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Ratifica el Congreso al Auditor Superior de Guanajuato

Desempeñará el cargo durante otros siete años 
Ratifica el Congreso al Auditor Superior de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato. En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso ratificó a Javier Pérez Salazar, como Auditor Superior del Estado de Guanajuato, por un periodo de 7 años contados a partir del 20 de diciembre del 2020.

Al hablar en contra de la propuesta de ratificación, la diputada María Magdalena Rosales Cruz cuestionó la premura con la que se busca ratificar en el cargo al actual Auditor, Javier Pérez Salazar.

En este sentido, señaló que la permanencia de una persona en el cargo por un periodo prolongado de tiempo, podría generar circunstancias y resultados negativos en el proceso de fiscalización. También, consideró que existen pocos resultados en el trabajo que ha realizado el actual Auditor Superior del Estado.

“Lo mencionado en esta tribuna es solo una parte de las deficiencias que todos hemos presenciado a lo largo de 7 años que hoy se busca extender a 14; sin embargo, en Morena consideramos que la actividad de fiscalización en el estado de Guanajuato es más importante que las aspiraciones personales o de individuos, de grupos que hasta el momento han sostenido el poder en todo Guanajuato, por eso es obligación del Poder Legislativo evitar riesgos innecesarios, garantizando que la fiscalización se lleve a cabo con perfiles profesionales y capacitados al frente, sin permitir que se formen élites tecnocráticas que se asienten en la institución por los periodos innecesariamente largos en los que permanecen” dijo.

En rectificación de hechos, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos apuntó que los señalamientos de su homóloga eran subjetivos y que el Auditor cumplía con los requisitos legales y no existía ningún otro que impidiera su reelección, además de que ha demostrado su aptitud técnica para las exigencias del cargo.

Agregó que hasta el momento ha cumplido cabalmente con cada requerimiento y entregado los informes de resultados en tiempo y forma. Asimismo, enlistó los resultados que ha obtenido a nivel nacional la ASEG.

Por su parte, la diputada María Magdalena Rosales Cruz pidió que se revisen los resultados de las auditorias que ha realizado la Auditoría Superior de la Federación en los años 2018, 2019 y 2020, los cuales son analizados minuciosamente, situación que dijo, no se aplica en Guanajuato.

En rectificación de hechos, el diputado Raúl Márquez Albo pidió que no se cuestione el sentido de la votación que emiten las legisladoras y los legisladores, pues eso incurre en una violación grave a la legislación.

En una segunda intervención, la diputada Alejandra Gutiérrez Campos comentó que las auditorías se realizan con objetividad y precisó que los datos de las votaciones que indicó no representan una violación a la ley.

Por otra parte, la Asamblea designó a Mariela Guadalupe Vázquez Moreno, Luz Graciela Rodríguez Martínez, Alicia Domínguez Bravo, Norma Alicia Quintero Tejada, Gerardo Flores Rivera, Ignacio Arcelus de Diego, Francisco Miguel Mora Sifuentes, José de Jesús Ortega de la Peña y Armando Sojo Arroyo como integrantes de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, por el término de tres años, que se contarán a partir del momento en que rindan la protesta al cargo.

En otro punto del orden del día, se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, las iniciativas de leyes de ingresos de los municipios de Atarjea, Jaral del Progreso, León, Moroleón y Santa Cruz de Juventino Rosas, para el ejercicio fiscal del año 2021.

Además, se archivó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato que pretendía tipificar la pederastia como delito.

Al hablar en contra del dictamen, la diputada Ma. Carmen Vaca González expuso que la necesidad de contar en la legislación local con la tipificación del delito de pederastia, ya que de no ser así, se corre el riesgo de dejar en libertad a quien cometa dicho delito. Asimismo, cuestionó el trabajo que se realizó en el análisis de la iniciativa mencionada, pues traería importantes beneficios para los menores.

En rectificación de hechos, la diputada Cristina Márquez Alcalá señaló que la protección de los derechos y del interés superior del menor es un tema que atañe a todos; sin embargo, precisó que la iniciativa presentada por su homóloga tiene inconsistencias legislativas y abre espacios para la vulneración de los derechos de los menores, por ello no resultó procedente. De igual forma, aseguró que en Guanajuato se garantiza la protección de los menores.

Finalmente, se aprobaron las auditorías de desempeño practicadas a la administración municipal de Huanímaro; y a las administraciones municipales de Ocampo, Dolores Hidalgo C.I.N., Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino Rosas y Apaseo el Alto, con enfoque de consistencia y resultados a diversos programas, todos por el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal del año 2019.

También, se declaró revisada la cuenta pública del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2019.

En el apartado de asuntos generales, las diputadas y los diputados hicieron uso de la voz para abordar diversos temas.

La diputada María Magdalena Rosales Cruz habló sobre la situación de violencia e inseguridad que se vive en Guanajuato, en específico del asesinato del reportero, Israel Vázquez Rangel en Salamanca y la desaparición del reportero Víctor Manuel Jiménez Campos en Celaya.

Señaló que la violencia se ha manifestado de formas diversas y la ciudadanía sufre afectación en su patrimonio, integridad física, emociones y cotidianidad, ya no tenemos paz en nuestro entorno.

“El asesinato de un periodista, la desaparición de otros en diferentes municipios de Guanajuato, son hechos funestos, dolorosos, crueles y reprobables, pero además representan un atentado a todas y todos los que vivimos en este, nuestro Estado, porque implican también un atentado a nuestro derecho  a ser informados por quienes han elegido esta profesión, que hoy día se ha convertido en una de las más peligrosas por estar sujetos a la violencia que ya desde muchos años atrás impera en Guanajuato”, comentó.

