León, Guanajuato. El Ombudsperson guanajuatense, José Raúl Montero de Alba, exhortó a que las autoridades adopten un enfoque de derechos humanos para combatir la trata de personas, el cual debe incluir medidas de prevención, protección a víctimas y sobrevivientes, así como sancionar a los responsables del delito.

Lo anterior, durante el foro “La Trata de Personas: Responsabilidades de la sociedad y el Estado; Impactos y Principales Retos”, organizado por el Consejo Estatal de Participación Social para la Prevención, Atención y Erradicación de la Trata de Personas, junto con la Secretaría de Gobierno de Guanajuato, a propósito del Día Internacional contra la Trata.

En su mensaje, refirió que la trata de personas representa una grave violación de los derechos humanos, puesto que entraña en sí misma, todos los supuestos de menoscabo de la dignidad humana.

Por su propia naturaleza, explicó, las víctimas de trata no tienen la visibilidad necesaria y no podemos seguir inmóviles ante un delito que, como la esclavitud, vulnera los derechos de las personas.

Por esta razón, el Estado debe visibilizar este delito, desde el enfoque penal y como un acto que atenta contra los derechos humanos como la libertad, seguridad e integridad.

Detalló que el organismo ha desplegado acciones de capacitación y promoción de la dignidad, encaminadas a las autoridades responsables de aplicar la ley, para identificar prácticas que permitan atender y prevenir este delito, así como proteger a las víctimas. De 2017 a la fecha se han capacitado mil 344 personas y se ha colaborado con otros organismos públicos de derechos humanos en la región para atender este tema, dijo.

Montero de Alba subrayó la importancia de este tipo de foros porque permite sensibilizar respecto a los retos de la sociedad y el Estado en esta materia, por lo que es relevante mejorar y fortalecer el intercambio de información y la capacidad de acopio de datos, como forma de promover la cooperación en la lucha contra la trata de personas.

Recordó que México forma parte de acuerdos internacionales y dispone de normas constitucionales que obligan a las autoridades a la protección de las personas ante este delito, en especial a los grupos más vulnerables como mujeres, niñas y niños, así como migrantes.

En su mensaje insistió en que la trata de personas conlleva una actividad criminal altamente lucrativa, y que en la mayoría de los casos se vincula con otras que son lesivas como el tráfico de migrantes, narcotráfico, lavado de dinero, entre otros.

Es una conducta reprobable porque se basa en el abuso de la vulnerabilidad de una persona a través de la explotación sexual, la prostitución, el trabajo forzado, la servidumbre, la extracción de órganos entre otros delitos, mencionó.

Refirió que los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos establecen el derecho de la persona a no ser sometida a la esclavitud, servidumbre, el trabajo forzoso o a la trata.

De igual manera, se destaca que los Estados tienen la obligación de prevenir la trata, así como de implementar medidas que promuevan la identificación de víctimas, en particular grupos vulnerables, y tomar las medidas más adecuadas para protegerlas.

Finalmente, agregó que en México se dispone de leyes, federal y ley estatal, para proteger y dar asistencia a las víctimas de estos delitos a través de la reparación del daño, medidas de protección integrales, y demás derechos que permiten atender de manera eficaz a las personas.

En este marco, la CNDH presentó el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2019, y se destacó el papel de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la trata de personas, éste último tema a cargo de la Fiscalía General del Estado.

Encabezaron este evento, el Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno del Estado y Secretario Técnico del Consejo Estatal de Participación Social para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas en Guanajuato, Alfonso Ruiz Chico; el Presidente del Consejo, Abraham Rocha Moreno; el Director General del Programa contra la Trata de Personas de la Quinta Visitaduría General de la CNDH, Sergio Villareal Pinzón; la Directora General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Estado, Lucila Gallegos Camarena, y el Coordinador Estatal de la Unidad en Combate a la Trata de Personas y Corrupción de Menores de la Fiscalía General del Estado, Luis Gerardo Zapata Romo.