Guanajuato, Gto. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, sesionaron este día y aprobaron diversos dictámenes.

Los dictámenes corresponden a las iniciativas de reforma a las leyes de ingresos de los municipios de León, Purísima del Rincón, Tarimoro, Guanajuato, Tarandacuao y Ocampo, en materia de instancias infantiles.

Al someter a discusión los dictámenes, el diputado Raúl Márquez Albo se manifestó en contra de los mismos. Señaló que las propuestas legales anteriormente mencionadas carecen de argumentación y no establecen la justificación para que dichas instancias infantiles sean beneficiadas con dichos cambios legales.

“Constitucionalmente los beneficios o perjuicios que se establezcan en una ley tienen que ser generalizados, aquí se está haciendo un dictamen para favorecer específicamente a una figura que puede ser privada o mezclada ya que ha tenido algunos subsidios oficiales, pero que no tiene ese carácter de beneficio general que debería tener cualquier modificación en la ley. Específicamente en la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el municipio de León, se establecen argumentaciones políticas, más que temas técnicos”, dijo.

Por su parte, el diputado José Huerta Aboytes habló a favor de los dictámenes. Refirió que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario del PRI, las modificaciones que se pretenden aplicar no son inconstitucionales, sino todo lo contrario, ya que no es selectivo pues está dirigido a un conglomerado social.

“Independientemente de si es inconstitucional o no, estamos en pro de los seis dictámenes y me adelanto a manifestar nuestro punto de vista, lo hago porque abordan el mismo tema. Coincidimos con los municipios en ese esfuerzo que están haciendo para beneficiar a las estancias infantiles, no lo desestimamos, al contrario, reconocemos el esfuerzo que hacen por apoyar a estas instituciones”, acentuó.

Al hacer uso de la voz, la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo consideró que las propuestas legales se encuentran plenamente justificadas, además de que los municipios cuentan con autonomía para darse sus propias disposiciones hacendarias.

“Dentro de las leyes de ingresos que revisamos de manera anual, los municipios contemplan facilidades administrativas para ciertos sectores que ellos consideran vulnerables de la población y hoy está de más decir que las estancias infantiles está vulnerado por una política del gobierno federal, hoy no nos podemos quedar cruzados de brazos ante esta realidad porque las estancias infantiles son un medio, los verdaderos beneficiados con esta disposición de los municipios son las niñas y los niños guanajuatenses que se quedarían sin una estancia infantil”, subrayó.

La congresista Alejandra Gutiérrez Campos compartió lo comentado por su homóloga, aumentando que el principal interés es el beneficio de los niños y las niñas, de procurar su bienestar y su seguridad, así como de apoyar a las madres y los padres.

“También nos interesan los padres y las madres porque justamente el programa estaba diseñado para aquellos padres o madres que no tenían con quien dejar a esos niños y que probablemente pudieran estar en malas manos, sin una supervisión adecuada. Hoy nos debe preocupar de qué manera puede apoyarse desde la federación, si hay forma de que se mejoren los programas que se haga, pero no que los quiten de tajo cuando ha sido evaluado por el CONEVAL como eficiente”, agregó.

Al someterse a votación los dictámenes, la diputada Vanessa Sánchez Cordero propuso que en las consideraciones de todos los documentos se especifique que el apoyo será para las estancias que dejaron de recibir el recurso federal que se les otorgaba por parte del Programa Nacional de Prestación de Servicios para Atención y Cuidados del Desarrollo Integral de la Infancia. La propuesta se aprobó.

Los dictámenes aprobados serán enviados a la mesa directiva para que sean enlistados en la sesión ordinaria que corresponda.

En otro punto del orden del día, se dio cuenta con la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, a fin de ampliar las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG). Dicha propuesta legal fue presentada por el Grupo Parlamentario del PRI.