León, Guanajuato. Mediante un comunicado, el colectivo #FiscalíaQueSirva exigió al Congreso de Guanajuato detener el posible nombramiento como Fiscal General del Estado para Carlos Zamarripa, quien hasta ahora se desempeña como Procurador General de Justicia.

El texto íntegro del comunicado es el siguiente:

El pasado miércoles 7 de noviembre, integrantes del colectivo #FiscalíaQueSirva-Guanajuato nos reunimos con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, para manifestar nuestras preocupaciones sobre el status actual de la reforma publicada el 14 de julio del año pasado, sobre la creación de la Fiscalía General del Estado.

Desde ese momento el Colectivo ha realizado propuestas técnicas y ha hecho diversos posicionamientos para fortalecer la autonomía de la naciente Fiscalía General de Justicia del Estado.

El día de ayer, con fundamento en los artículos 1, 2, 6, 7, 63, de la Constitución del Estado de Guanajuato; 1, 16, 17, 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) los artículos; 8 y 25 Convención Americana sobre Derechos Humanos, los artículos; 14 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, entregamos una carta al Congreso de Guanajuato exigiendo derogara el pase automático por ser inconstitucional.

En dicho oficio, solicitamos:

Primero: Que en congruencia con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de Guanajuato derogue el artículo Primero Transitorio que permite el pase automático. Esto, además de ser inconstitucional, es muestra una clara falta de independencia para ejercer el cargo de un órgano constitucional autónomo, justo por la cercanía que tuvo con el ejecutivo local al momento de haber sido nombrado.

Segundo: Que atendiendo a los principios y estándares internacionalmente reconocidos para el nombramiento de altas autoridades, el Congreso, antes de iniciar el proceso de selección del Fiscal, emita las reglas para su elección, entre ellas la convocatoria pública, ello en concordancia con el artículo 102 de la CPEUM vigente que establece que el proceso debe ser coordinado, colegiado, electivo, evaluatorio, exhaustivo, público y transparente.

De llevar a cabo un procedimiento sin eliminar el pase automático y sin contar con un proceso de selección adecuado, previamente establecido, que garantice los principios ya señalados, violaría el derecho a contar con un Fiscal independiente, imparcial y autónomo; se viola el derecho a la participación ciudadana y a la transparencia que se desprende del artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El incumplimiento del artículo 102 constitucional afecta la esfera jurídica de las personas, ya que viola la disposición constitucional (garantía) que protege el derecho humano a contar con una justicia pronta, expedita, imparcial y completa previsto en el artículo 17 Constitucional, así como el derecho a contar con un fiscal, independiente e imparcial protegidos por Convención Americana sobre Derechos Humanos y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Tercero: Solicitamos la no politización de los sistemas de selección en el estado, verificando el principio de legalidad en cuanto a los requisitos exigidos, los procedimientos y la determinación de las calificaciones para la selección y nombramiento de las y los operadores de justicia, tal como establecen las Directrices sobre la Función de los Fiscales de Naciones Unidas.

Dado que tenemos conocimiento a través de los medios de comunicación de que se pretende violar la constitución y los tratados internacionales e imponer como primer fiscal al actual procurador, Carlos Zamarripa Aguirre, por la urgencia del caso y los efectos violatorios que este acto puede tener, solicitamos al Congreso de Guanajuato que en un plazo no mayor de 18 horas nos ofrezca una respuesta. De no tener respuesta, nos reservamos el derecho de iniciar las acciones judiciales que consideremos correspondientes.

Ante la grave crisis de violencia e impunidad que vive el Estado de Guanajuato, se exige al congreso estatal que lleve a cabo el nombramiento del Fiscal, con honestidad, compromiso, congruencia, pero sobre todo, con respeto a los ordenamientos de nuestra máxima Carta Magna y los establecidos en tratados internacionales ratificados por nuestro país. No esperaríamos menos del Congreso estatal.