Guanajuato, Gto. En una sesión caracterizada por impugnaciones desde los espacios destinados al público, el Congreso del Estado de Guanajajuato declaró la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, y en seguida Carlos Zamarripa Aguirre fue llamado a rendir protesta como Fiscal General, cargo que ocupará durante los próximos nueve años.

Aunque en la carretera de cuota Silao-Guanajuato había un retén de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, y en la caseta de cobro eran visibles elementos policiacos con equipo antimotines, la sesión legislativa fue distinta de la del viernes pasado, cuando en el recinto fue aprobada la creación de la Fiscalía General, mientras a sus puertas se manifestaba en su contra un numeroso grupo de miembros de Morena.

En una extensa jornada, posteriormente

Como parte del orden del día de la sesión, se declararon revisados los informes de resultados de las revisiones practicadas a las cuentas públicas municipales de Victoria, Comonfort y Coroneo; así como a las operaciones realizadas con recursos del Ramo General 33 y obra pública de San Felipe y Atarjea, todos correspondientes al ejercicio fiscal de 2017

La Asamblea también aprobó los informes de los conceptos generales de los estados financieros de los recursos presupuestales del Congreso del Estado, correspondientes a los periodos comprendidos del 1 al 31 de diciembre de 2018 y del 1 al 31 de enero de 2019.

De igual manera, se ordenó el archivo definitivo de la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios; de la solicitud de aprobación de convenio de colaboración entre el municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, y el municipio de Jesús María, Jalisco, para la prestación del servicio de agua potable en las comunidades de La Higuera, La Lagartija y El Carrizo de Rubio del municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, y Las Tinajas del municipio de Jesús María, Jalisco; y la iniciativa de reforma a la Ley de Salud, en materia de salud sexual.

Para hablar en contra del dictamen mediante el cual se archiva la iniciativa de Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo indicó que cuando había apatía, sin razón e intolerancia para cambiar la inercia de tantos privilegios que tienen los servidores públicos no se podía avanzar. Argumentó que en una sola mesa de trabajo se hizo trizas la propuesta, para enviarla al archivo, y consideró que no se había actuado con profesionalismo y objetividad.

Instó a sus compañeros a cambiar la manera en que ven a la sociedad y a percatarse de la enorme brecha de desigualdad que hay, y les pidió que recapacitaran y fueran más sensibles a las necesidades de los guanajuatenses.

En rectificación de hechos, el diputado Israel Cabrera Barrón no coincidió con el diputado Ernesto Prieto Gallardo, toda vez que señaló que la reducción de salario no representa una disminución de sensibilidad. Argumentó que el sueldo que percibe le permite ayudar a las personas, visitar comunidades y estar en contacto con la ciudadanía.

Señaló que no hay pueblo rico ni pueblo pobre, solamente pueblo que se esfuerza y logra sus objetivos, otros que se esfuerzan y no lo logran, así como quienes no hacen ningún esfuerzo.

Por su parte, la diputada María Magdalena Rosales Cruz pidió el uso de la palabra para rectificación de hechos. Señaló que más del 60 de la población en México vive en pobreza y tienen trabajos que requieren de esfuerzo físico, además de que no pueden aspirar a un seguro de gastos médicos de calidad.

En rectificación de hechos, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo manifestó que el tema se centraba en lo técnico, que en Congreso por práctica parlamentaria se daba puntual seguimiento a los trabajos, es decir, que se acudía a las mesas, se impulsaba la propuesta, se cabildeaba, se esgrimían argumentos y entonces sí, se hablaba a favor o en contra del resultado.

La legisladora fue enfática en que su homólogo no había dado ese puntual seguimiento, y que su propuesta era técnica y jurídicamente inviable. Citó tres de los razonamientos que les hicieron dictaminar en sentido negativo: que carecía de total técnica legislativa, que contenía once artículos de los cuales 10 ya se encontraban regulados en otros ordenamientos, que la repetición generaba antinomias jurídicas, y dos de los artículos eran inconstitucionales.

García Muñoz Ledo señaló que lo que motivaba a sus homólogos era la ley federal en la materia y que, aunque estuviera bien hecha la iniciativa, tenían que esperar a que la Suprema Corte de Justicia resolviera con resoluciones firmes las controversias que se encuentran en sus manos.

En rectificación de hechos, el diputado Ernesto Prieto Gallardo señaló que es incorrecto que la iniciativa formulada a nivel federal sea inconstitucional, al igual que la que se presentó en el Congreso local, toda vez que la Suprema Corte de Justicia no ha declarado dicha inconstitucionalidad.

Asimismo, precisó que actualmente el artículo 127 plantea muy puntualmente que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Reiteró que no puede seguir con la violación a este precepto constitucional. Instó a los legisladores a que se tenga la disposición a bajarse el sueldo y dejar de lado privilegios, a fin de que no haya más un gobierno rico y un pueblo pobre.

En una segunda intervención, la diputada Libia García señaló que la Ley de Remuneraciones federal implica un reajuste salarial no sólo para altos funcionarios, sino que también toca el salario que reciben los trabajadores de niveles bajos, lo cual vulnera sus derechos laborales. Esto dijo, ya ha generado inconformidad por parte de sindicatos de trabajadores que se han manifestado en contra. Asimismo, hizo una invitación a los iniciantes para que se involucren en el proceso de análisis de las propuestas legales.

En otra intervención la diputada María Magdalena Rosales Cruz y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo volvieron a hacer uso de la tribuna sobre los altos salarios de los funcionarios y la necesidad de que se bajen.

El diputado Jaime Hernández Centeno señaló que sus homólogos venían a romperse las vestiduras y que le mentían al pueblo, y que los súper delegados de Morena no cumplían con sus funciones y el de Veracruz ganaba 131 mil pesos, por poner ejemplo, y que muchos tenían salarios superiores a los de sus gobernadores. Los instó a no defender lo indefendible y, dijo, que salía muy caro un gobierno de ocurrencias.

Agotadas las participaciones, el dictamen se sometió a votación y fue aprobado por mayoría de votos.

En la sesión también se acordó devolver la terna presentada por el gobernador del estado para la designación de un Comisionado del Instituto de Acceso a la Información del Estado de Guanajuato, para efectos de que formule una nueva propuesta.

A la Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales se remitieron para su estudio y dictamen las iniciativas formuladas, por separado, por los ayuntamientos de Moroleón y de Guanajuato para modificar sus respectivas Leyes de Ingresos.