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Rinden protesta titulares de órganos internos de control para IACIP e IEEG

Sesiona el Pleno del Congreso de Guanajuato
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Sesiona el Pleno del Congreso de Guanajuato
Rinden protesta titulares de órganos internos de control para IACIP e IEEG

Guanajuato, Gto. – En sesión ordinaria del Pleno del Congreso rindieron protesta como titulares de los Órganos Internos de Control del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, Brenda Paulina Hernández González y Ma de Lourdes López Ramírez, respectivamente.

Además, se exhortó al titular del Poder Ejecutivo federal, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) verifique los instrumentos de medición que sirven de base en transacciones comerciales del sector agroalimentario en el Estado de Guanajuato, y en el ámbito de sus atribuciones legales, se realicen verificaciones rigurosas en los centros de acopio durante el ciclo agrícola otoño-invierno. Asimismo, para que una vez realizadas las acciones de verificación se informe al Congreso sobre los resultados encontrados.

De igual manera, se aprobó reformar la Ley de Ingresos del Estado de Guanajuato para el Ejercicio Fiscal de 2022 para eliminar la referencia al artículo 25 de la misma ley, dado que los servicios referentes a la expedición de los premisos provisional para circular, ya sea sin placas del servicio de transporte privado y público; o con exceso de carga o dimensiones, no forman parte de las atribuciones que se trasladaron de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Pública.

También se avaló la solicitud para que el ayuntamiento de Apaseo el Grande contrate uno o varios financiamientos para destinarlos a 13 proyectos de inversión pública productiva hasta por la cantidad de 15 millones de pesos.

Mismo trámite tuvieron los dictámenes de las iniciativas formuladas por el gobernador del estado para que se le autorizara, previa desafectación del dominio público del Estado, la enajenación mediante la figura de donación de una fracción de un bien inmueble en favor del municipio de Cortazar para destinarlo a la Casa de la Cultura; y de tres bienes inmuebles de propiedad estatal en favor de la persona moral denominada Toyota Motor Manufacturing de Guanajuato, S.A. de C.V.

En lo que respecta al dictamen de Toyota, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández se pronunció en contra y dijo que por años se venía abrazando un modelo económico equívoco, pensando que generando beneficios para las grandes empresas se va a lograr combatir la pobreza y la desigualdad en la entidad.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Salim Alle habló a favor y señaló que las políticas de economía del gobierno federal han generado una falta de apoyo a empresarios que son necesarios para crear fuentes de empleo, mismos que han invertido en proyectos para jóvenes y capacitación para los ciudadanos de Guanajuato.

El debate continuó y se sumó el congresista David Martínez Mendizábal.

Igualmente, se aprobó la modificación de la integración de la Comisión para la Igualdad de Género para que la diputada Martha Edith Moreno Valencia asuma el lugar de vocal, en lugar de la congresista Hades Berenice Aguilar Castillo.

Al someterse a votación el dictamen de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato que busca establecer el principio de Gobierno Digital, la diputada Susana Bermúdez Cano habló como autora del dictamen.

Señaló que con las modificaciones planteadas se establecía la obligación a los Poderes Públicos, tanto horizontal (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como vertical (46 Ayuntamientos) de incorporar el principio de Gobierno Digital y la obligación prestacional de garantizar el uso de internet.

Por su parte, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, quien se pronunció a favor, mencionó que existe una tendencia en el ámbito constitucional y convencional que ha reconocido el derecho al internet como un derecho fundamental que corresponde a un cambio de paradigma que ha potenciado las tecnologías, por lo que era fundamental que todos los guanajuatenses tengan la oportunidad de acelerar su desarrollo y progreso humano.

La propuesta registró 22 votos a favor y 11 en contra, por lo que no fue aprobada, y se avaló su devolución a la Comisión dictaminadora.

Finalmente, la Asamblea avaló los informes de resultados de las auditorías practicadas a la infraestructura pública municipal respecto de las operaciones realizadas por la administración municipal de Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, Villagrán e Irapuato; así como a las cuentas públicas de Tierra Blanca, San Miguel de Allende, Salamanca, Abasolo, Apaseo el Grande, Dolores Hidalgo Cuna de la Independencia Nacional, San José Iturbide, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán, Yuriria y León, todos correspondientes al fiscal 2020.

Archivos

Como parte del orden del día de la sesión se aprobaron 24 dictámenes en los que se ordena el archivo definitivo de diferentes propuestas.

Se trata de la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y a la Ley Orgánica Municipal que buscaba establecer la silla ciudadana. En este punto, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández habló en contra y señaló que la iniciativa tiene la intención de fomentar la participación de los ciudadanos mediante el mecanismo llamado silla ciudadana, que brindaría la oportunidad de que los habitantes de la región expongan sus intereses, quejas, denuncias e ideas al momento de tomar decisiones que tienen una repercusión en sus vidas.

