Guanajuato, Gto. El Pleno del Congreso del Estado aprobó este jueves dos minutas proyecto de decreto que reforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La primera de ellas tiene como materia el combate a la corrupción, mientras que la segunda aborda el tema de la justicia para adolescentes.

Sistema de justicia para adolescentes

La primer minuta con proyecto de decreto crea el sistema integral de justicia para los adolescentes, el cual será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación en un hecho que la Ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad.

Señala que el proceso en materia de justicia para adolescentes será acusatorio y oral, en el que se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia de las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas y menciona que las personas menores de 12 años a quienes se atribuye que han cometido o participado en un hecho que la Ley señale como delito, sólo podrán ser sujetos de asistencia social.

Combate a la corrupción

La segunda de las minutas aprobadas  establece las bases para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, que funja como la instancia de coordinación de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.

Tiene como objetivo que todos los servidores públicos ejerzan sus atribuciones dentro del marco de legalidad, de modo que los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y pueda realizarse el fin último del Estado de Derecho que es la justicia.

Refiere que para llevar a cabo este objetivo se prevé la creación del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción, el Consejo Nacional para la Ética Pública y el Comité de Participación Ciudadana.

También, instituye que los organismos con autonomía reconocida en la Constitución federal que ejerzan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán contar con un órgano interno de control. El titular de dicho órgano será designado por el voto de dos terceras partes de los miembros del Senado de la República.

La concepción de este sistema parte de cuatro principios de la gestión pública y sus correspondientes pilares institucionales:

a) El principio del control interno de la gestión y de los recursos públicos, a partir de los órganos competentes en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y en los organismos constitucionalmente autónomos, tanto de la Federación como de las entidades federativas;

b) El principio de la fiscalización superior de la gestión y de los recursos públicos, a partir de las entidades de fiscalización superior de los órganos legislativos: la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados y las entidades de fiscalización superior de las Legislaturas de los Estados y del Distrito Federal;

c) El principio de investigación de los delitos y el establecimiento de probables responsabilidades para su dilucidación en el proceso penal correspondiente, a partir de la actuación del órgano competente de procuración de justicia, sea en la Procuraduría General de la República o su transformación en Fiscalía General de la República, o en los órganos homólogos de las entidades federativas; y

d) El principio de la impartición de justicia por órganos imparciales con autonomía para dictar sus resoluciones, a partir del propuesto Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tratándose de procedimientos para la imposición de sanciones a servidores públicos y particulares en caso de faltas administrativas consideradas como graves por la ley, así como de sus homólogos en las entidades federativas; y de los juzgados y tribunales en materia penal de la Federación y de las entidades federativas para la determinación de las acusaciones de responsabilidad criminal.

A favor de la aprobación de la minuta intervinieron los diputados Francisco Javier Contreras Ramírez y Óscar Arroyo Delgado.

Contreras Ramírez mencionó que la corrupción es una práctica anticolectiva, degradante y nociva que destruye la armonía social por lo que solicitó a todas las fuerzas políticas a aprobar la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que contempla esta reforma.

Recordó que el tema forma parte de los compromisos establecidos en el Pacto por México expresó su beneplácito por la creación de un sistema interinstitucional que vigile que no haya más actos de corrupción, fortalezca la fiscalización y sancione a servidores públicos y también a ciudadanos que participen en colusión con funcionarios.

A la entrada en vigor de esta reforma, añadió, la Auditoría Superior de la Federación podrá realizar de manera directa auditorías del ejercicio fiscal en curso ante denuncias que se presenten, y con ello que se sancionen de manera oportuna posibles actos de corrupción. Además las irregularidades administrativas graves serán sustanciadas y sancionadas, para lo cual se crea el nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Calificó esta reforma como un acto de justicia para los ciudadanos que sienta las bases para un México honesto, justo y democrático, que haga frente al reto de combatir la corrupción por los daños económicos y sociales que provoca. Se tendrán ahora los instrumentos para transformar la realidad de México, con valores públicos, conciencia social y vocación por un honesto servicio público, que junto con el uso adecuado de los recursos abonará a la prosperidad y progreso que demandan los ciudadanos.

Por su parte, el diputado Arroyo Delgado sostuvo que es necesario fortalecer las instituciones del Estado para combatir y frenar la corrupción por sus nocivos efectos en el desarrollo y en la moral social y señaló que la reforma constituye un nuevo andamiaje legal que recoge las mejores prácticas internacionales para investigar y sancionar dicho fenómeno en toda la administración pública.

Destacó la creación de un Comité de Participación Ciudadana, que permitirá canalizar los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil en coadyuvancia para combatir prácticas de corrupción. Además, se otorgan facultades a la Auditoría Superior de Fiscalización para fiscalizar las participaciones federales, en coordinación con las instancias locales en este ámbito.

Enfatizó también en la transformación que da lugar al nuevo Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar a quien cometa actos corruptos, así como el fincamiento de responsabilidades a través de la fiscalía especializada. Se incorporan atribuciones de investigación y sustanciación de faltas administrativas graves y se amplía el plazo de prescripción a siete años, además de que todos los funcionarios públicos deberán presentar declaración patrimonial y de intereses.

Se trata de modificaciones constitucionales de gran calado que sientan las bases de un nuevo orden jurídico para combatir y erradicar la corrupción y la impunidad que tanto daño han ocasionado al país, y refrendó el compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, así como para establecer localmente ese sistema, mediante el trabajo conjunto entre autoridades y sociedad.