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Destituyen por irregularidades financieras al presidente estatal del PRD

A David Cristóbal Cano Hernández también se le habrían suspendido sus derechos partidarios
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Destituyen por irregularidades financieras al presidente estatal del PRD
Destituyen por irregularidades financieras al presidente estatal del PRD

Celaya. Por habérsele comprobado irregularidades financieras en el ejercicio de sus funciones, David Cristóbal Cano Hernández fue removido del cargo de presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRD.

El dictamen para la remoción y suspenderlo de sus derechos partidarios fue determinado por unanimidad en el pleno del X Consejo Estatal del partido, celebrado ayer.

Las irregularidades fueron detectadas e investigadas durante varios meses por, según lo asienta el dictamen emitido por la Comisión Temporal Especial Financiera del Consejo Estatal.

Sin especificar el monto de las irregularidades, el dictamen establece lo siguiente:

“El Pleno del X Consejo Estatal del PRD en Guanajuato, confirma la existencia de diversas irregularidades e inconsistencias que se detectaron en la valoración de los Balances referentes al ejercicio del presupuesto del gasto ordinario del período anual 2021 y del ejercicio de los recursos de los gastos de campaña utilizados en el Proceso electoral local 2020-2021”.

Agrega que se tiene identificado como presunto responsable de las irregularidades detectadas “al presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato, al acreditarse que, en la toma de las decisiones administrativas, en la disponibilidad y en el uso de los recursos públicos, dispuso de estos, de manera unilateral y discrecional en el desempeño del cargo que ostenta”.

Derivado de lo anterior “es procedente el ejercitar la suspensión de derechos partidarios y la remoción del cargo de presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del PRD en Guanajuato, aunado a promover un procedimiento sancionador ante el órgano jurisdiccional intrapartidario, así como ejercer, las acciones legales ante los autoridades constitucionales administrativas y jurisdiccionales competentes, para la imposición de las sanciones que en su caso conciernan».

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