Asimismo, la diputada refirió que en las mesas de trabajo que se pusieron a consideración dichas adecuaciones no existieron argumentos que justificaran la dictaminación como inviable, debido a que se trata de una iniciativa que lograría enriquecer las propuestas de las legisladoras y legisladores con sólo escuchar el sentir de la gente ante determinadas políticas públicas.

En rectificación de hechos, la congresista Susana Bermúdez Cano subrayó que ningún funcionario se había burlado, sino que se realizaron cuestionamientos sobre la exposición de motivos que no tuvieron respuesta.

Por su parte, el diputado César Larrondo Díaz se pronunció a favor del dictamen e hizo referencia que cada una de las sillas que se encuentran en el Pleno o en un Ayuntamiento son ciudadanas, porque, dijo, son ciudadanos antes de ser diputados, regidores o síndicos, por lo que ya se encuentran representando a la sociedad, de tal manera que no se rompe la democracia. Asimismo, agregó que la ciudadanía está bien representada, tanto en los ayuntamientos, en los Congresos y en los consejos de cada uno de los municipios.

Un punto de acuerdo que pretendía exhortar al fiscal general de Guanajuato para que la Fiscalía a su cargo obre bajo el principio de máxima publicidad con respecto al derecho a la información sobre todos los contextos de hallazgo, incluyendo en particular las fosas clandestinas de los que tiene conocimiento y homologue consecuentemente los datos del mapa que aparecen en su página oficial.

El diputado David Martínez Mendizábal se pronunció en contra del archivo de esa propuesta, y dijo que la estructura del dictamen estaba construida de manera confusa y se perdía el foco de atención central, al no respetarse el principio de máxima publicidad y no tener claridad en la información que comparte la Fiscalía General en el tema de personas desaparecidas.

En su intervención, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas señaló que no existen elementos o condiciones para sostener objetiva o válidamente que no se atiende al principio de máxima publicidad y respeto al derecho a la información por parte de la Fiscalía General, y que dicha instancia ofrece en su portal web información actualizada y relacionada con contextos de hallazgos.

El congresista puntualizó que las mejores herramientas, metodología y sobre todo un argumento jurídico y legal que pueden ofrecer a la ciudadanía es el precisar las definiciones, los registros y la información en la propia ley, y es ahí donde deben concentrar sus esfuerzos para que la búsqueda de las personas desaparecidas o no localizadas sea más efectiva.

En rectificación de hechos, Martínez Mendizábal indicó que estaba de acuerdo en que tienen que trabajar para apoyar el objetivo final de las familias y colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, reiterando que son las propias personas que integran dichos grupos las que han revelado que no tienen la información necesaria para poder seguir con sus trabajos de búsqueda.

Tres iniciativas que planteaban cambios al artículo 95 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato para que el fiscal general presentara anualmente a los poderes del Estado un informe de actividades, que comprendiera tanto las estadísticas generales como las especiales por tipo de delitos, además de las estadísticas e información que la ley le obligue a presentar; modificar el acto de remoción del fiscal general y modificar el proceso de designación y remoción del citado funcionario. 

Al hablar en contra, la diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández expresó que existieron argumentos que no fueron tomados en cuenta en el dictamen, siendo un claro ejemplo la falta de equilibrio entre poderes, y que el gobernador de la entidad sea el único que tenga injerencia en la permanencia del fiscal general del estado y sea quien designe a la terna para ocupar dicho puesto.

Asimismo, la congresista afirmó que en la designación del actual fiscal no se llevó a cabo el proceso conforme marca la ley, además de que la ola de violencia que se va acrecentando en el estado era argumento suficiente para dotar al Congreso del Estado de un mecanismo, hasta la fecha inexistente, que inicie un proceso de remoción del fiscal de Guanajuato.

La legisladora Susana Bermúdez Cano habló a favor de la propuesta y refirió que la iniciativa no incluye disposiciones sustantivas de carácter constitucional, sino que pretende regular asuntos normativos concretos, un procedimiento para la elección del fiscal que corresponde a una ley secundaria, por lo que dicha propuesta se considera inviable.

“Las disposiciones propuestas devienen de inviables, porque trastocan como ya fue dicho, la sistemática constitucional pues nuestra Constitución local refiere la manera en que están establecidas las instituciones estatales, así como sus competencias, y la relación que mantienen unas con otras”, comentó.

Finalmente, dijo que la iniciativa rompe con el arquetipo constitucional, al pretender introducir un procedimiento propio de una ley ordinaria.

