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Uno de los temas de mayor debate en el mundo moderno es sin lugar a dudas el de la existencia y funcionalidad de la democracia. Más allá de la idea generalizada de que la democracia se puede definir como “el gobierno del pueblo”, la discusión gira en torno a la forma en la que el ciudadano ejerce dicho poder, es decir, en la forma en que se gobierna o, dicho más correctamente, cómo se autogobierna.

Es evidente que nos referimos a la democracia representativa, que encuentra su origen en la democracia liberal que tomó fuerza como forma ideológica en el Siglo XIX.

Es precisamente éste uno de los elementos sobre los que intenta reflexionar el presente documento: el origen y fundamentos del liberalismo como forma de pensamiento predominante en el siglo XIX y que imprime su sello en la actual forma de organización política.

A principios de los años ochenta, como rechazo al pensamiento Keynesiano, aparece la nueva corriente teórico-filosófica a la que conocemos como neoliberalismo. La característica fundamental que encontramos en la democracia neoliberal representativa (que observa como calificativo más importante las elecciones), es que si bien es cierto promueve la elección de dirigentes y gobernantes, descubre ciertos aspectos excluyentes, como por ejemplo, que el elector elige de entre candidatos, que a su vez, son propuestos por partidos políticos que no siempre consideran la opinión del ciudadano. Es decir, los partidos proponen a sus cuadros políticos (no siempre formados por ellos, en ocasiones, se trata de candidatos que han militado en más de una opción), no necesariamente formados en las bases partidistas y sociales, lo que impide al ciudadano tener control sobre quién podrá ser su referente a la hora de decidir su voto.

En este sentido, la construcción de una ciudadanía sólida, y la apropiación de una cultura política democrática no encuentran un campo fértil y quedan a la deriva de fenómenos que orientan la percepción del ciudadano y a final de cuentas, su definición electoral. Es decir, bajo estas circunstancias, el voto se consolida como la única forma de participación ciudadana. Y además, no es completamente racional, ya que, al no ser el resultado de un proceso de construcción ciudadana, es presa de intereses y formas poco democráticas como la compra o persuasión.

Es importante señalar que fragmentos de lo que aquí se presenta (sobre todo lo relacionado con el origen del pensamiento liberal) fueron publicados en el libro Marginación y comportamiento electoral 1992-2001 y forman parte de una investigación mayor, aquí han sido rescatados para dar continuidad a la reflexión.

Como decíamos antes, hay una idea generalizada de que el origen data de la Grecia clásica, probablemente del pueblo de Atenas:[2] democracia o Demokratia proviene de las palabras griegas demos, el pueblo, y kratos, gobierno.[3]

La democracia tiene como elemento fundamental la participación popular en las cuestiones de gobierno, es decir, se trata de un sistema político mediante el cual, el pueblo decide la forma de gobierno que desea, ejerciendo de manera directa su soberanía. Dicha voluntad se manifiesta primordialmente con el voto y que éste representa la vía para hacer efectiva la participación de la población en la vida democrática del país.

A la caída de la edad media en el siglo XVII aparecen nuevas teorías democráticas en Europa, éstas en Gran Bretaña, y contemplaban dos tipos de sociedad: una en la que no existe distinción de clase y otra clasista. Estas teorías democráticas, consideradas modernas, veían una sociedad mejor, una sociedad igualitaria, sin opresiones al pueblo, además de ofrecer formulas para un sistema de gobierno.[4]

Liberalismo vs democracia[5]

Liberalismo y democracia son dos conceptos que se puede creer, son interdependientes, pero en su espíritu no es así, por el contrario son distintos e incluso pueden llegar a ser contradictorios. Cuando hablamos de liberalismo nos referimos también a “cierta democratización del Estado”, pero no se trata de una democracia ideal, como la que postula la teoría igualitaria, donde todos los sujetos tienen igual número de oportunidades, sino de una democracia digamos parcial o limitada, que beneficia a unos cuantos, a las clases pudientes, la población tiene facultades que en el absolutismo no, pero la distancia entre las clases es aún muy amplia.

En esta lógica, la democracia es ejercida —y en buena medida utilizada— por una cúpula o clase dominante, que subordina los interés colectivos a los intereses individuales o de clase, haciendo más marcada la calidad clasista de la sociedad y limitando fuertemente la igualdad, como lo expone Bobbio cuando escribe: “… liberalismo e igualdad son valores antitéticos, en cuanto no se puede realizar uno sin limitar fuertemente el otro”.[6]

Los liberales pugnaron por la igualdad, pero no vista como la teoría democrática, ya que dicha igualdad se refería sólo a las clases pudientes, es decir, en la propiedad; en la democracia, la igualdad es un concepto más amplio en el sentido de que busca abarcar a todos los individuos. Esta es la causa por la que el liberalismo surgió de hecho en regímenes donde la apertura ciudadana no existía o era muy limitada.

En esta lógica, el rechazo al absolutismo o monarquía impulsadas principalmente por la obsoleta aristocracia, encuentra en el Estado liberal-democrático una salida. Así la democracia no sólo puede ser nivelada con el liberalismo, sino incluso la democracia puede ser vista como resultado del perfeccionamiento de un Estado liberal, “…no sólo el liberalismo es compatible con la democracia, sino que la democracia puede ser considerada como el desarrollo natural del Estado liberal”.[7]

Sin olvidar el sentido utilitario del régimen, lo que permite su vigencia. Así, el liberalismo y la democracia han hecho hoy día una mancuerna inseparable, “…hoy no serian concebibles Estados liberales que no fuesen democráticos, ni Estados democráticos que no fuesen liberales”.[8]

La democracia hoy

El combate a la pobreza es una constante en el discurso gubernamental, en términos generales, la pobreza es el síntoma más grave de la exclusión social, ya que refleja de una manera clara el deterioro de las condiciones de vida de la población. Y además, representa la principal causa de violencia por la que atraviesa nuestra coyuntura. En nuestra lógica, el combate a la delincuencia debe ser con un programa integral, no sólo con la persecución de los delitos. Y es evidente, que la generación e impulso del empleo digno y bien remunerado, y la disminución real de la pobreza jugarían un papel fundamental.

