Guanajuato, Gto.- La fracción parlamentaria del PAN propuso una reforma a la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público en el Estado de Guanajuato, a fin de que previo al inicio de los procedimientos de contratación, las dependencias o entidades estatales realicen una investigación de mercado sobre el bien, arrendamiento o servicio que se vaya a contratar.

Al leer la exposición de motivos, el legislador Juan Rendón López explicó que las  dependencias y entidades, atendiendo a la complejidad o especialización de los bienes o servicios, podrán contratar servicios de asesoría técnica para la realización de la investigación de mercado, para lo cual la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas tendrá el control y vigilancia de los contratos.

En este sentido, el legislador comentó que la manera en cómo los gobiernos estatales ejercen sus compras es un tema de interés para los ciudadanos, tanto en la forma en la que apoyan a los proveedores regionales o nacionales como la transparencia con la que se ejerce el recurso.

Por tal motivo, consideró que es indispensable contratar a precios de mercado para que los sujetos de esta Ley (los tres poderes del estado y los organismos autónomos), efectúen la investigación de mercado sustentada en la información proveniente de fuentes confiables y serias.

“Esta investigación ayudará a que se reúnan todos los elementos que permitan tomar las decisiones sobre el mejor procedimiento en el momento que busque adquirir un bien o servicio para el propio estado y para los usuarios finales que son la ciudadanía”, explicó.

Refirió que la propuesta legal también contempla la creación de la figura del testigo social, el cual será un nuevo mecanismo para el fortalecimiento de la participación ciudadana, ya que se involucra a todas las formas de contratación pública relevantes.

Mencionó que el testigo social deberá cumplir con algunos requisitos como: no haber sido sancionado como servidor público, y haber dejado de serlo durante al menos  cinco años  previo a la fecha en que se presente su solicitud para ser acreditado, entre otros.

Rendón López señaló que también se contemplan las llamadas compras verdes, por lo cual se adiciona la obligación del uso sustentable de los recursos naturales para la protección y preservación del medio ambiente.

“Esto es con el propósito que en nuestro estado se adquieran productos y servicios amigables con el medio ambiente, situación que debe ser tomada en cuenta en una entidad cuyos problemas ambientales implican una prioridad para cualquier gobierno”, finalizó.

La iniciativa de reforma fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.