Guanajuato, Gto. Esta tarde, representantes de los tres poderes del estado analizaron en mesa de trabajo una iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales y a la Ley del Proceso Penal para el Estado de Guanajuato, a efecto de hacer una excepción al aplicar el proceso conciliatorio ante el Ministerio Público al tratarse de violencia física en el seno familiar.

Al dar apertura a la reunión, el diputado presidente de las Comisiones Unidas de Justicia y de Gobernación y Puntos constitucionales, Luis Felipe Luna Obregón, ofreció la bienvenida a los asistentes y dio lectura a los objetivos planteados por el Ayuntamiento de León, iniciante de la reforma.

El Asesor General adscrito a la Dirección General Jurídica de la Procuraduría General de Justicia, Gerardo López Cuellar, realizó una serie de puntualizaciones tendientes a lo apropiado de una reforma para que la conciliación como medida de solución de conflictos no sea procedente, y consideró que habría que hacer algunas modificaciones a la propuesta para que se cumpla el fin que se busca.

En su intervención, el magistrado de la Sexta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia, Jesús Daniel Federico Chowell Arenas, enlistó una serie de medidas que se contemplan en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que entrarán en vigor en el 2016, entre las que ubicó la eliminación de la conciliación como instancia de resolución de conflictos.

De igual forma el director General de Agenda Legislativa y Reglamentación de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado,  Vicente Vázquez Bustos, invitó a reflexionar acerca de la conveniencia de esperar las disposiciones procedimentales de aplicación federal en materia de conciliación, mediación de conflictos y de justicia alternativa.

Por su parte, el Asesor Jurídico del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses, Omar Montoya Montoya, apuntó que las mujeres violentadas requieren de medidas que protejan sus derechos no sólo en los casos de agresión física sino en otros supuestos, y resaltó que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia está por encima del derecho procesal del agresor.

La diputada Yulma Rocha Aguilar se pronunció a favor de establecer en la ley la prohibición de la conciliación en los casos de violencia familiar y con ello evitar la revictimización, de esta forma, dijo, no sólo será una política pública de la Procuraduría General de Justicia. En este sentido, comentó que hace falta a esta instancia dar cumplimiento a los protocolos de atención a la violencia contra la mujer, puesto a que los Ministerios Públicos continúan propiciando la conciliación ente agresor y víctima, pesé a los protocolos dictan lo contrario, acusó.

Mientras, el diputado Óscar Arroyo Delgado aseveró que son bienvenidas todas las propuestas que se encaminan a disminuir o erradicar el problema de la violencia familiar, y reflexionó en torno a la conveniencia de ampliar el supuesto no sólo a la agresión física sino a otros tipos de violencia como la psicológica.

Finalmente, el diputado presidente de la Comisiones Unidas, Luis Felipe Luna Obregón agradeció las aportaciones a los participantes, e indicó que a través de la Secretaría Técnica convocará a una sesión para dar continuidad al análisis de la iniciativa.

Participaron en la mesa de trabajo las diputadas Ma. Guadalupe Sánchez Centeno y Yulma Rocha Aguilar y los diputados Luis Felipe Luna Obregón (presidente de las Comisiones Unidas), Óscar Arroyo Delgado,  Alfonso Ruíz Chico, Galo Carrillo Villalpando y Luz Daniel Campos Lango. Así como representantes del Supremo Tribunal de Justica, del Poder Ejecutivo y de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos.