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Presenta el GPPAN iniciativa para crear sistema estatal anticorrupción

Presenta el GPPAN iniciativa para crear sistema estatal anticorrupción

Guanajuato, Gto. Este día, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional presentó a la Asamblea, una iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, en materia de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Al leer la exposición de motivos, el diputado Ricardo Torres Origel aseguró que con estas reformas en materia de combate a la corrupción, se determinará un sistema estatal certero, que vendrá a fortalecer los controles tanto internos como externos de las gestiones, con un esquema de coordinación entre las autoridades.

El legislador explicó que la iniciativa busca establecer un camino claro en el estado para fortalecer y generar un impacto social más contundente de la transparencia, la fiscalización y la rendición de cuentas, como premisas básicas de todo Estado de Derecho Moderno Democrático.

Precisó que las acciones emprendidas por el Estado para prevenir y sancionar la corrupción, no se llevarán a cabo de forma aislada o fragmentada, sino como un sistema integral articulado para prevenir y sancionar las responsabilidades administrativas y los hechos de corrupción, sea que éstas deriven del ejercicio indebido de los recursos públicos o bien, del incumplimiento de responsabilidades públicas que no se vinculan necesariamente con la hacienda pública.

“Las diputadas y los diputados que nos suscribimos como iniciantes, consideramos que el ataque frontal a la impunidad, a la corrupción, así como la promoción de la ejemplaridad pública en el ejercicio del poder, son las premisas fundamentales en las que se inscribe la presente iniciativa que, como hemos destacado, busca dar respuesta a una de las exigencias más persistentes de la sociedad civil organizada: eliminar la corrupción en todos los niveles”, manifestó.

En la iniciativa se da cuenta de que el Sistema Estatal Anticorrupción será la instancia de coordinación entre las autoridades del orden de gobierno estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos.

El Sistema contaría con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares del Órgano de Fiscalización Superior; de la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción; de la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno; un representante de los órganos internos de control de cada región; por el Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el Presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública; así como por un representante del Consejo del Poder Judicial y dos del Comité de Participación Ciudadana.

Se propone que el Comité de Participación Ciudadana del Sistema se integre por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley.

De tal forma, correspondería al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la ley las siguientes atribuciones:

El establecimiento de mecanismos de coordinación;

El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno;

El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;

La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.

La iniciativa propone aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Dichas sanciones consistirían en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano de Fiscalización Superior y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

Los entes públicos estatales y municipales, contarán con órganos internos de control, que tendrán, en su ámbito de competencia, las facultades que determine la Ley para prevenir, corregir e investigar actos y omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; así como para sancionar aquellas distintas a las que son competencia de Tribunal de Justicia Administrativa; así también para revisar los ingresos, egresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos.

El Órgano de Fiscalización Superior, la Secretaría del Ejecutivo responsable del control interno y los órganos internos de control en el ámbito municipal podrán recurrir las determinaciones de la Agencia Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa.

Finalmente se especifica en un artículo transitorio que la Legislatura del Estado, deberá, expedir las leyes y realizar las adecuaciones normativas, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor de las leyes generales a que se refiere la reforma constitucional federal en materia de combate a la corrupción.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.