Guanajuato, Gto. Para el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba son “argumentos falaces los utilizados por los regidores del PRI en León, cuando se escucha que no conocen el expediente enviado por la ASEG sobre la auditoría practicada al Sistema Integral de Aseo Público en León”.

En entrevista, el legislador se refirió a lo ocurrido durante la reunión de la Comisión de Contraloría de León, en la que se revisó el citado dictamen.

“Escuchamos que los regidores así lo dijeron: ‘es muy pronto’;  lo pudieron haber leído en cualquier periódico en el 2014 y hubieran escuchado el noticiero, o sea, era algo muy conocido; el tema es cuánto tiempo  está tardando realmente la justicia administrativa, la justicia civil, la justicia penal, para que alguien que ‘le metió la mano a la canasta’, alguien que actuó en contra del patrimonio, del erario de los guanajuatenses, en cuánto rato lo vamos a solucionar; a mí me da gusto que se haya iniciado este proceso administrativo, pero que no se digan sorprendidos con que no saben”, señaló.

Ramírez Barba enfatizó que “si algo tiene cansada a la gente, molestos a los ciudadanos, es que ‘justicia demorada es justicia denegada’.  Me da gusto que se avance en un tema que fue denunciado desde hace mucho tiempo. Me parece una indecencia que una persona estuviera contratada en el área de la seguridad y se dedicara a peinar a un titular del Ejecutivo municipal,  llamada Bárbara Botello; en el tema de basura, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo”.

“La falacia es pensar que es una revancha contra un partido político. Es contra funcionarios que aprovecharon un cargo, actuaron de manera impropia a la luz de la ley”, subrayó Ramírez Barba. Recordó que “en la pasada Sesión de Pleno, el Congreso local aprobó dictámenes con responsabilidades contra administraciones de varios partidos políticos. Aquí más bien (los involucrados) debían tener más responsabilidad; si están trabajando de tiempo completo, tuvieron el tiempo suficiente para revisar los expedientes”.

Precisó que “cuando  llega un dictamen a un municipio, emitido por el Congreso local, el ente auditado ya tuvo la oportunidad, en ocasiones, para extender las pruebas; en este caso tuvieron todo el tiempo para apropiarse del tema. Eso que están diciendo puede ser por dos razones: por franca ignorancia de la ley, y la segunda, por tratar de hacer algo en la letra, en la voz, pero la ley es muy clara. Hoy todo en el Congreso es público y la ley marca los pasos para que así sea, y si fuera ese argumento, pues es fácilmente tumbable en un tribunal, que no es el caso”.

“Ésta fue una auditoría específica al contrato de basura, de algo que fue denunciado por todos los medios que no andaba bien hace mucho rato; otra cosa es que vale la pena que los regidores se pusieran a estudiar un poco las leyes”, concluyó.