Guanajuato, Gto.En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso aprobó reformas al Código Penal del Estado de Guanajuato, a fin de tipificar como delito las operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Las modificaciones contemplan que se considerará como delito grave las operaciones con recursos de procedencia ilícita y se agregó al catálogo de penas el decomiso por valor equivalente.

Asimismo, se integraron dos capítulos, el primero se refiere a que, en caso de que el producto, los instrumentos u objetos del delito hayan desaparecido o no se localicen por causa atribuible al responsable, procederá el decomiso de sus bienes, así como de aquellos de los que se conduzcan como dueños, cuyo valor equivalga a dicho producto, sin menoscabo de las disposiciones aplicables en materia de extinción de dominio.

El segundo capítulo habla sobre las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual señala que se le impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 50 a 150 días de multa a quien adquiera, enajene, administre, custodie, use, posea, altere, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, transporte o transfiera, dentro del territorio del estado o de fuera del territorio del estado hacia éste, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Además de que oculte o encubra la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

De igual forma, se refiere que serán producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no puede acreditarse su legítima procedencia.

También, contempla que se aplicarán de 3 a 10 años de prisión y de 30 a 100 días multa a quien, mediante el asesoramiento profesional o técnico a otro, fomente, preste ayuda, auxilio o colaboración para la comisión del delito en mención.

De igual forma, se indica el aumento de la pena de un tercio del mínimo a un tercio del máximo, si el que participa en estos delitos es un servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, investigación o persecución del delito; y la mitad, si quien la realiza utiliza para cualquier fin a personas menores de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.

Al hablar a favor del dictamen, la diputada Cristina Márquez Alcalá señaló que, para consolidar avances sólidos en la lucha por la tranquilidad de los guanajuatenses, las autoridades deben asumir como uno de sus objetivos primordiales mermar el patrimonio ilícito de los criminales y desarticular las estructuras financieras que los sustentan.

En este sentido, indicó que una de las estrategias más efectivas es el menoscabo en el abastecimiento de sus recursos económicos, neutralizando o limitando la movilidad y utilización de sus capitales, pues el aspecto monetario es uno de sus principales apoyos para evadir la acción de la justicia.

Destacó que las presentes reformas que se someten a consideración le permitirán al Estado estar en posibilidades de confeccionar una estrategia que aborde el análisis del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita desde una perspectiva integral.

“La tipificación penal de los hechos motivados por operaciones con recursos de procedencia ilícita es fundamental para combatir a los grupos criminales, mermando su poder y estructuras económicas, lo que además se enmarca en una estrategia a nivel internacional. Por ello es de vital importancia su voto a favor de este dictamen, en el entendido de que, como legisladores, esta es la manera en la que podemos contribuir, con acciones concretas, a solucionar los problemas de seguridad de nuestro Estado”, agregó.