Guanajuato, Guanajuato. El Pleno del Congreso aprobó la nueva Ley Orgánica del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato; así como reformas a Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato. 

Principales aspectos

• Se transfiere la competencia de las juntas locales de conciliación y arbitraje a los tribunales laborales del Poder Judicial local, previa instancia de conciliación prejudicial.
• Se establece una estructura legal para que opere el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.
• Se contará con mejores instituciones en materia laboral, mejorando los procedimientos en aras de una operación más eficiente.
• Se considera al Centro de Conciliación Laboral como parte de la administración pública al tener la naturaleza jurídica de un organismo público descentralizado sectorizado a la Secretaría de Gobierno.
• Se indica como objetivo de la Ley regular la integración, estructura, organización, funcionamiento y atribuciones del Centro de Conciliación Laboral, para el despacho de la función conciliatoria entre trabajadores y patrones, así como las demás facultades que le atribuye el marco constitucional y legal.
• Se precisan las atribuciones y la organización del Centro de Conciliación Laboral.
• Se contempla la creación de delegaciones regionales, conciliadores y notificadores, así como de un Órgano Interno de Control y un Instituto de Capacitación y Formación en Conciliación.

Los diputados J. Guadalupe Vera Hernández y José Huerta Aboytes hicieron uso de la voz para hablar a favor del dictamen.

En su participación, el diputado J. Guadalupe Vera Hernández destacó que con las modificaciones planteadas se contará con mejores instituciones en materia laboral, mejorando los procedimientos en aras de una operación más eficiente y respondiendo a los retos que demandan las y los guanajuatenses.

“Con la presente reforma quienes dictaminamos seguimos manteniendo la visión de que Guanajuato sea referencia a nivel nacional y, en especial en cuanto a la protección de derechos laborales y de justicia laboral de las y los guanajuatenses. En ese sentido, sabemos que Guanajuato vive uno de los momentos más comprometidos con su desenvolvimiento laboral, y coincidimos en que es momento de establecer una institución conciliadora como método de solución alternativa, con personal profesional capacitado y a la altura de la responsabilidad de ejercer la justicia laboral”, acentuó.

El legislador subrayó que las modificaciones en cuestión permiten que la justicia laboral sea impartida por el Poder Judicial federal y por los poderes judiciales locales; la creación de centros de conciliación federales y locales como instancias prejudiciales a las que deben acudir trabajadores y empleadores; la revisión del sistema de distribución de competencias entre las autoridades federales y locales; y la creación de un organismo descentralizado de la administración pública federal encargado del registro de todos los contratos colectivos de trabajo y de los sindicatos.

Por su parte, el diputado José Huerta Aboytes recordó que la fase conciliatoria se fue desgastando debido a que en los conflictos individuales difícilmente comparecía directamente el patrón y además, se fueron acumulando los expedientes a resolver por los tribunales del trabajo, trayendo como consecuencia la lentitud del proceso y el diferimiento de las resoluciones.

“Esa situación fue diagnosticada desde el sexenio pasado, en el marco de las mesas de trabajo que se instalaron con vistas a la reforma de la justicia cotidiana, en las cuales fue invariable el señalamiento de que el modelo de las juntas de conciliación y arbitraje estaba agotado y que era necesario sustituirlo por otro, por lo que se propusieron diversas modificaciones legales”, comentó.

Finalmente, el legislador detalló que en las reformas federales que se realizaron en la materia se precisa que la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas; que dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios, contarán con plena autonomía técnica, operativa presupuestaria de decisión y de gestión; se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.

Al someter a votación el dictamen en lo particular, el diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas se reservó los artículos 4 y 5 transitorios para modificar la fecha de inicio de las operaciones de la sede en la zona centro y de las delegaciones regionales. La reserva fue aprobada.