Guanajuato, Gto. Esta mañana se llevó a cabo la Junta de Enlace en Materia Financiera, convocada por el Congreso del Estado de Guanajuato –a través de la Comisión de Hacienda y Fiscalización- con el propósito de compartir con los ayuntamientos de la entidad los criterios técnicos para la elaboración y presentación de las iniciativas de leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2015.

En términos generales se planteó a los funcionarios municipales asistentes ser moderados en sus proyecciones de ingresos, mantener un equilibrio en las finanzas públicas, considerar el 4 por ciento como límite de incremento para las cuotas y tarifas a aplicarse el año próximo  y observar en todo momento las disposiciones legales y lo relativo a la transparencia.

El evento fue presidido por quienes integran la mencionada comisión legislativa: las diputadas Karina Padilla Ávila, (presidenta), Karla Alejandrina Lanuza Hernández (también presidenta del Congreso del Estado), Georgina Miranda Arroyo y Ma. Guadalupe Sánchez Centeno, y el diputado José Gerardo Zavala Procell.

Les acompañaron en el presídium  el secretario de Finanzas, Inversión y Administración del gobierno estatal, Juan Ignacio Martín Solís; el secretario general del Congreso local, Jorge Espadas Galván; el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, Javier Pérez Salazar; y el director de la Unidad de Estadios de las Finanzas Públicas, Francisco Javier Luna.

En su mensaje de bienvenida como presidenta del Congreso del Estado, la diputada Alejandrina Lanuza Hernández destacó la relevancia que tienen la rendición de cuentas y la transparencia en las administraciones públicas, pues constituyen la plataforma para que los ciudadanos guanajuatenses puedan ejercitar el derecho de acceso a la información pública y, en ese sentido, participar en la deliberación para formular políticas públicas, particularmente en materia presupuestal.

De ahí, agregó, la importancia de estos trabajos de  la Junta de Enlace en Materia Financiera, de cara a la sociedad guanajuatense y con la participación de los representantes de los poderes públicos del Estado y de las administraciones públicas municipales, para homologar los criterios que normarán la integración de las iniciativas de la Ley de Ingresos de los municipios y, consecuentemente, armonizar el esquema de ingresos a las disposiciones constitucionales y legales en la materia.

La legisladora dijo que quienes integran la LXII Legislatura del Congreso del Estado “tenemos la convicción de que la eficacia y eficiencia de la administración pública municipal estriba en el diseño de la política hacendaria o financiera, porque constituye el motor fundamental para que las y los presidentes municipales traduzcan la recaudación de los recursos económicos en mayores y mejores bienes y servicios para los gobernados, nuestra población, nuestra gente”.

Por su parte, la diputada Karina Padilla Ávila, presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, dijo que es fundamental para los gobiernos contar con una hacienda pública sólida, que genere los recursos que permitan su operación y el desarrollo de inversiones que atenúen y combatan frontalmente desigualdades.

Luego de mencionar las diversas variables y políticas que inciden para lograr el fortalecimiento de las haciendas de los gobiernos locales, la legisladora recordó que no hay tributo sin ley para añadir que existen criterios y principios que guían la formulación de las iniciativas en materia de ingresos.

Padilla Ávila indicó reconoció la diversidad que presentan los 46 municipios de la entidad y sostuvo el compromiso del Poder Legislativo para revisar y evaluar las iniciativas de acuerdo con las necesidades de cada municipio. El cuerpo normativo que se considere será analizado íntegramente con las exposiciones de motivos que incluyan en sus iniciativas, así como los diversos anexos técnicos que nos hagan llegar para justificar los cambios propuestos. Esta revisión será en estricto apego a la legalidad de las contribuciones y  a los principios jurídicos que resulten aplicables. Con ello, buscamos fomentar el desarrollo regional y respetar la diversidad de condiciones que existen en Guanajuato, en un marco de sujeción estricta al Estado de Derecho”, concluyó.

En su turno, el secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Juan Ignacio Martín Solís, ponderó las bondades de este mecanismo de coordinación y mencionó que se han venido implementando las diversas reformas a las leyes de armonización contable y se ha buscado la transparencia. En este año deberán estar en los portales de información pública los presupuestos, en donde la ciudadanía pueda detectar de una manera clara, ágil y sencilla en qué se están usando los recursos.

Invitó a los funcionarios municipales a utilizar el sistema de planeación de presupuestación con base en resultados, ya que es una exigencia para todos los municipios tener muy claro para qué van a utilizar los recursos, qué tipo de proyectos van a realizar, qué metas están buscando con los proyectos y qué indicadores tendrán esas metas, todo ello  para que la ciudadanía esté enterada del uso que se le da a los recursos.

Dijo además que, ante un año de transición democrática, uno de los objetivos debe ser el de mantener el equilibrio en las finanzas públicas, por lo que hizo un exhorto para ser cuidadosos en el ejercicio del gasto, reduciéndolo cuando no se tengan los ingresos suficientes, de tal manera que se entreguen cuentas claras a las próximas autoridades.

Correspondió al titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado exponer los criterios sugeridos para la 4elaboración de las iniciativas de ley de ingresos municipales.

Francisco Javier Luna, tras de repasar los indicadores económicos y su impacto en las finanzas públicas, pidió a los funcionarios municipales ser moderados en las proyecciones de sus ingresos.

Entre los criterios técnicos destaca que el límite de incremento para cuotas y tarifas 2015 será del 4 por ciento (no aplicable a tasas), y cuando el incremento exceda dicho porcentaje se deberá a4rgumentar amplia y claramente la propuesta en la exposición de motivos. Esos argumentos deberán precisar el impacto recaudatorio que representa la propuesta para la hacienda pública municipal, así como el impacto recaudatorio para el contribuyente.

En los casos del impuesto predial y las tarifas de agua potable, cuando los incrementos superen el límite mencionado, adicionalmente a la justificación en la exposición de motivos, deberán remitirse los estudios técnicos relativos.

Cabe recordar que la fecha límite para la presentación de las iniciativas de ley de ingresos municipales  ante el Congreso local es el 15 de noviembre.

Al clausurar los trabajos, la diputada Georgina Miranda Arroyo comentó que ante las diversas reformas constitucionales y legales, la hacienda pública municipal enfrenta retos significativos que se deben atender, como los cambios en materia legal y normativa aplicada a recursos federales transferidos, y la nueva orientación guiada por la necesidad de crear  presupuestos basados en resultados y la creación de sistemas de evaluación al desempeño que permitan garantizar el uso óptimo de los recursos públicos, en beneficio de la ciudadanía.

Este proceso de cambio en materia fiscal pretende fortalecer los ingresos públicos para estimular la recaudación y, en el caso del gasto, el uso de recursos públicos en apego a principios de legalidad y eficiencia.

Miranda Arroyo manifestó que este proceso de análisis de las propuestas de leyes de ingresos municipales abre la oportunidad para poner en un contexto hacendario más amplio las estrategias de fortalecimiento recaudatorio local, la revisión de los indicadores bajo los cuales operan sus tesorerías y los instrumentos fiscales que son necesarios para responder ante exigencias de gasto creciente y criterios normativos aún más estrictos. 

Concluyó refrendando la disposición del Congreso del Estado de coadyuvar con los municipios y atender las consultas técnicas que sobre esta materia se presenten mismas que se resolverán considerando de forma objetiva los planteamientos y evaluando su implementación, en un marco en el que se satisfagan los principios de procedencia legal y se considere su viabilidad económica y social.