Guanajuato, Gto.- La diputada priista Érika Arroyo Bello exhortó al gobernador, Miguel Márquez y al procurador de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre a aplicar los protocolos con perspectiva de género para atender el incremento de la violencia contra las mujeres.

La legisladora expuso que para muchos la petición parecería repetitiva. Sin embargo, debido a las evidencias no son suficientes las declaraciones mediáticas del Sr. Procurador, “ninguna dependencia pública es propiedad de nadie. Por ello, les recuerdo que los protocolos son un derecho elemental para dar garantías a  las víctimas y sus familias, así como para los ciudadanos. Resulta legítimo y fundamental tener certezas acreditables, no de dicho, de los mecanismos de acceso de justicia que están operando en el estado”.

Especificó que existe en la entidad un sinfín de casos como antecedentes, ejemplo de ello: a finales de año pasado, solicitó vía oficio dirigido al Procurador, y cuya respuesta remitida el 3 de Diciembre, después de una larga prosa concluye en su escrito “la no entrega”, condicionándolos a una previa cita.

Arroyo Bello recordó que en un segundo momento, el pasado 8 de Marzo, hizo uso  de la tribuna para realizar un Punto de Acuerdo en este mismo sentido.

Comentó que en un tercer momento, en la dinámica de las comparecencias con motivo del II Informe de Gobierno, el día 24 de marzo en un total  ejercicio de simulación (e incluso por qué no decirlo, de burla), ante su pregunta expresa por los Protocolos, nuevamente el Procurador “afirma su aplicación” y hace una entrega de dos engargolados ante todos los presentes, mismos que inmediatamente fueron cooptados por la Secretaria General de este Congreso.

“Mediáticamente intento cumplir con la entrega Sr Procurador, yo no puedo afirmar que esos engargolados correspondan a la información solicitada o sean solo hojas de rehuso engargoladas, ya que nunca los vi”, sostuvo.

La Presidenta de la Comisión para la Equidad de Género dijo que somos testigos de la complicidad de un sistema de gobierno que en su conjunto abona a la opacidad, a la omnipotencia y a la anacrónica visión patrimonialista que promueve que los gobernantes y sus funcionarios son dueños absolutos de la administración pública y sus recursos.

Exigió por cuarta ocasión públicamente a las autoridades estatales conocer y garantizar el uso de los Protocolos exigidos y asumidos por el Estado Mexicano, “el estado de Guanajuato no puede seguir administrándose fuera de la dinámica federal”.

La diputada priista por Guanajuato apuntó que hoy viernes después de 03 recomendaciones emitidas a la Procuraduría de Justicia, una por la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre su actuación de las autoridades de esta dependencia en el “Caso Lucero”, y dos más  emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por los casos donde perdiera la vida Laura Patricia Vázquez Aguilar, y su menor hija Ivana Geraldine desapareciera. A 6 meses de que se emitiera la alerta AMBER, aún sigue sin encontrarla. Ambas tragedias prevenibles en un sistema de justicia mínimamente funcional.

Puntualizó que Guanajuato ocupa el cuarto lugar en el país en materia de violaciones según el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Finalmente, la diputada subrayó que el Código Naranja impulsado por el gobierno estatal aun no se tiene una documentación de su aplicación: “no será una panacea para mejorar de forma espontánea las realidades de las mujeres de no ir acompañada por mecanismos de acceso a la justicia”. En el caso de la Procuraduría General de Justicia, ellos están obligados a cumplir con la obligación de entregar e informar documentalmente, y con garantes de aplicación e  implementación de Protocolos, no hay argumentos legales ni racionales que tengan cabida.