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09:08h. Domingo, 19 de Agosto de 2018

Condenan por violencia familiar a regidor de Guanajuato Capital

Prestará tres horas de servicio comunitario por cada día de la sentencia

Julio César García Sánchez - Foto, Proceso
Julio César García Sánchez - Foto, Proceso

Guanajuato.- Este miércoles 23 de mayo, la jueza del sistema penal acusatorio del Poder Judicial del estado Ma. del Rocío Arias Arévalo, sentenció a 1 año y 8 meses de prisión al regidor del PRD en el Ayuntamiento de Guanajuato capital Julio César García Sánchez, por violencia familiar en contra de su ex pareja, en el proceso judicial que se inició en su contra por hechos ocurridos el 16 de enero de 2016.

García Sánchez golpeó y amenazó a su ex pareja en esa ocasión.

El regidor, quien a raíz de la denuncia y el proceso que se le siguió por esta agresión fue suspendido de sus funciones por el Congreso del Estado, se acogió al procedimiento (juicio) abreviado, una salida contemplada en el sistema penal acusatorio.

Por ello, en la audiencia celebrada este miércoles, la jueza le preguntó si entendía en qué consiste esta salida del sistema acusatorio, si renunció a someterse a un juicio ordinario y si aceptaba su culpabilidad en el delito de violencia familiar. A las 3 preguntas García Sánchez respondió afirmativamente.

La jueza Arias Arévalo resolvió que Julio César García ejerció violencia de género en contra de su ex pareja empoderado por su cargo de regidor del Ayuntamiento, lo que incidió en la agresión y amenazas en contra de la mujer.

Como parte de los beneficios que otorga el procedimiento abreviado, la jueza resolvió conmutar la pena corporal por trabajo en favor de la comunidad, mismo que Julio César García deberá prestar en una institución pública durante un equivalente de 3 horas por cada día de la sentencia, además de pagar la reparación del daño a la ofendida.

El sentenciado también es suspendido en sus derechos políticos por el lapso de la condena, y deberá someterse a una evaluación psicológica bajo el criterio de un juez de ejecución, que de acuerdo a lo que resulte dictará la terapia necesaria que deberá tomar.

En los resolutivos de la sentencia, la jueza Arias Arévalo impuso una medida de restricción al político perredista para prohibirle cualquier acercamiento a la víctima, su domicilio, el de su familia y los lugares donde ella se encuentre, durante un plazo de 3 años y 3 meses.

Con esta medida, la jueza busca proteger a la ofendida de sufrir otro acto de violencia de género por parte de García Sánchez; ello debido también a que en la audiencia anterior se expuso ante la juez que el regidor suspendido se presentó en casa de la ofendida en estado de ebriedad, por lo que se requirió la intervención de la Policía Municipal de la capital. En esa audiencia, García fue apercibido por la jueza por este motivo y se advirtió sobre nuevas medidas de restricción.

Las Libres acompañaron a la ofendida en todo el proceso, mismo que duró 2 años y 4 meses hasta la audiencia de hoy, en la cual la sentencia quedó firme debido a que ambas partes la aceptaron en sus términos y no apelarán.

DATOS ADICIONALES:

Julio César García Sánchez, siendo regidor del PRD en funciones en el Ayuntamiento de Guanajuato, agredió a su ex pareja el 16 de enero del 2016.

Fue denunciado ante el Ministerio Público y tras la denuncia pública, pidió licencia al cargo el 24 de febrero de 2016 por dos meses, luego de lo cual se reinstaló en su cargo.

Fue suspendido del cargo por el Congreso del Estado el 16 de diciembre del 2016.

Fue vinculado a proceso el 6 enero del 2017.

El 27 de enero de 2017 se suspendió el proceso tras audiencia ante un juez de control en la que el entonces inculpado admitió haber ejercido violencia contra su ex pareja, pidió perdón y ofreció someterse a terapia y trabajar en la promoción de los derechos de las mujeres. La ofendida se inconformó con la suspensión.

El 22 de marzo de 2017, el pleno del Poder Judicial erigido en Tribunal de alzada, determinó reanudar el proceso con base en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que prevé que se prohíben las posibilidades de conciliación o mediación en delitos como el de violencia familiar, puesto que éste involucra una relación de sometimiento de la víctima hacia su agresor y, por ende, se trataría de una nueva imposición a la ofendida.