Guanajuato, Gto. El Pleno del Congreso exhorta a los 46 municipios de la entidad para que lleven a cabo una reingeniería administrativa que permita redireccionar recursos económicos para seguridad pública de sus municipios, pero sin afectar programas o acciones de prioridad y necesidad social.

De igual forma para que cumplan con los compromisos municipales en materia de seguridad pública, tomados durante la sesión ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado, el 21 de noviembre del año 2018, con el objetivo de fortalecer la coordinación y el actuar de las instancias encargadas de seguridad pública de los municipios e informen al Congreso local las acciones que lleven a cabo para cumplir con los objetivos del exhorto.

Al dar lectura a las consideraciones del documento, el diputado Héctor Hugo Varela Flores manifiesta que la seguridad pública es un servicio a cargo del poder público, mismo que a través de sus tres ámbitos de gobierno debe ser tendiente a proteger la integridad física de las y los ciudadanos, así como sus bienes.

Indica que el estado de Guanajuato lideró la violencia en el país con 947 homicidios dolosos en el primer trimestre de 2019, y que en el primer bimestre de 2019 se posicionó en el primer lugar a nivel nacional con el mayor número de agentes de corporaciones de seguridad pública que fueron asesinados, con un total de 11 casos.

Varela Flores subraya que los guanajuatenses estaban preocupados también por los robos y asaltos que vivían cerca de sus domicilios y que habían cambiado sus hábitos en la cotidianidad evitando llevar objetos de valor por temor a ser víctimas de la delincuencia.

Agregó que resultan alarmantes las cifras del semáforo delictivo que, en lugar de ir a la baja, mes a mes se mantienen o, en la mayoría de los casos, se incrementan. Asimismo, subraya que resulta indispensable la participación proactiva de las autoridades municipales de la entidad, ya que ese ámbito de gobierno tiene la mayor injerencia y recae en él, el primer acercamiento con la sociedad.

“No estamos incitando a los ayuntamientos a reorientar el gasto público que ya tienen programado para el logro de determinados fines, sino que se avoque a la realización de una reingeniería que conlleve una revisión funcional y, en su caso, el rediseño de procesos para alcanzar una mejora en materia de seguridad pública que les permita brindar tranquilidad y armonía a las y los ciudadanos de su entidad”, enfatizó Varela Flores.

Finalmente, manifiesta que, si bien era cierto que la seguridad pública dependía de la eficiencia y eficacia de las políticas federales y estatales, del funcionamiento del Poder Judicial, así como de las condiciones sociales, también resultan importantes las medidas y acciones por parte de los gobiernos municipales.

Para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Juan Antonio Acosta Cano subió a tribuna. Hizo referencia a la obligación que tienen el Estado y los ayuntamientos de celebrar convenios para la asignación de los recursos que les correspondan y que, para ello, los municipios deben contar con programa en materia de seguridad pública aprobado por su Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Asimismo, agrega que la Ley Orgánica Municipal también fue reformada para incluir a los programas municipales de Seguridad Pública y de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

“Hoy hacemos un respetuoso exhorto a los Ayuntamientos de Guanajuato para que en atención a sus atribuciones cumplan con esta primordial tarea. Guanajuato requiere que sus municipios estén a la altura de las expectativas y que todos cuenten con sus programas municipales de seguridad pública y de prevención social de la violencia y la delincuencia, aprobados y publicados”, enfatizó el congresista.