Guanajuato, Gto. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Yulma Rocha Aguilar, denunció que la coordinación de la bancada priista le retirará los apoyos económicos que como legisladora tiene derecho.

En mensaje difundido en sus espacios digitales, la legisladora señaló que la medida es consecuencia de haber votado “en contra de la militarización de la seguridad pública”. El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias, afirmó que no existe sanción alguna, que no se le descontó ni descontará recurso alguno y que, si bien la diputada faltó a los estatutos y código de ética del partido, corresponde a la dirigencia del mismo analizar el caso y sancionar si lo cree necesario.

La dirigente estatal del PRI, la también diputada local Ruth Tiscareño, no se ha manifestado al respecto.

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En la sesión del pleno del Congreso del Estado realizada el jueves pasado, Alejandro Arias siguió la disposición que su partido le indicó a nivel nacional en el sentido de respaldar la propuesta del gobernante Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de prolongar la participación de fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta 2028.

Rocha Aguilar votó en sentido opuesto a lo señalado por su partido, con sufragio similar al sustentado por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Así lo argumentó:

“Voté en contra de continuar con la militarización de la seguridad pública del 2024 como originalmente estaba en la Ley, al 2028; ha sido una estrategia fallida que ha provocado un aumento de la violencia; porque la seguridad pública es una tarea de las policías civiles, no de los militares.

Eso no significa que estemos en contra del Ejército o de la Guardia Nacional o que pidamos que se retire en estos momentos; debe haber un plan de retiro paulatino y su colaboración debe ser en apoyo y complementaria a las policías; porque de otra forma llegaremos a un momento en que la dependencia al Ejército será total y eso no es bueno para ningún país”.

Este mediodía, la diputada escribió:

“Esto me traerá también consecuencias al interior de mi partido el @PRI Nacional y las enfrentaré; pero es importante que ya se empiece a hablar sobre la línea que existe entre la disciplina partidista y la libertad política”.

Anexó un texto que se le retirarán los apoyos económicos que como integrante del GPPRI le corresponden, “argumentando que había una línea partidista que incumplí”.

Argumentó que su voto en el pleno fue un acto de convicción y de ejercicio de su autonomía como diputada y dijo que la medida es una represión, un castigo por ejercer su derecho y lo calificó como un “acto arbitrario e ilegal que busca menoscabar el ejercicio de las funciones inherentes al cargo de diputada”.

Entrevistado más ´tarde, Alejandro Arias negó que se le esté o vaya descontando recurso alguno a su compañera de bancada y afirmó que, si bien votó en sentido opuesto a una disposición partidista a nivel nacional y violentó el código de ética del partido, de su parte no hay sanción alguna. Dijo que, en todo caso, correspondería a la dirigencia nacional tomar una determinación al respecto.

Ruth Tiscareño, la dirigente estatal priista, declaró que no se ha decretado sanción alguna a su compañera de bancada y que no es posible  quitarle recurso alguno en su calidad de legisladora.

Yulma Rocha ha mantenido una postura contraria al GPPRI en diversos temas e iniciativas. Alejandro Arias señaló que habrá que preguntar a la legisladora si continuará en el PRI.