La legisladora consideró un exceso la sanción penal para quien preste u ofrezca el servicio público de transporte en la modalidad de alquiler sin ruta fija «Taxi» o el servicio de transporte especial ejecutivo, sin contar con la concesión o el permiso expedido por la autoridad competente en tanto que, dijo, el derecho penal debe ser el último recurso para sancionar una conducta.

 “Al tratarse del ofrecimiento de un servicio que no tiene en sí mismo conducta sancionable alguna, como lo es el traslado de personas o cosas, entonces no debe sancionarse por vía de la criminalización a aquellos que no hayan realizado un trámite administrativo para ofrecer el servicio”, subrayó Manrique Guevara.

La congresista indicó que de dejar el Código Penal en los términos actuales, también habría que sancionar de la misma manera a los establecimientos que ofrezcan alimentos, bebidas, servicios, entre otros sin contar con la autorización o permiso administrativo correspondiente. Lo anterior, abundó, para tratar igualitariamente a las personas y se provocaría un mayor daño en relación a los beneficios que pudiere ofrecer la tipificación ya existente.

“Esta Legislatura, en serio sentido de autocrítica y buscando fortalecer la labor legislativa, modificó la ley para que las leyes sean revisadas de manera periódica, y en ese mismo espíritu es que ponemos a consideración de esta Asamblea un proyecto que dé certeza a los prestadores de servicio, confianza a los clientes, un marco regulatorio que se encuentre dentro del rango de punibilidad y al final una mejora a una ley que refleja el gran sentido de desarrollo que tiene el estado”, enfatizó Manrique Guevara.

La iniciativa fue remitida a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.