Guanajuato. Convocada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que busca adicionar la extorsión como una de las conductas por las que procede la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva de oficio.

Al mencionar los motivos de la iniciativa, la diputada Susana Bermúdez Cano expresó que se había presentado la propuesta en estudio como parte de la necesidad de ir fortaleciendo el andamiaje jurídico nacional, así como adecuarlo a la evolución social para afrontar de manera más efectiva el combate a la criminalidad.

A pesar de no coincidir completamente con la iniciativa, por considerar que era importante el reducir el número de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el congresista Gerardo Fernández González manifestó estar abierto a distintos mecanismos que permitan fortalecer la seguridad en Guanajuato, y cuando el propósito final se centre en disminuir los delitos en la entidad.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar comentó que el incremento de ese delito era una preocupación compartida, sin embargo, señaló que al ser la prisión preventiva una media cautelar y de las más severas, toda nueva norma debía pasar por los principios de proporcionalidad, necesidad y razonabilidad, siendo el incremento una razón insuficiente para darle viabilidad a la iniciativa.

En su intervención, la representante del Poder Judicial consideró que las razones que motivaban la propuesta eran innegables, así como la necesidad de una política que permita la disminución de ese delito en forma objetiva. También comentó que la manera en la que se constituyó dicho ilícito en el Código Penal complicaba que se contemple en la prisión preventiva oficiosa.

Al emitir sus consideraciones, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato consideró que seguir ampliando el catálogo de delitos era un acto violatorio de la presunción de inocencia, el debido proceso, la seguridad jurídica, la independencia judicial, la igualdad, la integridad de las personas y el principio de progresividad de los derechos humanos.

Además, mencionó que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado al Estado Mexicano a reducir significativamente el uso de la prisión preventiva y velar porque siempre se tenga en cuenta la posibilidad de recurrir a las medidas alternativas de la privación de la libertad y sólo que sea el único recurso se aplique de forma racional, cuando sea estrictamente necesario y por el menor tiempo posible.

La representación de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato manifestó que la extorsión no debía considerarse sólo como un delito que atente contra el patrimonio, por ser un delito multiofensivo que llega a trastocar la paz y seguridad e igualmente afecta física, psicológica y patrimonialmente a las víctimas y sus familias.

Por su parte, el funcionario de la Coordinación General Jurídica coincidió con que la extorsión sea considerada un delito con naturaleza plurifuncional y no sólo un atentado contra el patrimonio, por lo que aseveraron que la iniciativa era viable por dotar a las autoridades de las herramientas correspondientes para hacerle frente a los hechos criminales y que la propuesta generaría una mejor seguridad para las víctimas de ese delito.

Finalmente, la legisladora Susana Bermúdez Cano, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, solicitó a la secretaria técnica la elaboración del dictamen en sentido positivo para su posterior discusión en la próxima sesión de la Comisión.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano y Yulma Rocha Aguilar; así como el diputado Gerardo Fernández González. Además, los acompañaron representantes del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, de la Coordinación General Jurídica, del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de Guanajuato y asesores de grupos parlamentarios.