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06:01h. Sábado, 23 de Febrero de 2019

GPPAN presenta iniciativas sobre legítima defensa y salas de justicia penal para adolescentes

Además exhortan a que SEG aumente Escuelas de Tiempo Completo

Diputada Beatriz Hernández  Cruz
Diputada Beatriz Hernández Cruz

Guanajuato, Gto., a 28 de febrero de 2018.- A nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Libia García Muñoz Ledo presentó una iniciativa de reforma al Código Penal.

En su mensaje, la legisladora remarcó que el objetivo de la propuesta es que en los procesos penales exista una presunción legal de defensa legítima salvo prueba en contrario; “es necesario respaldar la actuación de la Procuraduría de Justicia y del Poder Judicial con una reforma que clarifique y amplíe las consideraciones de exclusión de delitos, a fin de dar tranquilidad a las víctimas de que tienen derecho a defenderse a ellas y a sus familias”, dijo.

Señaló que las modificaciones permitirán “consolidar el respeto de la legislación guanajuatense al derecho elemental de todo ser humano a defender su vida, su seguridad y la de otras personas que estén a su cuidado, respondiendo así a una muy importante demanda social, como parte de un esfuerzo integral para fortalecer la seguridad pública de nuestro estado”.

Finalmente, precisó que “será el Ministerio Público quien ostentará la carga de la prueba en los casos de legítima defensa, liberando a los ciudadanos de tener que demostrar que actuaron conforme a la ley, pues los casos que contempla la reforma, es de evidente justicia y sentido común que el Estado respalde con su fuerza y con la ley a la persona que actuó defendiendo su vida, su patrimonio, su seguridad y la de los demás”.  La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Luego, la diputada Beatriz Hernández Cruz hizo uso de la Tribuna para presentar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, a la Ley de Defensoría Penal y a la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En su mensaje, la legisladora señaló que la propuesta “busca establecer dentro del Supremo Tribunal de Justicia, cuando menos dos salas especializadas en materia de justicia penal para adolescentes; también se contempla que los elementos de las instituciones de seguridad pública que intervengan en la detención de alguna persona adolescente, deberán atender a las obligaciones que establezca la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y otros ordenamientos legales aplicables”.

Hernández Cruz apuntó que con la aprobación de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, quedó sin efectos la legislación local en materia de adolescentes al ser ahora de competencia federal; la legislación nacional plantea una profunda reforma de la manera en que se procesan los casos confiados al sistema, y ello vuelve necesaria una reforma a nivel local, de manera que las instituciones y las leyes de Guanajuato trabajen en armonía con las normas aplicables en todo el país”.

La iniciativa también fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.

Durante la Sesión de Pleno, se aprobó por unanimidad emitir un respetuoso exhorto a la Secretaría de Educación de Guanajuato para que incremente el número de planteles educativos de educación básica, inscritas en el programa federal “Escuelas de Tiempo Completo”.

La diputada Leticia Villegas Nava, remarcó que se pretende “la jornada escolar para ampliar las oportunidades de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes, a efecto de mejorar los resultados educativos y propiciar el logro de aprendizaje mediante una estrategia pedagógica de calidad en la educación de la entidad”.

“Como todos los recursos valiosos, el tiempo es escaso, y cuando no lo utilizamos de la manera correcta siempre concluimos en que se requiere más y se logra menos. Para aprovechar al máximo este recurso, el Programa Escuelas de Tiempo Completo es una oportunidad para que el aprendizaje sea gestionado con flexibilidad, de acuerdo con los métodos y estrategias pedagógicas del docente para atender las necesidades particulares de sus alumnos”, apuntó.

Por otra parte, el Pleno del Congreso local aprobó reformas a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato; esto, a fin de obligar a los poderes públicos, ayuntamientos y órganos autónomos a promover la utilización de un lenguaje con perspectiva de género entre los servidores públicos y en el trato que brinden a la ciudadanía.

El diputado Jesús Oviedo Herrera remarcó que “con estas reformas se vigila el contenido de la publicidad gubernamental o institucional a través de la cual se difundan campañas a que se refiere la presente Ley, esto para evitar los estereotipos establecidos en función del sexo de las personas, además de diseñar y aplicar campañas de concientización, así como programas de desarrollo de acuerdo a la región, en las materias que esta Ley les confiere”. 

El legislador refirió que la propuesta obliga a las personas físicas a contribuir y propiciar el reparto equilibrado de responsabilidades familiares, reconociendo a las madres y a los padres biológicos y por adopción, el derecho a un permiso y a una prestación por maternidad o paternidad, y establece que el Sistema para la Igualdad promoverá que los medios de comunicación difundan una imagen igualitaria plural y no estereotipada de mujeres y hombres en la sociedad, así como el fomento del conocimiento y la difusión del principio de igualdad entre hombres y mujeres y evitar la utilización sexista del lenguaje.

“Sin duda, las mujeres representan el cambio transformador que Guanajuato y México necesitan. Con estas modificaciones buscamos que existan condiciones favorables para la inclusión de las mujeres en los espacios laborales”, concluyó el legislador.

El Pleno del Congreso del Estado también aprobó la reforma constitucional que establece que los conflictos entre trabajadores y patrones se resuelvan en los tribunales laborales del Poder Judicial.

En su mensaje en Tribuna para hablar a favor del dictamen, el diputado Guillermo Aguirre Fonseca enfatizó en que “con esta modificación se permite eliminar la figura de las juntas de conciliación y reemplazarlas con tribunales laborales, que ofrezcan a las partes en conflicto la misma certeza técnica, jurídica e institucional de otros ámbitos procesales”.

“Con este cambio nos integramos plenamente en el consenso internacional, que desde finales de los años 40’s ya apuntaba, por medio de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, a un modelo de tribunales en materia laboral, que cuenten con permanencia y con independencia”, dijo.

Cabe señalar que mediante esta reforma, se faculta al Consejo del Poder Judicial a conocer en los juicios civiles, penales y laborales de las instancias y recursos que sean de su competencia, y se agrega un párrafo que especifica que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; y que la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de tribunales laborales del Poder Judicial. Asimismo se deberán observar los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia en las sentencias y resoluciones pronunciadas por los tribunales del Estado.