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01:15h. Sábado, 16 de Diciembre de 2017

El Congreso de Guanajuato designa Fiscal Anticorrupción

Marco Antonio Medina Torres, el elegido

Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (1)
Diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (1)

Guanajuato, Gto. El Pleno del Congreso local aprobó el nombramiento de Marco Antonio Medina Torres como Fiscal Anticorrupción en Guanajuato; esto, con el voto en contra de los diputados del PRI y del PVEM.

Para la diputada Libia García, presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, “el dictamen ha sido cuestionado sin fundamento y se ha pretendido fijar posturas políticas que a la luz de la lógica, no tienen razón de ser, pero que son totalmente entendibles a la luz del interés partidista”.

Recordó que en la Comisión de Justicia – encabezada por el PRI -, se aprobó por unanimidad el dictamen que contenía la integración de la fiscalía especializada en combate a la corrupción, las atribuciones de esa fiscalía y los requisitos para ocupar el cargo de titular de la fiscalía; “ese fue un primer momento para haber puesto sobre la mesa de discusión, el hecho de que la aspiración de cualquier funcionario de la Procuraduría no era válida ni legítima en el marco de la autonomía, sin embargo no se señaló”, dijo.

Refirió que el 11 de septiembre, hace prácticamente 3 meses, se genera un acuerdo de la Junta de Gobierno y Coordinación Política a través del cual se emite la convocatoria para nombrar al titular de la Fiscalía Especializada, mismo que también fue aprobado por unanimidad y publicado con la firma de todos los integrantes de este Órgano de Gobierno; “dicha convocatoria contemplaba de manera clara el procedimiento a seguir para nombrar al Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Un segundo momento donde hubiese sido deseable se manifestaran con la enérgica postura que hoy vemos que asumen, en relación a este tema”.

“Luego, como Presidenta de las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, el 18 de octubre recibí el Oficio suscrito por Éctor Jaime Ramírez Barba, Rigoberto Paredes Villagómez, Beatriz Manrique Guevara, María Alejandra Torres Novoa, Alejandro Trejo Ávila y Eduardo Ramírez Granja, en el que se nos remiten los expedientes de forma física, de los postulantes registrados en dicha convocatoria, y concluyen su oficio con la solicitud de que se continúe con el desarrollo de las etapas de la convocatoria para nombrar al titular de la fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción”, añadió.

Libia García remarcó que “esa fue una tercera oportunidad para haber manifestado cualquier tipo de duda o inconformidad con el proceso de evaluación o incluso hubiese sido el momento más oportuno para haber solicitado se evaluara como más idónea a aquella persona que cumpliendo los requisitos no se encontrara laborando en la Procuraduría, no fue así pues el único criterio que hasta ese momento prevalecía en todos, era el de seleccionar, bajo los requisitos que nosotros mismos aprobamos, a los mejores perfiles”.

“Afirmo categóricamente que en ningún momento de la deliberación se cuestionó la legitimidad de quienes por méritos y capacidad propia están hoy propuestos para ocupar este cargo de Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, nunca se habló de descalificaciones o de dar mayor puntaje por estar dentro o fuera de la Procuraduría, salimos de esa reunión con una terna definida y consensada y solo con el compromiso de buscar los acuerdos necesarios para poder llegar a un nombramiento que pudiera salir por unanimidad como una muestra de que nuestras coincidencias seguían pesando más”, añadió.

La diputada Libia García enfatizó: “lo que vino después ha sido sorprendentemente, una serie de descalificaciones a un proceso, que como ya he dejado claro, fue validado por todos y que en ningún momento fue objetado o cuestionado; como Diputados no vale esgrimir argumentos falaces y asumir posturas radicales, cuando no fuimos capaces de realizar propuestas en los momentos que eran oportunos para incidir, para cambiar las cosas. No fue así y lo lamentamos profundamente, pero debemos asumir cada uno la responsabilidad que tenemos”, apuntó.

En este sentido, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dijo a los guanajuatenses “que pueden estar seguros y seguras de que se sigue construyendo un proyecto de estado, un proyecto de política pública; el proyecto de estado es la participación del ciudadano en el territorio y con todas las instituciones, el sistema nacional anticorrupción y el estatal es un sistema de instituciones. El sistema que lo estará presidiendo ciudadanos electos por otros ciudadanos, y el resto de los personajes fueron electos por este congreso”.

Felicitó a quienes votaron a favor y en contra del dictamen “porque así es la democracia, que se va sumando con base en las decisiones que cada legislador de cada distrito o aquellos que son de representación proporcional han establecido. Esta me parece una simple descalificación partidaria, política, que no tiene que ver con el Sistema Estatal Anticorrupción, desde la aprobación de la Ley de Transparencia por los Tres Poderes estamos dando la certeza para que cualquier acto de corrupción pueda ser denunciado”.

Por su parte, el diputado Juan Carlos Muñoz Márquez consideró que “en este caso, el término de ‘Fiscal Carnal’ no ha sido empleado de manera correcta por los diputados del PRI, pues su principal característica es el cinismo al no denunciar y solapar casos de corrupción cuando está en el ejercicio de su función cómo se pretendía por el PRI y el Verde en el ámbito nacional con el pase directo del entonces Procurador de la República”.