Guanajuato, Gto.  Las diputadas que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables sostuvieron una reunión con el Procurador de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), José Raúl Montero de Alba, a fin de profundizar sobre los resultados del informe en la materia.

Como parte de la mecánica de trabajo, las diputadas realizaron diversos cuestionamientos. La primera en intervenir fue la congresista Vanessa Sánchez Cordero, quien cuestionó sobre si existía alguna limitación presupuestal para mejorar la atención en derechos humanos, cuáles eran las necesidades que se pudieran ir resolviendo a corto, mediano y largo plazo, a fin de que la Procuraduría cuente con mayores herramientas y dar resoluciones a las quejas en tiempos más cortos.

De igual manera, indagó sobre el seguimiento que dan, en coordinación con la Secretaría de Salud, al tema de las adicciones y si había denuncias por violaciones a derechos humanos en ese rubro y contra qué autoridades.

La diputada Laura Cristina Márquez Alcalá manifestó que dentro del informe encontró que realmente se está trabajando en velar porque los derechos humanos sean respetados, protegidos y promovidos, y reconoció los avances logrados en la entidad. En ese sentido, preguntó sobre las prioridades que visualizan en la materia para los próximos años y cómo se estarían atendiendo.

Por su parte, la legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo señaló que en materia de niñas, niños y adolescentes se informaba sobre la creación de un área especializada para su atención, y que se había generado un vínculo con otras dependencias y organizaciones de la sociedad civil, a fin de trabajar en una agenda común para erradicar la violencia y violación derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, y en ese sentido, cuestionó sobre el avance y como se ha trabajado.

También, apuntó que existía una disminución importante en las quejas que se presentaban contra instituciones de seguridad pública, y al respecto preguntó si era porque realmente había menos violación de derechos humanos o por falta de denuncia.

En su intervención, la diputada Katya Cristina Soto Escamilla destacó el compromiso mostrado en favor de la familia y celebró las acciones que se han implementado en ese sentido. En su oportunidad, la congresista Ma. Guadalupe Josefina Salas Bustamante cuestionó sobre la cifra de niños guanajuatenses que hayan tenido conocimiento fueran separados de sus padres y familiares, así como los planes de acción para resolverlo.

Además, indagó sobre cuántas quejas han recibido de las víctimas de delitos de alto impacto y el sentido de la respuesta; así como los mecanismos implementados para que los derechos de las personas adultas mayores no se sigan vulnerando.

Finalmente, la legisladora Claudia Silva Campos preguntó qué aspectos deberían modificarse o reformarse para fortalecer la autonomía de la Procuraduría, si existía un diagnóstico respecto al trabajo de los organismos gubernamentales para la atención de las personas LGTBII presentes en la entidad y que se requería robustecer.

En respuesta, el procurador indicó que el tema presupuestal no era una limitante para realizar el trabajo, y que el recurso con el que cuentan se cuida para hacer más con menos; propuso se firmará un convenio de colaboración con el Poder Legislativo para hacer un análisis del marco normativo y revisar posibles reformas, a fin de fortalecerlo y atender las necesidades con mayor claridad de lo que se requiere.

Agregó que en el área de salud ofrecen un catálogo de capacitaciones en diversos temas como la violencia obstétrica, de género, entre otros. En cuanto al tema de migrantes, hizo referencia al trabajo previo que se hizo a su llegada y dijo que se brindaron 166 asesorías, de los que derivaron 21 expedientes de queja.

Asimismo, indicó que en lo que respecta a seguridad pública se abrieron 211 expedientes y se hicieron 72 recomendaciones, 69 aceptadas; mientras que en lo correspondientes a la comunidad LGTBII no había expediente aperturados.