Ciudad de México. La diputada Cristina Gaytán Hernández (PRD) estimó necesario aprobar una ley general reglamentaria del artículo 4 constitucional, en materia de derechos culturales, antes de crear una Secretaría de Cultura, como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo federal.

“Sería un error político y estratégico gravísimo del Ejecutivo federal no escuchar a todos los actores involucrados para hacer un diagnóstico y elaborar la iniciativa de ley”, y crear después la secretaría, si es que se llega a la conclusión de que es necesaria.

Durante el foro “La cultura es de todos y la hacemos entre todos” que se realizó en las instalaciones de San Lázaro, Gaytán Hernández, secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, aseguró que se tiene que conocer primero cómo están funcionando los institutos en la materia y qué ejercicios realizan, para entonces generar una instancia fuerte de cultura.

Destacó que actualmente no se cuenta con una ley general en la materia que regule, establezca o delimite los derechos y obligaciones del gobierno federal y los estados.

“Estamos abiertos a la Secretaría de Cultura, pero deben surgir  cabildeos, consultas y exposiciones sobre el tema, porque si no, nos parece que sería una iniciativa al vapor”, comentó.

La diputada  por el Distrito Federal informó que Acción Nacional se sumó a este planteamiento y conciliarían con otros partidos para que también lo hagan.

Mencionó que el foro es el primer esfuerzo para llevar la cultura y el arte a todos aquellos que están interesados en saber hacia dónde estará dirigida.

En su intervención, la investigadora del Instituto de Antropología e Historia (INAH), Aldir González Morelos, afirmó que la iniciativa presidencial plantea directamente la creación de una institución que no se sabe qué hará, y enfatizó que 14 o 18 artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no pueden sustituir toda una legislación sobre derechos culturales.

La ley reglamentaria, precisó, tendría que ser general, en el sentido de otorgar funciones a la Federación, los estados y los municipios, y fomente y difunda la cultura, tal como lo establece el artículo 3 constitucional. Por lo tanto, enfatizó, “la primera función que debe tener el Legislativo es elaborar la ley reglamentaria del artículo 4 constitucional, respecto a los derechos culturales”.

Dijo que al no existir esa norma se daría a la Secretaría de Cultura, especialmente al funcionario a su cargo, la facultad de legislar en la práctica. “Sería gravísimo que primero se estableciera la nueva dependencia, que aplicaría una ley que no se sabe hasta ahora cuál es”.

“Por ello, crear una ley en la materia es importantísimo no sólo desde el aspecto legislativo, sino para la preservación del patrimonio cultural y para aspectos ideológicos fundamentales como la cohesión social, la identidad y la formación de estudiantes”, afirmó.

Por su parte, el coordinador interinstitucional de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, Marco Rascón, expresó que sería un error aprobar una iniciativa de esta naturaleza cuando antes se deben escuchar e integrar todas las visiones.

“Si no logramos tener una formación cultural y artística más allá de la creación de espectáculos, no avanzaremos en cosas esenciales”, declaró.

El director de Vinculación en el Poder Legislativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Diego Guerrero García, indicó que si bien la Secretaría de Cultura no es una propuesta nueva, siempre es aplaudible que se discuta el tema como una prioridad del Estado en la construcción de una cultura que fomente las artes, apoye a nuevos creadores, establezca mecanismos de vinculación y patrimonio cultural; sin embargo, el tema debe ser discutido y escuchar a los diversos actores involucrados.

“No puede sacarse una Secretaria de Cultura, sin antes haber creado una ley de cultura.  Tenemos que comenzar a trabajar en el marco jurídico y en sus facultades y después en una dependencia”, añadió.

Rosa María Reyna Robles, investigadora del INAH, dijo que un estudio serio y objetivo sobre el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) y las instituciones que ha supeditado, “jamás sustentaría” la  creación de la Secretaría de Cultura.

Esta última no puede sustentarse si no se cuenta previamente con la ley reglamentaria del artículo 4 de la Constitución, en la que se determinen las funciones que el Estado debe tener en este rubro y se establezcan claramente los alcances y límites de la dependencia que propone crear. Por tanto, estimó que la iniciativa del Ejecutivo “no tiene objetivos sistematizados, explícitos, claros y sustentados”.

A su vez, Jesús Antonio Machuca Ramírez, investigador del INAH, indicó que el proyecto de una nueva secretaría priva a instituciones, como la de Antropología e Historia, en su capacidad de aportar los conocimientos de la cultura al sistema educativo. Afirmó que con la creación de esta dependencia “se daría continuidad al desarrollo de la desincorporación neoliberal de la cultura”.

Estimó que un proyecto renovador de la relación entre educación y cultura implicaría hacer explícito, ante todo la diversidad existente en el país en su carácter pluricultural. Esto conllevaría a una reestructuración de prioridades y objetivos, a una política social y una nueva vinculación con la educación, subrayó. 

Mara Robles Villaseñor, ex secretaria de Educación del Distrito Federal, estimó que es “contranatura” que una Secretaría de Cultura nazca sin consultar a los artistas, creadores, promotores culturales y gestores. “Nuestra obligación es decir con qué principios y estructura jurídica sólida debe contar”.

Enfatizó que debe ser una dependencia que defina la cultura y acoja los derechos culturales como derechos humanos, con perspectiva de una política cultural de Estado, diversa, plurilingüe, multicultural y que, sobre todo, deje de ser unipersonal, aunque tenga un titular.

También, agregó, debería haber un auténtico consejo plural, donde estén representadas las instituciones más importantes como el INAH y el INBA, así como los creadores, intelectuales, artistas, instituciones de educación superior y los gestores culturales.     

En su turno, Francisco Peral Rabasa, investigador del INAH, mencionó que, de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo, la Secretaría de Cultura no implica un gasto presupuestal; sin embargo, dijo, la creación de una dependencia de Estado tiene un gasto enorme.

Precisó que el costo será realmente elevado y los recursos de los que dispondrá el nuevo secretario para dicha tarea son los de las instituciones que pretenden poner bajo su control y para disponer de dichos fondos cuentan con la estrategia del Presupuesto Base Cero, ya que se revisará qué proyectos se eliminarán.

Por último,  Cuauhtémoc Velasco Arias, académico del INAH, comentó que la iniciativa del Ejecutivo “es una mera readecuación burocrática, que carece de un estudio-diagnóstico de las implicaciones jurídico-administrativas de un cambio de esa naturaleza, de las tareas del Estado en la materia y de la política cultural, así como del quehacer de las instituciones involucradas directa o indirectamente en las tareas educativas y culturales del gobierno federal.

“La justificación es tan escueta como poco explicita en sus fundamentos e intenciones; falta un concepto claro, lo cual es indispensable para cualquier esbozo de estrategia política o diseño institucional”, recalcó.