Guanajuato, Gto. Esta mañana continuaron los trabajos de la glosa del III informe de gobierno presentado por el titular del Poder Ejecutivo. La primera mesa de trabajo de esta jornada se llevó a cabo con el secretario de Finanzas, Administración e Inversión, Juan Ignacio Martín Solís.

La reunión fue moderada por el diputado Alfonso Guadalupe Ruíz Chico quien preside la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

En una primera ronda de preguntas, los diputados del PAN José Juventino López Ayala y Óscar Arroyo Delgado solicitaron información sobre las acciones que realizó el gobierno para fortalecer la inversión pública, la metodología y los criterios para determinar el presupuesto de inversión, las principales acciones que realizaron en abono de la transparencia y rendición de cuentas; y el apoyo que le han brindado a los municipios en la aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por parte del grupo parlamentario del PRI, el diputado Adrián Camacho Trejo Luna pidió al secretario exponer el plan de austeridad que se implementará para enfrentar la baja de participaciones federales sin que se afecten áreas prioritarias;  además, que precise los ajustes que prevé en los capítulos que involucran gasto corriente y la reducción de plazas y en qué áreas. Reprochó que en el informe no se proporcionaran datos sobre la regularización de los empleados que se encuentran laborando por honorarios y solicitó datos sobre el número de personas contratadas bajo dicho régimen, la adscripción por área y el impacto presupuestal que generan, así como la fecha en la que se dará por terminado su contrato.

También pidió que diera las razones para que el servicio civil de carrera sea operado por esa dependencia y no por la encargada del control y desarrollo administrativo que es como opera a nivel federal; además, que proporcione el porcentaje de trabajadores que se encuentran laborando con base, confianza o bajo el régimen de honorarios, en qué niveles se ubican los no sujetos al servicio civil de carrera.

En su intervención, el diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM, requirió información sobre el circulante que se encontraba en cuentas bancarias durante cada trimestre del 2014 y cuánto redituó por intereses bancarios. En otro tema, pregunto al funcionario por qué la dependencia estatal amplió el contrato a las empresas proveedoras de medicamentos dentro del seguro popular.

Respecto al programa de basificación de servidores públicos, el legislador preguntó el motivo por el cual no se ha llegado a la meta que se había propuesto. Finalmente pidió información sobre la fecha en la que se les pagó por primera vez a las personas que se encuentran contratadas por el régimen de honorarios y que su contrato inició en enero del 2014.

Después de un receso, el titular de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración fue dando respuesta a las preguntas de los legisladores y, en apego a la metodología acordada para edstas reuniones, se formularon nuevas preguntas y comentarios.

El diputado Adrián Camacho Trejo Luna pidió al funcionario que profundizara en el tema de los contratos por honorarios que están en adscripción de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, informando cuántos son, su monto y las funciones que con ellos se cubren. Expuso sus comentarios en torno al funcionamiento del servicio civil de carrera y solicitó que se dieran detalles del destino que tuvieron las economías del ejercicio 2014.

Por su parte, el diputado Sergio Contreras Guerrero compartió el secretario su opinión sobre si tener los recursos en cuentas bancarias implica que no se canalicen oportunamente hacia los programas de atención a las necesidades ciudadanas por parte del resto de las dependencias. Reiteró además sus cuestionamientos y dudas en torno a la ampliación de los contratos a las empresas proveedoras de medicamentos que en su momento recibieron varias sanciones y preguntó si no hubo posibilidad de generar un nuevo proyecto de licitación.

Finalmente, consideró que se aprecia un desfase en el pago a las personas que ofrecen sus servicios en el gobierno estatal y que están contratados por la modalidad de honorarios.