Guanajuato, Gto. La auditoría practicada al Sistema Integral de Aseo Público en León, cuyo costo fue de 2 mil 600 millones de pesos, y que se asignó durante la administración 2012-2015 tiene irregularidades que no deberán quedar sin castigo.

Así lo consideró el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con base en la información que arrojó el proceso de revisión del SIAP, donde se vislumbró que hubo opacidad en la asignación de dicho contrato.

Tras el hecho, la diputada Leticia Villegas Nava mencionó que “desde esta alta tribuna, quiero señalarle a la ciudadanía que no hay impunidad, este Congreso a través del su organismo técnico de auditoría, ha determinado las inconsistencias advertidas en el proceso de licitación y, ahora, corresponde a otras instancias municipales realizar los correspondientes procedimientos a fin de determinar la responsabilidades”.

La legisladora fue contundente y advirtió que “los diputados del PAN no solaparemos discrecionalidad u opacidad alguna, por ello, seremos observadores de las conclusiones que al respecto se tomen y vigilaremos, en todo momento, por la correcta aplicación del erario y patrimonio de los guanajuatenses”.

Habrá de recordarse que de la auditoría se desprenden anomalías en la licitación que derivarían en responsabilidades a quienes participaron en un proceso que contiene irregularidades en las bases de la licitación, ambigüedad en los criterios de evaluación de las ofertas, inconsistencias en el dictamen de la licitación y que no vigilaron el correcto uso del recurso público.

La diputada Leticia Villegas Nava enfatizó “no debemos olvidar que esta licitación le está costando y costará al municipio de León, aproximadamente 2,600 millones de pesos, que se pagarán durante 20 años, que es la vigencia del contrato”.

La auditoría desprende que los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente Sustentable, integrantes de la Comisión Técnica Especializada del Ayuntamiento, el Director General de Recursos Material y  Servicios Generales, el Director General del Medio Ambiente y el Director General del Sistema Integral de Aseo Público son presuntos responsables de este proceso y la Contraloría Municipal habrá de emitir las sanciones correspondientes.