Guanajuato, Gto.- Esta tarde, la fracción parlamentaria del PAN propuso una iniciativa Ley para regula el Funcionamiento y Operación de los Establecimientos Dedicados a la Compraventa de Vehículos en Desuso o para su Desmantelación, o Autopartes de estos, y los Establecimientos en donde se Comercializa, Adquiere, Recicla o Acopian Materiales Metálicos.

Al dar lectura a la exposición de motivos, el diputado Alfonso Ruiz Chico señaló que de acuerdo con datos proporcionados por la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo Vehicular (ANERPEV), el robo de automóviles es el segundo delito más rentable para la delincuencia organizada tan solo detrás del narcotráfico, generando ganancias por más de 11 mil millones de dólares.

“Los autos robados dejan ganancias millonarias al ser desmantelados y vendidas sus partes en los establecimientos coloquialmente llamados yonkes o deshuesaderos, que operan incluso en forma clandestina, proliferando en una situación no regulada por la autoridad, convirtiéndose en auténticos centros de acopio de contrabando de autos robados”, dijo.

Por lo cual, puntualizó que la propuesta legal propone que quienes busquen dedicarse a ese tipo de actividades deberán obtener el permiso correspondiente del Ejecutivo del Estado, el cual tendría una vigencia de tres años y deberá ser refrendado cada año.

“Quienes manejen este tipo de establecimientos deberán cerciorarse de la legítima procedencia de los vehículos usados que adquieran, o de las autopartes de éstos, en concordancia con lo que dispone actualmente la legislación penal en la materia. Con ello, buscamos fortalecer desde la ley las acciones tendientes a evitar que este tipo de negociaciones sean utilizadas para la compraventa de vehículos y autopartes usadas de procedencia legal”, explicó.

De igual forma, el diputado Ruíz Chico mencionó que el robo de metales es otro problema que se presenta, ya que dicho delito se comete en casas habitación, negocios, bienes del dominio público ya sean federales, estatales y municipales, y edificios públicos.

“El nivel de afectación varía. La empresa más afectada es la Comisión Federal de Electricidad, que sufre pérdidas millonarias por robos a sus instalaciones; las escuelas, que en sus periodos vacacionales quedan a merced del saqueo del cableado; el sector de las constructoras de viviendas no es ajeno a ello; el sector agrícola también se ve afectado, con el robo de maquinaria agrícola, bombas de agua, arrancadores, transformadores o cualquier otro tipo de aditamentos destinados al riego de cultivos agrícolas”, indicó.

Finalmente, el legislador precisó que las sanciones a las que se harían acreedores los establecimientos por las infracciones cometidas, irán desde la imposición de una multa económica de hasta por la cantidad equivalente a cinco mil veces el salario mínimo, así como en su caso, la revocación del permiso para funcionar, con independencia de las responsabilidades civiles o penales que se pudieran haber generado por la realización de conductas ilícitas en los términos de la legislación correspondiente. 

Cabe señalar que la iniciativa de Ley fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.