Una propuesta para modificar el Código Penal que pretendía incrementar la pena mínima de prisión de diez a quince años en el delito de homicidio simple doloso; y un punto de acuerdo para pedir al titular de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) realizara una auditoría específica de desempeño que evalúe las políticas públicas de desarrollo social y humano llevadas a cabo por gobierno del estado; otro para  solicitar al titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano informara sobre presuntas irregularidades y violación a las Reglas de Operación del Programa Vale Grandeza – Compra Local para el ejercicio fiscal de 2021.

De igual manera, diversos puntos de acuerdo para solicitar a la ASEG realizara una auditoría específica respecto de todas las operaciones realizadas por el Instituto de la Juventud Guanajuatense; dos para que hiciera una auditoría integral a la administración pública municipal de León, por el periodo comprendido de octubre de 2018 a octubre de 2021 y por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; dos para auditorías financieras integrales a los municipio de Guanajuato y San Miguel de Allende, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021 y concomitante a 2022 para el primero; una auditoría al Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de desarrollo social y seguridad pública (FIDESSEG); se incorpore al Programa General de Fiscalización 2022 la evaluación a las intervenciones públicas para garantizar los derechos humanos de las mujeres; una auditoría financiera integral al municipio de Silao, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; una auditoría financiera integral al municipio de Cortazar, por los ejercicios fiscales de 2019, 2020 y 2021; una auditoría específica al municipio de San Miguel de Allende, respecto a la ejecución y cumplimiento del contrato de arrendamiento puro con las empresas Bercale Services, S.A. de C. V., y Lumo Financiera del Centro, S.A. de C. V.; dos auditorías para revisar el ejercicio de recursos públicos destinados hasta el momento a la academia del Instituto de Formación en Seguridad Pública del Estado, y los recursos públicos derivados del financiamiento avalado por el Congreso en septiembre de 2021.

La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández habló en contra de la propuesta de archivo relativa a la auditoría de FIDESSEG y manifestó que significaba la renuncia del Congreso local a una de sus tareas más importantes, fiscalizar y vigilar el uso de los recursos públicos; mientras que la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia apuntó que el voto emitido no es por una alianza sino porque técnicamente era lo correcto, ya que la manera en que se planteaban mermaba la labor de la ASEG.

Mismo trámite tuvieron las propuestas formuladas por los ayuntamientos de San José Iturbide, de Apaseo el Alto y Santa Cruz de Juventino Rosas para que se llevaran a cabo auditorías integrales a las administraciones municipales 2018-2021 de esos municipios.

Al hablar a favor de los archivos de las anteriores auditorías, el diputado Víctor Manuel Zanella Huerta indicó que con una mayor carga de trabajo para la ASEG se tendría una afectación al resultado de las auditorías, que se llevará a cabo 272 actos de fiscalización, y subrayó que la fiscalización se basaba en criterios técnicos no políticos.

Finalmente, tres iniciativas; la primera planteaba la creación de la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional para el Estado de Guanajuato; la segunda, reformar la Ley de Contrataciones Públicas para que las adquisiciones se realicen tomando en consideración el Sistema de Manejo Ambiental, y la última, modificar la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato y la Ley de Contrataciones Públicas, con la finalidad de eliminar la discrecionalidad  de ampliar los gastos en comunicación social y publicidad.

Para concluir, la diputada Martha Edith Moreno Valencia habló en contra del archivo de la propuesta sobre el gasto en comunicación social y mencionó que dicha iniciativa buscaba atender una situación preocupante porque el gobierno estatal sobrepasaba el gasto en ese rubro de manera anual y los incrementos iban hasta el 277%, por lo que se planteaba regular ese tema.

En rectificación de hechos, el congresista Víctor Manuel Zanella Huerta señaló que desde 2003 en el estado de Guanajuato se estableció el control presupuestal, incluso antes de la creación de dicha ley a nivel federal. Destacó que dicha ley, de manera integral, evita un ejercicio discrecional del presupuesto y agregó que es el mecanismo de control del gasto total del estado, y no solamente en materia de comunicación social o de partidas referidas.

Finalmente, Zanella Huerta puntualizó que la normatividad vigente es suficiente para regular, administrar y vigilar el erario público y que se ejerza de manera eficiente y austera en relación con los servicios de comunicación y publicidad, así como los relacionados de orden social, cultural, entre otros.

Al debate en este punto se sumaron los legisladores David Martínez Mendizábal y Armando Rangel Hernández.

Asuntos generales

El diputado Aldo Iván Márquez Becerra se refirió a la celebración de “Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública” que, dijo, tiene como propósito de celebrar el valor y la virtud del servicio público en la comunidad, el trabajo que realizan los servidores públicos y exhortar a los jóvenes a seguir carreras en el sector público.

En su intervención, el congresista Gerardo Fernández González habló sobre el mes del ORGULLO, y señaló que la diversidad, la pluralidad, el respeto, la tolerancia y la justicia era lo que definía a una sociedad.

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