La diputada, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena condenó enérgicamente el asesinato de Israel Vazquez y la desaparición de Víctor Manuel, por lo que exigió una investigación minuciosa, científica, profesional que llegue a encontrar a los culpables de dichos delitos y que se finquen responsabilidades a quienes por acción u omisión resulten responsables.

“Las condiciones para ejercer la libertad de expresión en México se han deteriorado en los últimos años, pues el gremio periodístico se enfrenta a riesgos constantes derivados de la cantidad de homicidios, amenazas, acciones de acoso e intimidación por parte de las autoridades encargadas de la prevención, reacción, procuración e impartición de la justicia. Una de las condiciones que más ha afectado el trabajo de los comunicadores es la ola creciente de violencia y control territorial por parte de los diferentes grupos de la delincuencia organizada que operan en Guanajuato, lo cual ha representado riesgos para la cobertura de noticias”, acentuó.

Al concluir, la legisladora señaló que de acuerdo con el “Informe Libertad de Expresión en México 2020” realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia, además del tráfico de drogas, la incursión de la delincuencia organizada al robo de combustible en Guanajuato representó una nueva área de riesgo para reporteros y periodistas, riesgos, que no estaban considerados en la actividad diaria de personas que se dedican a informar a la ciudadanía.

También la legisladora Celeste Gómez Fragoso se refirió a la muerte del periodista, sobre quien, dijo, trágicamente silenciaron su voz.

Manifestó que era inédito y condenable lo ocurrido, y recordó la obligación del Estado de garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz. Asimismo, mencionó que con Israel iban seis periodistas asesinados en la entidad en lo que iba del año.

La legisladora enfatizó en que solidarizaban con la sociedad civil y sus compañeros en la exigencia de esclarecer el hecho, para dar certeza y seguridad a cada uno de los ciudadanos de Salamanca y de los periodistas que ponen en riesgo su vida en el desempeño de su labor.

Subrayó que el periodismo cumplía con una función y era obligación de todos proteger a todo el gremio porque era quien informaba a la población del acontecer diario.

Enfatizó que eran malos tiempos cuando se consideraba que la prensa libre era una amenaza y que quienes están obligados a brindar protección no lo hacían, que el hecho mostraba la inoperancia de los tres órdenes de gobierno y que además ponía en la mira a Guanajuato a nivel nacional e internacional.

Finalmente cuestionó donde quedaba la ley que protegía al gremio, porque parecían indefensos y letra muerta el texto normativo, y que todo jugaba en contra de la paz y la seguridad social de Salamanca e hizo un llamado a las autoridades para que protejan la integridad de los periodistas y se cumpla cabalmente la ley.

Por su parte, la diputada Martha Isabel Delgado Zárate hizo referencia a las acciones que ha realizado el gobierno estatal para reactivar la economía que se ha visto afectada por la contingencia sanitaria por COVID-19.

En este sentido, destacó los proyectos de obra pública que se han implementado en los últimos meses, en específico los realizados en la capital del Estado.

“En Guanajuato, en la lucha contra la adversidad sanitaria y económica, se han emprendido una serie de acciones para contrarrestar los efectos negativos; una de ellas es la potencialización en la inversión en obra pública. Al respecto, no pasa desapercibido la solicitud oportuna de autorización a este Congreso del Estado para la contratación de deuda pública, en donde el elemento central es la inversión público productiva que, entre otros rubros, se verá reflejada en el desarrollo de infraestructura”, dijo.

La legisladora recordó que en fechas pasadas el Gobernador del Estado dio cuenta del “Plan Estatal de Obra Pública 2020 para la Reactivación de Guanajuato”, del que se desprenden acciones para los 46 municipios del Estado, por una inversión superior a los 6 mil 500 millones de pesos, monto que dijo, han sido asignado a guanajuatenses y se pulverizaron a efecto de beneficiar al mayor número de constructores locales.

“Así pues, en estos tiempos tan complicados donde todos nos hemos visto afectados, se requieren alternativas efectivas para generar ingresos que permitan llevar el pan a la mesa y por ello, en el Estado de Guanajuato apostamos por generar Obra Pública. Su desarrollo debe seguir aprovechando la reactivación económica que poco a poco se está dando”, agregó.

Por su parte, el diputado Jaime Hernández Centeno hizo un llamado a la ciudadanía para que use el cubrebocas y atienda las medidas sanitarias que han emitido las autoridades, lo anterior con la finalidad de disminuir los contagios por COVID-19.

Recordó que debido al incremento de contagios y decesos por dicho virus, Guanajuato pasó de amarillo a naranja en el Semáforo Epidemiológico.

“Es necesario que todos tomemos conciencia y hagamos lo propio. Usar el cubrebocas contribuye a disminuir los contagios, así como el lavado frecuente de manos, la sana distancia y sólo realizar fuera de casa las actividades esenciales”, acentuó.

Comentó que de acuerdo con el Secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, el objetivo es revertir la tendencia al alza de la pandemia en los 46 municipios, con la participación responsable de autoridades, ciudadanía y empresas, ya que está el riesgo de retroceder al semáforo rojo.

Finalmente, el legislador hizo un reconocimiento al gremio médico de Guanajuato, al Secretario de Salud, a los médicos, al personal de enfermería y a todos los que laboran en las distintas instituciones de salud, por el trabajo arduo que realizan en la atención de pacientes con COVID-19.