Guanajuato, Gto. En la reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se aprobó este día el dictamen correspondiente a las reformas constitucionales relativas al proceso de designación del Fiscal General del Estado, periodo de duración en el cargo del fiscal general y su proceso de remoción.

Al ser sometido a votación en lo general, el diputado Raúl Humberto Márquez Albo solicitó el uso de la voz. El congresista externó su voto en contra y recapituló sobre el proceso que se ha llevado a cabo para analizar las diversas iniciativas que se presentaron en la materia, asegurando que no se permitió que la ciudadanía pudiera, a través de ellos como representantes, mostrar su sentir.

Márquez Albo fue enfático en que faltó análisis para poder discutir otros perfiles, que hubo propuestas que quedaron omisas y marginadas y que se hubiera podido mejorar en mucho a la Fiscalía.

“Dejo patente la posición del grupo parlamentario de Morena, nuestro rechazo total a esta situación, ya que no se permitió el análisis y discutir la posibilidad de que hubiera una terna y más candidatos a ocupar la fiscalía; el pase lo único que generó es que se cumpliera un deseo externado hace meses”, finalizó.

El dictamen fue aprobado por mayoría de votos. Al ser votado en lo particular, se presentaron reservas por parte del diputado José Huerta Aboytes, mientras que la diputada Vanessa Sánchez Cordero anunció reservas para la sesión del Pleno.

Huerta Aboytes insistió en hacer algunas consideraciones y propuso modificaciones para establecer la obligación de que la Fiscalía General plasme en un programa de trabajo sus objetivos y metas a alcanzar; pidió cambios en los requisitos para ser fiscal, en el tiempo de duración del cargo (7 años), en la temporalidad de entrada en vigor del decreto, entre otras. Sus reservas no fueron aprobadas.

Como parte del orden del día de la reunión se radicó y acordó la metodología de análisis de la la iniciativa de Ley de Víctimas para el Estado de Guanajuato, formulada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política

La propuesta de metodología inicial consistió en remitir la iniciativa vía electrónica a las diputadas y a los diputados integrantes de la LXIV Legislatura, a la Coordinación General Jurídica de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Gobierno del Estado, a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior, a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, a la Procuraduría General de Justicia del Estado, al DIF Estatal y a los 46 ayuntamientos; quienes contarán con un término de 15 días hábiles, para remitir los comentarios y observaciones que estimen pertinentes.

Asimismo, se contempla habilitar una liga en la página de internet del Congreso del Estado para que la iniciativa pueda ser consultada y se puedan emitir observaciones. Con las observaciones recibidas, la secretaría técnica elaborará un documento comparativo que será analizado en mesas de trabajo de carácter permanente.

Sobre la metodología, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas propuso que, previo a las mesas técnicas de trabajo, se llevaran a cabo reuniones con quienes emitan observaciones a través de la página de internet, a fin de tener más acercamiento con la sociedad y conocer más a detalle sus opiniones. Su propuesta fue aprobada.

Por su parte, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá pidió que también se remitiera la iniciativa a la Secretaría de Seguridad Pública, al tener una actividad fundamental en los aspectos que aborda la propuesta. Su planteamiento fue aprobado.

En su oportunidad, la diputada Vanessa Sánchez Cordero pidió que realizara un foro con especialistas en el tema para escuchar sus opiniones y que el proyecto de dictamen las contemplara. Al respecto, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que en anteriores ocasiones se han hecho foros y que, muchas veces los temas que se abordan se alejan de lo legislativo y poco abonan en esos términos.

El diputado José Huerta Aboytes se pronunció a favor de la propuesta de realizar un foro ya que, dijo, no se podían hacer juicios a priori, sino que se tenía que trabajar en una buena logística para garantizar presencia y participación. La propuesta de Sánchez Cordero no fue aprobada.

Huerta Aboytes también propuso se agregara a las barras y colegios de abogados como entes consultados, su planteamiento fue avalado.

Finalmente, se instruyó la elaboración del dictamen en sentido negativo de la Minuta Proyecto de Decreto mediante la que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extinción de dominio. La diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó que el dictamen era en contra al considerar que se violaba la Soberanía del Estados, al eliminar su atribución de legislar en materia de extinción de dominio, función que era muy importante en el nuevo sistema estatal anticorrupción.