respecto del presupuesto de egresos. 

4. Responsabilidad de la función. Tomando como base que la función de máxima responsabilidad estatal es la del Gobernador, ninguna remuneración podrá ser mayor a la del titular del Ejecutivo estatal. Bajo el mismo criterio, el presidente municipal recibirá una retribución mayor a la de síndicos y regidores.    

Se estableció además el criterio de estratificar a los municipios, y se determinó recomendar que el porcentaje de crecimiento en el gasto en servicios personales para el ejercicio fiscal 2022 se base exclusivamente en la inflación general anual esperada por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los Criterios Generales de Política Económica 2022, para el cierre de este ejercicio, que se espera sea de 3 por ciento.    

En el documento se señala que el acuerdo aprobado es en cumplimiento del mandato de la ley, por tanto, no resulta de una pretensión arbitraria o discrecional del Congreso.  

El Congreso del Estado refrenda su pleno respeto y reconocimiento a los municipios en el ejercicio de sus potestades en materia presupuestaria, y bajo ninguna circunstancia se asumirá en la hoy exclusiva competencia municipal, ni mucho menos impondrá cargas o directrices al gasto público, más allá de lo que le faculte la ley.  

En lo que constituye un exhorto a los ayuntamientos de la entidad, las y los legisladores expresan su convicción de que las administraciones municipales implementarán políticas internas de racionalidad y austeridad del gasto público, orientando en mayor medida su aplicación a la prestación de los servicios públicos, y de que el próximo año desarrollarán su gestión con una visión social, superando prácticas que pudiesen lesionar a los gobernados.  

En este sentido, invitan a los integrantes de los Ayuntamientos a seguir anteponiendo y privilegiando los intereses colectivos sobre sus legítimos derechos.

Asimismo, se especifica que los montos máximos de las remuneraciones están constituidos sobre una base mensual bruta. No incluye la percepción del Fondo de Ahorro para el Retiro por la parte que corresponde al erario público.  

Finalmente, instan a los ayuntamientos que mantengan remuneraciones menores o igual a las recomendadas.   

Al hablar como autor del dictamen, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta Indicó que se cumplían 17 años de que el Congreso del Estado ha venido emitiendo recomendaciones a los municipios respecto de los montos máximos y límites de las remuneraciones que corresponden a los integrantes del Ayuntamiento.

Recomendación que, dijo, con el paso del tiempo se ha venido actualizando, con la finalidad de minimizar la subjetividad, y que pondera variables objetivas y relacionadas directamente con la función de las personas servidoras públicas destinatarios de la resolución.

El congresista habló de la metodología que se utiliza para calcular dichas remuneraciones y subrayó que todo se daba en pleno respeto a la autonomía constitucional y sobre todo hacendaria de los municipios.

Afirmó que el punto de acuerdo era también ejemplo del avance progresivo de la consolidación de la transparencia y rendición de cuentas en la entidad.

“Convencidos estamos que se ha transitado por el camino correcto, a lo largo de la historia de las recomendaciones, porque además en necesario puntualizar, no es tampoco un llamado a un incremento en sus percepciones, es una reflexión al ejercicio de la hacienda pública se realice con toda atingencia”, enfatizó el congresista.

Finalmente reiteró el respeto a los municipios que se han ajustado a la recomendación, ya que ésta ha servido de parámetro para la mejor administración de los recursos públicos que toda persona servidora pública se encuentra obligada a cumplir

Al hablar en contra, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández precisó que existían múltiples razones para oponerse a la propuesta pero que la más importante era la histórica insistencia del Congreso del Estado de evadir la austeridad y que no era congruente, ni se reflejaba en los hechos, porque se consideraba razonable otorgar un sueldo superior a diversos presidentes municipales superiores al del presidente de la República.

La congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia se pronunció a favor de la propuesta y dijo que el Poder Legislativo tenía las facultades para realizar las recomendaciones de los montos máximos y que su homólogo había hecho bien en enfatizar que era una recomendación dada la autonomía municipal establecida en la Constitución Política federal.

Asimismo, indicó que los parámetros bajo lo que establecían eran correctos y que se tomaba una media, además de ser respetuoso de los principios fundamentales que la Carta Magna establece para los municipios.