Guanajuato, Gto. En su primera sesión ordinaria de este segundo año de ejercicio legal, el Pleno de la LXII Legislatura aprobó diversos dictámenes y acuerdos y atendió solicitudes de ayuntamientos.

El diputado Adrián Camacho Trejo Luna dio lectura al informe que rinde la Diputación Permanente, sobre  los trabajos realizados  durante el segundo receso del primero año de ejercicio legal de la LXII Legislatura.

Se recibió la solicitud del ayuntamiento de Comonfort, para que se le autorice la reestructuración de su deuda pública, que asciende a la cantidad de 12.6 millones de pesos, lo anterior debido al muy alto esfuerzo financiero que le representa el pago en las actuales condiciones. La petición fue turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Hacienda y Fiscalización

También se dio trámite a la Minuta Proyecto de Decreto que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que abordan temas de carácter electoral, remitida por la Cámara de Diputados federal. Fue remitida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen.

Además fueron turnados a la Comisión de Hacienda y Fiscalización los informes de resultados formulados por el Órgano de Fiscalización Superior, sobre revisiones a cuentas públicas municipales y recursos del Ramo 33 y de obra pública, y se aprobaron los informes de los estados financieros del Congreso del Estado por los meses de junio, julio y agosto.

Aprobación de dictámenes y acuerdos

El Pleno de la LXII Legislatura aprobó el acuerdo mediante el cual se autoriza al Poder Legislativo a que, por conducto del Presidente del Congreso del Estado, gestione y contrate un empréstito hasta por la cantidad de doscientos setenta y ocho millones de pesos, con el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), para financiar la construcción y equipamiento del nuevo edificio sede del Poder Legislativo.

En la propuesta presentada por quienes integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se considera que no dar continuidad al proyecto de inversión resultaría más grave que financiar su conclusión. Es una decisión que se asume con toda responsabilidad, más allá de lo asertivo o no de la decisión primigenia, sostienen los integrantes del órgano de gobierno.

En otro tema, a propuesta también de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, se autorizó a las administraciones municipales de Jaral del Progreso, Manuel Doblado, San Diego de la Unión, San Miguel de Allende, Santa Catarina y Santa Cruz de Juventino Rosas, así como a Guanajuato Puerto Interior, una prórroga de hasta tres meses para ejercer las acciones civiles que se derivan de dictámenes relativos a informes de resultados formulados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).

La asamblea también aprobó los dictámenes presentados por la Comisión de Hacienda y Fiscalización, relativos a las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Tarimoro (por el primer semestre de 2011) y de Apaseo el Grande (por el primer semestre de 2012), así como las practicadas a las operaciones realizadas con recursos del Ramo 33 y de obra pública, por las administraciones municipales de Villagrán y de Apaseo el Alto, ambas por el ejercicio fiscal 2011.

En los cuatro casos se incluye la instrucción al Auditor General del OFS de promover acciones para el fincamiento de responsabilidades administrativas determinadas en el dictamen técnico jurídico. En el caso de Tarimoro, deberá ponerse en conocimiento del Ministerio Público hechos probablemente constitutivos de delitos, cometidos en perjuicio de la administración y hacienda públicas de dicho municipio.

Se aprobó también la devolución al Órgano de Fiscalización Superior del informe de resultados sobre la revisión practicada a las cuentas públicas municipales de Guanajuato, por el periodo de julio a diciembre de 2011.

En esta sesión, como parte del Constituyente Permanente, el Congreso local aprobó dos dictámenes relativos a minutas proyecto de decreto que modifican la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de la reforma a la fracción XXI del artículo 73 constitucional en materia de legislación procesal única y la adición de una fracción XXIX-R al mismo artículo citado, éste en materia de registros públicos inmobiliarios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros municipales.