Guanajuato, Gto. En sesión ordinaria, la Asamblea recibió la terna para la designación del primer titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, formulada por el Fiscal General del Estado de Guanajuato.

Dicha terna fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen.

En otro punto del orden del día, se ordenó a la Auditoría Superior del Estado que inicie a la brevedad, una auditoría de desempeño con enfoque al cumplimiento de objetivos orientada a los resultados alcanzados por el Programa E041 Justicia Ambiental a cargo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, por los ejercicios fiscales de loa años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Al hablar a favor del dictamen, el diputado Israel Cabrera Barrón confió que con la realización de una auditoría respecto al programa E041 justicia ambiental, las autoridades atenderán de forma efectiva los procedimientos de sanciones, así como hacer de conocimiento al ministerio público respecto a delitos ambientales.

Asimismo, consideró que la Procuraduría Ambiental que durante varios años ha sido beneficiada presupuestalmente, no ha mostrado los resultados esperados toda vez que la contaminación del estado sigue siendo un tema grave.

Por otra parte, se declararon revisadas las cuentas públicas municipales de Tarimoro, Valle de Santiago y Santa Cruz de Juventino Rosas; así como las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública por la administración municipal de Victoria (ejercicio fiscal de 2017).

Además de las cuentas públicas municipales de Dolores Hidalgo C.I.N., correspondientes al periodo comprendido por los meses de julio a diciembre del ejercicio fiscal del año 2013, en cumplimiento al considerando Cuarto y al punto resolutivo SEGUNDO de la resolución emitida por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, dentro del amparo en revisión tramitado bajo el número de expediente 198/2108.

De igual forma, se aprobaron los informes generales del proceso de entrega recepción correspondientes a las administraciones públicas municipales 2015-2018 de Celaya, Santa Catarina, Valle de Santiago, Silao de la Victoria, Victoria, Comonfort, Acámbaro, Santiago Maravatío, Guanajuato, San Miguel de Allende, Moroleón, Cuerámaro, San Felipe, Tarandacuao y San Luis de la Paz.

También, se aprobó el archivo de la propuesta de punto de acuerdo, formulada por la diputada María Guadalupe Velázquez Díaz, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, ante la LXIII Legislatura del Congreso, a fin de formular un exhorto al titular del Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato y a los 46 ayuntamientos del Estado, para que, de manera inmediata, y según sus facultades, giren instrucciones a quien corresponda, a fin de garantizar que se establecerán tarifas preferenciales, con descuentos a estudiantes, personas con discapacidad o movilidad reducida, personas adultas mayores y menores de seis años; y se informe a este Congreso, las acciones que realizaron.

Asimismo, se recibieron las iniciativas formuladas por los municipios de Coroneo y Yuriria para reformar sus leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal del año 2019, en materia de estancias infantiles. Estas se turnaron a las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, para su análisis y dictamen.

Finalmente, la diputada Claudia Silva Campos, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, hizo uso de la tribuna para dar un posicionamiento respecto al Vigésimo Quinto Informe de Actividades de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

Refirió que es necesario mejorar la institucionalidad de la PDHEG, fortalecer su autonomía y estrechar los lazos que permitan realizar la labor conjunta que demandan los tiempos actuales, todo en beneficio de la protección, respeto y promoción de los derechos humanos.

“A través de la práctica de la rendición del informe, podemos no sólo conocer el estado que guardan los derechos humanos en la entidad, sino también las recomendaciones, su seguimiento y resultados, las acciones de capacitación, educación, promoción y prevención en la materia que nos ocupa; la información financiera; la participación ciudadana; y las demás acciones relacionadas con las atribuciones de la Procuraduría”, dijo.

De igual forma, destacó los logros de la PDHEG tales como la interacción con los municipios, los diversos entes del estado e incluso organizaciones de la sociedad civil, donde resaltan actividades para atender o incluso promover o sensibilizar problemas de personas de grupos vulnerables, como lo son los niños, adolescentes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, migrantes, entre otros.