Guanajuato, Gto. Con el objetivo de reducir en 50% el financiamiento público ordinario a los partidos políticos, las diputadas Arcelia María González González y María Guadalupe Velázquez Díaz, integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato.

Durante la exposición de motivos, la diputada Arcelia González González explicó que a la reducción del monto otorgado a los partidos políticos se incluye la consecuente repercusión en el financiamiento correspondiente a gastos de campaña electoral y por actividades específicas.

Asimismo, destacó que el beneficio económico de la propuesta, en términos redondos en favor de los recursos públicos, se traduce para el ejercicio fiscal del 2018 en 80 millones de pesos del presupuesto estatal, en 64 millones de pesos para cada uno de los ejercicios no electorales del 2019 y 2020, y para el 2021 (año de elecciones intermedias) de 70 millones 400 mil pesos del presupuesto de la entidad.

Recordó que durante 2016 se destinaron más de 232 millones de dólares al financiamiento público de los partidos políticos, sin considerar los minutos gratuitos que reciben en cada emisora de radio y canal de televisión al día y durante las precampañas y campañas electorales.

La legisladora consideró que en sociedades en desarrollo, con niveles de pobreza, crisis o incertidumbre económica, no se puede esperar que los ciudadanos contribuyan al sostenimiento de los partidos políticos, principalmente si los mismos se encuentran en preponderante índice de desprestigio ante la ciudadanía, ya que el financiamiento público se percibe trastocado en sus fines o desvirtuado en sus propósitos, lo cual incrementa la distancia entre las élites políticas y los ciudadanos o electores.

“En esta tarea, como legisladores a cargo de la representación popular no podemos actuar sin alta responsabilidad política. A los congresos se les acusa de ser una extensión para que los partidos políticos tomen las decisiones para recibir recursos y se corre el riesgo de que los partidos políticos se conviertan más en órganos del Estado que en parte de la sociedad civil, perdiendo sus vínculos con la misma”, subrayó.

Finalmente, comentó que dicha iniciativa fue elaborada en aras de una equilibrada responsabilidad política entre un deseable fortalecimiento del sistema de partidos y la sensible representación ciudadana.

La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales para su estudio y dictamen.