Guanajuato, Gto. "El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, está comprometido con la transparencia y rendición de cuentas; por ello, busca sentar las bases que regulen y permitan al Estado y a los municipios, eficientar sus procesos de planeación, estimación y aprobación de los presupuestos, disminuyendo los riesgos de quiebra financiera en los gobiernos y limitando el crecimiento indebido del gasto burocrático", dijo en su mensaje en Tribuna la diputada Elvira Paniagua Rodríguez, al presentar la iniciativa de reformas en materia de Disciplina Financiera. 

La legisladora recordó que el pasado 27 de abril del presente año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto con el que se expidió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual tiene como objetivo el establecimiento de principios presupuestarios, de deuda pública y transparencia, que permitan un manejo sostenible de las finanzas públicas, incluyendo el uso responsable y moderado del endeudamiento público para financiar el desarrollo.

"Por lo tanto, el propósito de esta legislación es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria que permita a las entidades federativas, el caso particular Guanajuato y sus municipios, conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. Específicamente, determina disposiciones para un manejo sostenible de las haciendas locales, para la contratación y registro de deuda pública y otro tipo de obligaciones, así como de transparencia y de rendición de cuentas", abundó. 

Paniagua Rodríguez resaltó que "nuestra entidad no representa un riesgo en lo que a la contratación de deuda se refiere; no obstante, es necesario establecer nuevas reglas para la contratación del endeudamiento público así como establecer un marco jurídico que permita homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo".

Precisó que la base de la iniciativa que presentó, "tiene su origen en los principios de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, reconociendo los efectos positivos que ha generado, pero asumiendo la necesidad de replicar una normativa de esa índole en el ámbito estatal y municipal, dadas las diferencias en competencia y estructura de sus finanzas públicas, así las cosas, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria seguirá rigiendo a la Federación mientras que para las entidades federativas y municipios será competente la Ley de Disciplina Financiera que, en ese contexto, el artículo tercero transitorio de dicha normativa, estableció a las entidades federativas un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la Ley, para realizar las adecuaciones correspondientes a las legislaciones estatales".

La legisladora, quien es también presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso local, remarcó que "nos corresponde aquí, desde esta Asamblea, revisar, analizar y adecuar nuestro marco normativo y que esté a tono con las nuevas disposiciones federales y sobre todo, que garantice a los guanajuatenses un uso responsable y moderado del presupuesto y del endeudamiento público. Esto es una exigencia de la ciudadanía imposible de ignorar, pero también es una necesidad apremiante para que el Estado y los municipios cuenten con finanzas sanas, y estén en posibilidades de cumplir sus obligaciones con los ciudadanos".

Paniagua Rodríguez precisó que la iniciativa de reformas en materia de Disciplina Financiera contempla entre sus principales puntos, los siguientes:

1. El Gobierno del Estado y los municipios estarán obligados a contar con finanzas sanas y sostenibles, es decir, se buscará que siempre exista un equilibrio entre los ingresos y los egresos de los entes públicos. Además el endeudamiento que se pretenda contratar deberá estar siempre dentro del techo financiero que determine el Sistema de Alertas previsto en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

2. Sólo podrá presentarse un balance negativo en las finanzas estatales cuando se presente una caída en la economía nacional y en las participaciones federales previstas en el Presupuesto de Egresos y en caso de que se presenten desastres naturales que generen costos extraordinarios de reconstrucción.

3. Toda propuesta de aumento al gasto deberá estar acompañada igualmente de una propuesta de ingreso o de ajuste en otras previsiones de gasto, esto para mantener en todo momento el balance presupuestario.

4. Todas las iniciativas que se presenten en el pleno de este Congreso, tratándose de proyectos de ingresos y egresos en el ámbito estatal e ingresos en lo municipal, deberán contar con una estimación de impacto presupuestario.

5. Al igual que el Estado, los municipios estarán obligados a contar con balances presupuestarios sostenibles y su endeudamiento igualmente estará sujeto a no exceder el techo de financiamiento establecido por el Sistema de Alertas establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

6. En lo referente a contratación de deuda pública y otras obligaciones, esta iniciativa ratifica que la contratación de nueva deuda de largo plazo, ya sea estatal o municipal, requiera invariablemente la aprobación de dos terceras partes de los diputados presentes en la Sesión que haya de someterse a discusión dicho crédito.

7. Asimismo, se podrá reestructurar o refinanciar la deuda sin autorización del Congreso en caso de que logre refinanciamientos con mejores tasas de interés, y también siempre y cuando no se amplíe el saldo insoluto y no se extienda el plazo de vencimiento original de los financiamientos a reestructurar.

8. En caso solicitar un crédito superior a los 40 millones de Unidades de Inversión, por sus siglas UDIS, en el caso del Estado y de 10 millones de UDIS en el ámbito municipal, invariablemente se deberá realizar un proceso competitivo donde participen al menos 5 instituciones financieras, de manera que se asegure una competencia real para obtener las mejores condiciones crediticias en tasa de interés, monto y plazos.

9. Respecto a la contratación de obligaciones a corto plazo, en esta iniciativa se contempla la contratación de créditos a corto plazo sin solicitar autorización del Congreso, siempre y cuando el monto solicitado no exceda el 6% de los ingresos totales y que el financiamiento sea liquidado 3 meses antes de que concluya el periodo de gobierno de la administración correspondiente. En estos créditos también se requerirá un proceso competitivo donde al menos participen dos instituciones financieras para asegurar las mejores condiciones.

10. Asimismo, se obliga a las autoridades estatales y municipales a publicar en sus portales de internet el registro de sus respectivos créditos y, en lo federal, también deberán asentarlos en el Registro Único que para tal efecto crea la Federación, ello en aras de una mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.