México, D. F. En conferencia de prensa presentada en instalaciones del CEN PRI, el presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, Francisco Javier Contreras Ramírez, expuso los pormenores de la denuncia penal presentada por este partido en pasados días contra el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva.

El legislador precisó que además fueron detectadas acciones de peculado y corrupción en el pasado sexenio panista, en dependencias como el DIF, las secretarías de Salud –donde ya hay detenidos- y de Desarrollo Agropecuario, así como en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG).

En compañía del delegado general del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en el estado, Pablo Moreno Cota, el dirigente priista y legislador puntualizó que los 11 diputados locales guanajuatenses de su partido firmaron e interpusieron la denuncia por hechos constitutivos de delito, debido a la desviación de recursos públicos.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, subrayó Contreras Ramírez, quien precisó que en el caso de la fallida construcción de la refinería, el anterior gobierno estatal panista contrató a la empresa “Cereales y Pastas Finas” para comprar 900 hectáreas de terrenos ubicados entre Salamanca y Villagrán.

Resaltó que posteriormente, el gobierno de Juan Manuel Oliva adquirió esa empresa -que resultó ser “fantasma”- los terrenos “a precios alzados”, obteniendo ganancias millonarias. Los predios actualmente se encuentran abandonados, al fracasar el proyecto que se desarrollará en el estado de Hidalgo.

Al momento de mostrar ante los medios de comunicación la copia de la denuncia, resaltó que los elementos de prueba presentados ante la PGR son contratos y cheques, así como declaraciones de los ejidatarios afectados, quienes fueron amenazados con la expropiación de sus terrenos en caso de negarse a venderlos y a los precios que el gobierno impuso.

Ejemplificó que en algunos casos, la empresa intermediaria pagaba a los campesinos una hectárea de terreno en cien mil pesos, y luego la vendía al gobierno estatal en un millón y medio de pesos o más.

En el caso de la construcción del tren interurbano, que no se concretó, Contreras Ramírez subrayó que la liberación de terrenos también se hizo “a precios alzados”, y por medio de la desviación de recursos públicos.

Respecto a la Expo-Bicentenario, creada en Silao con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, destacó que se edificó en un lugar que no tenía nada que ver con las celebraciones, y donde también se compraron terrenos muy por arriba de su valor.

Después de enfatizar que en el gobierno panista de Juan Manuel Oliva se cometieron grandes actos de corrupción, el dirigente priista acotó que la información sobre las erogaciones para la construcción de las tres obras fue reservada entre 10 y 20 años.

“El actual gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, aseguró al inicio de su administración que apostaba por la transparencia, pero los hechos demuestran todo lo contrario”.

Contreras Ramírez afirmó que el PRI confía en la actuación de la PGR, ante quien presentaron la denuncia por tratarse de la desviación de recursos públicos federales. “Buscamos la aplicación de la justicia”, concluyó.

Francisco Javier Contreras, legislador local y dirigente del PRI en Guanajuato, y Pablo Moreno, delegado estatal del CEN.