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PERMANECE ‘CONGELADA’ UNA INICIATIVA DESDE LEGISLATURA ANTERIOR

Pide Morena que la UG deje de cobrar inscripciones en prepas y licenciaturas

Cobra $1,240 por presentar examen de admisión y $1,600 pesos por semestre en prepa

La diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del GP Morena
La diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del GP Morena
Pide Morena que la UG deje de cobrar inscripciones en prepas y licenciaturas

Guanajuato. La diputada Irma Leticia González Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un punto de acuerdo a fin de exhortar al Patronato de la Universidad de Guanajuato y al Consejo General Universitario, para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin reducir en su totalidad los aranceles de inscripción, al menos, en todos los programas académicos de nivel medio superior, técnico superior universitario y licenciaturas.

La congresista morenista recordó que en la pasada legislatura, el grupo parlamentario de Morena presentó un exhorto dirigido a la Universidad de Guanajuato, a efecto de que llevaran a cabo las acciones necesarias a fin reducir en su totalidad los aranceles de inscripción a todos los programas académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad de Guanajuato, como una medida para avanzar en la garantía del derecho a la educación en Guanajuato.

Sin embargo, dijo que como es habitual, dicha iniciativa de Morena permanece congelada en la comisión de educación pese a la importancia del tema. Por ello, a través del presente punto de acuerdo insistió en la necesidad de que en la máxima casa de estudios se establezcan medidas a fin de garantizar el derecho a la educación.

 “Casi todas las sociedades modernas hemos reconocido la necesidad de que existan profesionales en los diferentes rubros de las ciencias y artes, por lo cual valoramos construir sistemas educativos financiados por el Estado. Tal es el caso de la política educativa del actual gobierno federal, según la cual se han otorgado becas universales a la par de que se han construido y financiado universidades públicas gratuitas a lo largo de todo el país”, dijo Irma Leticia.

Sin embargo, lamentó que, pese a la importancia de la educación, existan muchas barreras financieras a las que se enfrentan tanto las personas que buscan ejercer el derecho a la educación como sus familias.

Ante el inminente regreso a clases de muchas instituciones educativas puso sobre la mesa los costos directos de la educación pública; las cuotas escolares que deben cubrirse para intentar ingresar a los niveles medio superior y superior, así como al inicio de cada ciclo escolar.

Indicó que, en la Universidad de Guanajuato, durante este 2021, los gastos directos incluyen $1,240 pesos sólo por el derecho a presentar examen de admisión, a los que se suman $1,600 pesos por inscripción semestral al nivel medio superior y $1,840 cuando se trate del nivel superior en licenciatura o en grado de técnico superior universitario ; sin mencionar los $1,930 que cuesta la inscripción a programas de lenguas extranjeras, necesarios para cubrir las exigencias lingüísticas exigidas por la propia  universidad en sus diferentes programas de estudio .

“Desde el Grupo Parlamentario de Morena lo sostenemos: estos costos son insorteables para las familias que ya de por sí hacen un esfuerzo importante para solventar el costo de oportunidad y los gastos indirectos que representan que uno de sus miembros estudie (…) Por esto, dichos costos también pueden convertirse en responsables de que las hijas e hijos de las familias trabajadoras de Guanajuato opten por abandonar sus estudios, o que ni siquiera intenten ingresar a los mismos”, lamentó Irma Leticia.

En el estado de Guanajuato la pandemia provocó cifras de deserción alarmantes, pues de acuerdo con la Secretaría de Educación de Guanajuato, en todos los niveles educativos, la deserción escolar se tradujo en que más de 80 mil alumnos abandonaran sus estudios.

Sin embargo, dio cuenta de que la gran mayoría corresponde a alumnos que desertaron del nivel medio superior y universitario, con aproximadamente 73 mil estudiantes, “las y los estudiantes de la Universidad de Guanajuato no han sido inmunes a dichas problemáticas, encontrándose en más de una ocasión con barreras financieras para continuar con su formación en los niveles medio superior y superior”.

Uno de los argumentos para no eliminar el cobro de inscripción en la Universidad de Guanajuato es que, sin éste, la universidad sería incapaz de funcionar correctamente y subsistir; e incluso, que con dicho presupuesto se financian las becas y las condonaciones para quienes no pueden pagar la inscripción.

No obstante, expuso que la realidad es que las becas otorgadas apenas han llegado a un máximo histórico de 32 millones 143 mil pesos en 2020, mientras que las condonaciones, que no son accesibles para todas y todos los estudiantes, apenas implican un gasto de 16 millones 629 mil pesos en 2020; es decir menos de 49 millones entre ambos conceptos en 2020, mientras que en el mismo año por inscripciones tan solo en el nivel superior se recaudaron más de 107 millones 238 mil pesos.

Además, indicó que la suficiencia presupuestal es tal que, al menos desde 2017, la máxima casa de estudios del estado tiene cantidades de subejercicio que van desde los 498 hasta los 890 millones de pesos anuales8, que sin ningún problema darían solvencia presupuestal a eliminar los costos directos de la educación pública en dicha institución, sin tocar un solo peso de becas, mientras que las condonaciones resultarían innecesarias.

Lo anterior, sin mencionar la totalidad de los remanentes de patrimonio generado por la institución a lo largo de los años, y que al primer trimestre de este 2021 ascendían a más de $2 mil 786 millones de pesos, así como que la Universidad de Guanajuato recibe recursos públicos suficientes para su óptimo funcionamiento.

Por ejemplo, en 2020 recibió del erario $3 mil 9 millones 330 mil 184 pesos, sin perjuicio de lo que además recibe constantemente por concepto de donaciones, contraprestación de servicios, o recepción de herencias no reclamadas.

Por lo anterior, señaló que la negativa puede tener otras motivaciones, tales como los cuestionamientos que tendrían los casi $168 mil pesos mensuales que percibe el rector general o los más de $151 mil que percibe el secretario general mensualmente, así como la evidente falta de austeridad con que viven las élites universitarias.

“Debemos reconocer que hay un largo camino por recorrer para garantizar el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad. Por esto, en consonancia con los esfuerzos del gobierno federal, es necesario que en esta entidad comencemos a realizar acciones en favor de este objetivo, a la par de que valoramos que sea la Universidad que se fundó por amor a los desheredados”.

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