Guanajuato, Gto. Este día, diputados integrantes de la Comisión de Justicia dialogaron con autoridades de los Poderes Ejecutivo y Judicial en mesa de trabajo, para analizar una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato a fin de incorporar el tipo penal de Discriminación a este ordenamiento.

Como iniciante, el diputado Alfonso Guadalupe  Ruíz Chico detalló que el objetivo de la propuesta legal por la que se crearía un capítulo único en materia de discriminación en el Código Penal es fortalecer el esquema de los derechos humanos de los guanajuatenses mediante la sanción penal de las conductas discriminatorias.

El magistrado Francisco Aguilera Troncoso reflexionó acerca de las dificultades que en la práctica tendría la aplicación del planteamiento, toda vez que propone un tipo penal abierto, por lo que realizó algunas sugerencias que facilitarían su aplicación por parte del ministerio público en materia probatoria, y para que el juez pueda determinar si una conducta se integra o no en el tipo penal.

También, el magistrado Víctor Federico Pérez Hernández realizó una serie de recomendaciones para que se diferencien las conductas que podrían considerarse como discriminatorias, y recordó que tanto en el artículo 8vo. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación como en el 9no.  de la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Discriminación en el Estado de Guanajuato  se encuentra un catálogo de las conductas que podrían considerarse en el tipo penal propuesto, y también considero que muchas de ellas no deberían sancionarse penalmente.

El director de Agenda Legislativa y Reglamentación de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado, Vicente Vázquez Bustos, señaló algunas observaciones al tipo penal planteado, para que se acompañe a la estructura administrativa de la reciente Ley en materia de discriminación en el ámbito local, mediante un mecanismo punitivo.

En contra parte, el agente investigador de la Procuraduría de los Derechos Humanos, Víctor Aguirre Armenta, tras celebrar la intensión de fortalecer las garantías de no discriminación para los guanajuatenses, compartió algunas consideraciones acerca de la conveniencia de mantener las sanciones administrativas ante las conductas discriminatorias.

Similarmente, el director de normatividad de la Dirección General Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jonathan Moreno Becerra, se pronunció a favor de conservar las sanciones administrativas a las conductas discriminatorias y aseveró que por su subjetividad los hechos discriminatorios son complicados de encuadrar como delito.

Por su parte, el catedrático de la carrera de derecho de la Universidad Iberoamericana plantel León, Adrián Aguilar Oliva, mencionó que deben realizarse precisiones en la iniciativa para definir la relación horizontal entre la violación de los derechos humanos y la discriminación en actos concretos, así como aclarar en qué casos estas conductas son imputables a servidores públicos y cuales se acrediten a particulares.

Mientras, el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Carlos Torres Ramírez, citó una opinión del Comisionado Nacional para Prevenir la Discriminación donde asegura que en los estados donde se ha penado la discriminación no se han logrado los resultados esperados, toda vez que no se ha resuelto un caso en favor del quejoso, mientras que si el caso lo lleva esta Comisión, se logra la satisfacción del demandante en el 60% de las ocasiones.

Coincidiendo con los argumentos expuestos por los representantes de las Procuradurías de los Derechos Humanos y General de Justicia, el diputado presidente de la Comisión, Luis Felipe Luna, invitó a  reflexionar en torno a si es necesario llegar a la última ratio para sancionar la discriminación o si con una sanción administrativa es suficiente, pensando en la opción que asegure evitar la impunidad ante este tipo de comportamientos.

Nuevamente, el diputado Alfonso Ruiz Chico insistió en que la tipificación de la discriminación en el Código Penal sería un complemento a la ley administrativa aprobada por esta Legislatura, de forma tal que con un instrumento coercitivo se preservaría el derecho de un ciudadano al que se le hace a un lado por su condición, negándole servicios, derechos y se incita al odio o a la violencia.

Una vez concluidas las participaciones, se levantó la reunión, en la que participaron los diputados Luis Felipe Luna Obregón (presidente de la Comisión), Alfonso Guadalupe Ruiz Chico y Galo Carrillo Villalpando.