Guanajuato, Gto. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, con la cual se busca que los procedimientos relacionados con las concesiones que conceda el Poder Ejecutivo se realicen dentro de un marco de buen gobierno, cuya única finalidad sea el servicio a la gente y se destierre cualquier signo de corrupción.

Al dar lectura a la exposición de motivos de la iniciativa, el diputado José Huerta Aboytes manifestó que no debe existir ningún servidor público que tenga libertad irrestricta para ejercer sus funciones. Sin embargo, dijo que la ley no siempre logra establecer de manera determinante los límites precisos y eso origina que la autoridad cuente con dos tipos de facultades administrativas: las regladas y las discrecionales.

Argumentó que la facultad discrecional concedía a la autoridad un cierto espacio de subjetividad para que a su criterio pudiera optar por varias alternativas en el ejercicio de su función, aunque ese margen de libertad no debía ser absoluto ni caprichoso.

Huerta Aboytes apuntó que la finalidad de que se fijaran ese tipo de facultades era la de proporcionar a la autoridad administrativa los instrumentos necesarios para poder resolver con celeridad situaciones de falta de claridad que pudieran lesionar el estatuto jurídico del administrado, pero no para que abusaran de las mismas en beneficio del Estado y mucho menos para favorecer ilícitamente a ciertos particulares.

“Este tipo de atribuciones de las que eventualmente goza la administración pública, deben de estar sujetas a control, ya sea por parte de la propia administración o por medio de la función jurisdiccional para que no se conviertan en patente de corso de algunos funcionarios deshonestos”, subrayó el legislador.

El congresista manifestó que era necesario reducir al mínimo los márgenes de discrecionalidad en el ejercicio de la administración pública. “Queremos terminar con cualquier vestigio de una especie de subcultura que ha venido privando en nuestra entidad, según la cual, las concesiones eran una especie de dádivas graciosas que distribuía el Ejecutivo de manera incontrolada a sus compadres, favorecedores y quien dice si no, hasta a sus prestanombres”, indicó.

En ese sentido, precisó que se proponía eliminar lo relativo a la figura de la adjudicación directa para establecer que los procedimientos para otorgar las concesiones de infraestructura pública se harán mediante modalidad única, que sería licitación pública.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.