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Guanajuato, séptimo lugar en población jornalera indígena

Buscará congreso un diagnóstico de estos trabajadores en el estado
Guanajuato, séptimo lugar en población jornalera indígena

Guanajuato, Gto. Diputadas integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sostuvieron una reunión con representantes del Centro de Desarrollo Indígena A.C. y de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas para conocer la situación que enfrentan los jornaleros agrícolas migrantes indígenas.

Giovanna Battaglia Velázquez, directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola indicó que a las familias migrantes se les violan todos sus derechos y que venían a presentar un diagnóstico de la problemática en el Estado de Guanajuato, la perspectiva nacional y plantear algunas peticiones.

Fabiola Hernández Hernández, coordinadora del programa de acompañamiento a familias indígenas jornaleras agrícolas migrantes, manifestó que Guanajuato era el séptimo lugar a nivel nacional de población jornalera, sin embargo, no se contaba con un censo estatal que desagregará la cantidad de mujeres y menores de edad.

Asimismo, precisó que los municipios receptores de mano de obra jornalera agrícola eran Romita, León, San Francisco del Rincón, Manuel Doblado, Silao, Irapuato, Purísima y San Miguel de Allende, cuyos jornaleros pertenecían al pueblo Na´savi (mixteco) provenientes de la montaña de Guerrero, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Atlixtac, Tlalixtaquilla, entre otros, y que se dedicaban principalmente a cortar hortalizas y su llegada era de abril a agosto.

También dijo que a estas personas se les violaban el derecho a la identidad, porque era común que no contaran con papeles oficiales; el derecho a la vivienda digna, porque vivían en bodegas, hacinados; el derecho a la salud, porque  su nivel de salud era precaria por la pobreza endémica; el derecho a la educación, porque debido a los ciclos migratorios de las familias los menores interrumpen su educación básica; el derecho al trabajo,  porque no se cumplía lo establecido en la ley, sino que trabajan fuera de ésta; que sufrían de discriminación y que los más pequeños padecían enfermedades como la desnutrición crónica, parasitosis, entre otras.

Además, se habló del caso que se presentó de violación a los derechos humanos de los jornaleros por una empresa agrícola en Dolores Hidalgo.

Por su parte, María Mayela Blanco Ramírez, de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, habló de violaciones a los derechos humanos que sufre el sector, el origen de su organización, la falta de datos desagregados en la entidad y que Guanajuato superaba la media nacional en el número de jornaleros.

La activista externó la preocupación ante la desaparición, por parte del Gobierno Federal, del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), y afirmó que las condiciones de desigualdad de género, clase y etnia contribuían a normalizar las violencias y violaciones a sus derechos humanos, destacando las ocurridas en el plano social y laboral.

Las asistentes solicitaron apoyo para revisar los diversos ordenamientos legales que inciden en el sector jornalero agrícola migrante, impulsar ante las instituciones competentes un diagnóstico de la población jornalera indígena en Guanajuato, con datos desagregados, un censo de población indígena y un padrón de agricultores con tipos de cultivo.

Por su parte, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla habló de los programas con los que cuenta Guanajuato para la atención de los menores jornaleros y el presupuesto que se tiene designado para el sector, el cual, dijo, se opera a través del DIF. También, señaló que en el Congreso del Estado se encuentra en análisis una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica Municipal para que los municipios cuentes con su propia figura de protección a niños, niñas y adolescentes que deberá coordinarse con la estatal.

En su intervención, la legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo agradeció en primer instancia la participación y el trabajo de esas organizaciones, y enfatizó que el Estado Mexicano tenía una deuda con sus comunidades indígenas.

García Muñoz Ledo subrayó que el reto era mayor y que la entidad había hecho esfuerzos por trabajar en ese tema desde el DIF y la Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, apuntó que el reto era entender desde su realidad cómo vivían y entonces, poder plantear los programas y mecanismos para que sus derechos sean respetados y se les generen las condiciones para seguir su estilo de vida, pero con pleno respeto a sus derechos.

La congresista Laura Cristina Márquez Alcalá consideró como lamentables las causas que hacían que las personas tuvieran que emigrar, y subrayó que ese debería ser el primer tema para atender. Asimismo, agregó que se tenía que trabajar en la vinculación y la coordinación interinstitucional para buscar mejores condiciones de vida para esas personas.

Márquez Alcalá también habló de la reciente reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato para garantizar el derecho a la identidad, en la que se establece que la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes deberá realizar las acciones para que el Oficial del Registro Civil emita un acta de nacimiento correspondiente, cuando ésta detecte la falta de registro del nacimiento de una niña, niño y adolescente o en ausencia de documentación para acreditar su identidad.

Finalmente, se pronunció por generar acciones con otras instancias para estar enterados de primera mano y ver que les correspondía desde el fortalecimiento institucional y el tema presupuestario.

La diputada Claudia Silva Campos agradeció la exposición y dijo que les permitía empaparse de la problemática que había en el sector, y señaló que revisarían a profundidad el informe recibido para mantener un contacto y poder seguir tratando el tema.