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Solicita GPPAN auditoría integral a la administración leonesa 2012-2015

Solicita GPPAN auditoría integral a la administración leonesa 2012-2015

Guanajuato, Gto. Las y los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de Guanajuato, han suscrito un compromiso por la responsabilidad para vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos y la transparencia con las que se aplican.

Por esa razón, se solicitó iniciar una auditoría integral a la administración pública municipal de León por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2012; por los ejercicios fiscales de los años 2013 y 2014, así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 2015

En representación del GPPAN, el diputado Ricardo Torres Origel, presentó la propuesta y dijo en Tribuna que “los ciudadanos y la opinión pública merecen respuestas claras a las constantes interrogantes que generaron de manera reiterada diversas publicaciones de los medios de comunicación con respecto a las presuntas inconsistencias y posibles actos de corrupción en la que pudieran haber incurrido servidores públicos en la administración municipal de León, Guanajuato, por el período 2012-2015 que encabezó Bárbara Botello Santibáñez”.

Agregó que “desgraciadamente y hasta el día de hoy, no se ha dado a la ciudadanía leonesa explicaciones claras que técnicamente justifiquen posibles conductas irregulares o la presunta comisión de delitos dejando la percepción en la opinión pública de que lo que impera es la impunidad y no la vigencia plena del Estado de Derecho”. 

El diputado Torres Origel puso ejemplo de tales inconsistencias:

•  El costo elevado en las obras boulevard del Timoteo Lozano, Plaza de la ciudadanía, Plaza Parque las Joyas, Casa Luis Long, Escuela de Vanguardia de las Joyas, remodelación del centro histórico. Obras que terminaron con un costo excedido al inicialmente proyectado bajo el pretexto de ampliación de metas.

•  Un 33% de la obra del municipio se concentró en ocho empresas; sin mencionar las declaraciones públicas de tales empresarios de la construcción y la forma de asignación de dichas obras.

•  Asignación de obras sin licitar. 

• En la calle Madre Patria de la colonia 10 de mayo, solamente se colocaron 56 semáforos de los 100 que fueron adquiridos, desconociéndose la ubicación de los 44 restantes.

•  Irregularidades en la nómina municipal, al contemplar personas que jamás acudieron a las oficinas municipales para cumplir sus funciones y devengar su salario.

•  Desvío de recursos.

•  Compras a empresas inexistentes.

• Conflicto de intereses entre los proveedores y quienes autorizaron las adquisiciones.

•  Liquidación de policías sin tener certeza de que efectivamente no aprobaron el examen de control confianza o, caso contrario, pretender contratar o mantener en sus cargos a policías que efectivamente no aprobaron dicho control.

•  Carga de pasivos laborales por despidos injustificados, contrataciones de personal que no cumplen los lineamientos de los perfiles de puestos establecidos.

•  Seguimiento a la creciente evolución de una nómina inflada y el posible pago de sobre sueldos a algunos funcionarios con el fin de obtener liquidaciones ventajosas.

•  El pago con recursos del erario de servicios privados de los funcionarios.

•  El posible conflicto de interés o cohecho en el que pudieran haber incurrido los funcionarios debido al otorgamiento de servicios.

•  Posible lenidad, omisiones, abandono o abuso de las responsabilidades adquiridas por los servidores públicos de la administración que hubieren causado daño al patrimonio del municipio o perjuicio a los particulares.

•  El uso y destino de los recursos que obtuvo la administración derivados del empréstito que se le concedió. 

Todo esto, sin soslayar que sobre el municipio ya recae una auditoría específica a todos los procesos de adquisiciones o compras del Ayuntamiento por los ejercicios fiscales 2013 y 2014.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Pleno del Congreso local.

El diputado Ricardo Torres Origel pidió al Órgano de Fiscalización Superior “que se apliquen con todo rigor y de manera amplia los procedimientos técnicos y administrativos que tenga a su alcance para conocer la verdad de los hechos que se señalan y de cualquier otro que pudiera ser ilegal y en su caso deslindar responsabilidades”.   

Dejó claro que “no nos interesa una cacería de brujas, ni es un tema de revancha política, ni de acos; yo creo que lo que hemos presentado aquí no es más que el cumplimiento a nuestras obligaciones; es un reclamo permanente de los ciudadanos. Lo que más nos preocupa es la generación de una percepción de impunidad; que cualquiera puede hacer desmanes y no pasa nada. Nuestra principal motivación es que se conozca la verdad de estos hechos”.

Por su parte, y en rueda de prensa, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, remarcó que “en el supuesto de que, derivado de la auditoria que solicitamos se realice, se encontraran actos ilegales o derivara en responsabilidades, exigimos se aplique todo el peso de la ley a quienes pudieran ser responsables”.

Insistió en que “los leoneses merecen una explicación y que se sancione, si es el caso, el mal uso de los recursos públicos. Como ya lo hemos mencionado, los diputados locales del PAN vamos con todo por la transparencia”.

En tanto que la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, reiteró que “el compromiso de los diputados del PAN está con los ciudadanos y con la transparencia”.

Precisó que la auditoría aprobada deberá iniciarse el próximo 15 de noviembre; “los ciudadanos merecen una explicación y buscamos que esta se y cumplir con nuestro ofrecimiento de garantizar la transparencia en el ejercicio del servicio público”.

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