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Propone GPPAN auditar administración anterior de Salamanca Guanajuato

Buscarían evidencias de corrupción

Propone GPPAN auditar administración anterior de Salamanca Guanajuato

Guanajuato, Gto.. El Grupo Parlamentario del PAN presentó un punto de acuerdo para que se le  ordene a la Auditoria Superior del Estado la realización de una auditoría integral a la administración pública municipal de Salamanca, por los meses de octubre, noviembre y diciembre del ejercicio fiscal del año 2015; los ejercicios fiscales de los años 2016 y 2017; así como por los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio fiscal del año 2018.

En la exposición de motivos, el diputado Juan Antonio Acosta Cano señaló que en la propuesta se le solicita a la Auditoría Superior que se apliquen con todo rigor y de manera amplia, los procedimientos técnicos y administrativos que tenga a su alcance para conocer la verdad de los hechos que se señalan y en su caso deslindar responsabilidades.

“Los ciudadanos y la opinión pública merecen respuestas claras a las constantes interrogantes que generaron de manera reiterada diversas publicaciones de los medios de comunicación con respecto a las presuntas inconsistencias y posibles actos de corrupción en la que pudieran haber incurrido servidores públicos, es necesario aclarar si es verdad que se generaron compromisos que rebasaron por mucho la capacidad financiera del municipio, o si hubo despilfarro, descuido y pérdida de recursos en la administración municipal de Salamanca, por el período 2015 - 2018 que encabezó Antonio Arredondo Muñoz, tal como lo presume la actual alcaldesa de Salamanca, Beatriz Hernández Cruz,”, subrayó.

El congresista refirió que en el supuesto de que en la auditoria solicitada se encontraran actos ilegales o derivara en responsabilidades, se exigirá que se aplique todo el peso de la ley a quienes pudieran ser responsables.

Asimismo, subrayó que el Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión del manejo y aplicación de los recursos públicos a cargo de los poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación; y de aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre dichos recursos.

“La administración, ejercicio, aplicación y control de los recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, las que establecen los mecanismos e instrumentos para que se cumplan y para cuando tales objetivos no sean observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables. Nuestra obligación como representantes ciudadanos es que se activen todos y cada uno de los instrumentos legales que se tienen”, sostuvo.

La propuesta legal fue turnada a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su estudio y dictamen.