Guanajuato, Gto. “Las diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso local, estamos convencidos de que se debe sancionar a quienes se han enriquecido a costa de propiciar, inducir, permitir y engañar a familias en situación vulnerable para ocupar irregularmente áreas urbanizadas o terrenos que, por el contrario, son consideradas como no urbanizables, condenando a sus habitantes a permanecer en un espacio donde no podrán tener acceso a los servicios públicos básicos que les permitan tener una buena calidad de vida”, dijo al hacer uso de la Tribuna el diputado Juan Gabriel Villafaña Covarrubias. 

El legislador presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato, “a fin de que no permanezcan sin castigo quienes son capaces de dañar de esa forma a sus víctimas; sin duda, merecen no sólo un apercibimiento, no sólo un regaño o una multa, sino una pena de prisión”, remarcó.

Villafaña Covarrubias precisó que la iniciativa busca reformar el artículo 262 del Código Penal del Estado de Guanajuato, “para que contemple como motivo de sanción el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, armonizando de este modo la redacción del citado artículo con la definición de asentamiento humano que se plantea en la fracción IV del artículo tercero de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”.

“Así mismo, pretendemos añadir dos nuevos artículos, en los cuales se castigue con una pena de tres a nueve años de prisión y de cien a mil días multa a quien propicie, induzca, permita o se beneficie de la ocupación irregular de áreas urbanizadas y las que se consideren no urbanizables en los centros de población, además de incluir una pena de cinco a diez años de prisión y de cien a mil días multa para sancionar a quienes autoricen la ejecución de construcciones susceptibles de ser ocupadas por personas que se ubiquen en zonas de riesgo”, abundó.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.