La situación es grave, no sólo por las altas cifras de pobreza que embargan todo país, sino por las pocas posibilidades que tienen amplios sectores poblacionales para al menos disminuir los embates de tal situación. Ésta es la razón por la que la pobreza representa la bandera político-electoral y gubernamental más popular hoy en día.

De hecho, el primer programa que al menos, los últimos 5 periodos presidenciales han impulsado tiene que ver con la pobreza. El actual gobierno de Enrique Peña Nieto lo tituló “Cruzada contra el hambre”, en él, se articulan diversas estrategas estratificando al territorio nacional por regiones.

En el año 2002 se registraban 53.7 millones de mexicanos que no tenían ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas de comida, vestido, calzado, para pagar una vivienda digna, comprar medicinas, o para educarse. De éstos, 24 millones, es decir la cuarta parte de los mexicanos vivían en extrema pobreza, que son aquellos que no tienen nada.[9]

Para 2008, la cifra se ubicaba en 49 millones de acuerdo al INEGI, sin embargo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), al 2010 ubicó a 52 millones de personas en situación de pobreza, algo así como el 46.3% del total de los mexicanos, lo que significa, que en el 43% de los municipios de la República el 75% de los ciudadanos viven en situación de pobreza.[10]

La mitad de la población total de nuestro país pues, se encuentra en condiciones de marginación social en todo el periodo mencionado, sin reflejar mayor mejoría, es decir, amplias capas sociales son excluidas social y económicamente de desarrollo de una sociedad “democrática”.

Pero, por otro lado, al 2011, nuestro país, este México de terribles contrastes, cuenta de acuerdo con la revista FORBES ya con 11 hombres situados entre los más ricos del mundo, es decir, millonarios, lo que permite ver la injusta distribución de la riqueza y la polaridad social.[11]

Ahora bien, si a esto le agregamos los altos índices de desempleo, la situación de los pobladores de nuestro país es aún más grave. Poniendo en entredicho las cifras oficiales que el periodo de Felipe Calderón pregona a unos días de dejar el poder, el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reveló entre otras cosas lo siguiente:[12]

● En México hay 8 millones 671 mil personas desempleadas, 32.7% más que en el sexenio de Vicente Fox.

● La tasa general de desempleo supera el 15%, a diferencia del 5, promovida por organismos y medios oficiales del gobierno federal entre ellos el INEGI tomando informes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Mediante la apertura electoral, el Estado busca contener el descontento que se origina de dicha exclusión, incorporando políticamente a la población. En la democracia moderna, el gobierno está ejercido por representantes elegidos por el pueblo, vía sufragio popular.

Los representantes provienen de aquellos que postulan los partidos políticos para ocupar un cargo de elección popular. En México contamos con un sistema pluripartidista, la elección del pueblo de sus representantes puede ser tomada de entre varios partidos políticos. Para Sartori los sistemas democráticos necesariamente son aquellos donde existe más de un partido político, de preferencia varios.[13]

Sin embargo, se han presentado un distanciamiento cada vez más significativo entre los representantes y los representados. Ni los partidos políticos, ni los gobernantes logran cristalizarlas aspiraciones fundamentales de la población, quien los eligió para ese fin. Sus funciones giran en torno y en representación de intereses particulares o inherentes a una determinada fracción o grupo. “… en México la representación de intereses particulares domina sobre los intereses populares”,[14] “… el Estado se ha convertido en una corporación con intereses particulares () se ha distanciado de las clases populares a las que pretendía representar”.[15] Obviamente, esto está estrechamente relacionado con el modelo económico impuesto, que promulga la reducción del gasto estatal tanto en su aspecto económico como social, lo que limita la transferencia de bienestar a las masas, dado la reducción del empleo y de subsidios a bienes y servicios básicos.

Esta subrepresentación social, aunada a un mal desempeño en términos de defender intereses comunes por parte de los gobernantes y legisladores, han desembocado en un malestar social de la población, esto hace ver mas lejana la idea de una igualdad política y económica de la población, valor de la democracia. Así, la democracia es reducida al derecho al voto.

Las elecciones en el sistema neoliberal justifican una garantía de igualdad política de los ciudadanos, al ejercer su voto, el ciudadano siente que está contribuyendo con su país para mantener viva la democracia, pero al mismo tiempo, los gobernantes aprovechan esto para legitimarse en el poder, “es el pueblo quien decide quien lo represente”, es decir, el pueblo está de acuerdo con las decisiones tomadas, justificando así su mal actuar en ámbitos como el económico, el social, etc.

No obstante, lo anterior se dificulta cada vez mas. Debido a que los gobernantes no han podido solucionar los problemas de pobreza, de delincuencia, desempleo, etc., han tenido que enfrentar una creciente apatía de la población reflejada en una tasa muy alta de abstencionismo electoral, en la cual no prospera la legitimación.

Reflexiones

La concepción actual de democracia tiene su sustento en los procesos electorales, de ahí se determina si se es o no democrático. El objetivo de las elecciones es la designación popular de sus representantes, pero al parecer, éstos olvidan rápidamente los intereses que deben representar. En este sentido, la democracia, sus alcances y funciones se limitan a construir electores, no ciudadanos.

La política pública es ineficiente, y sobre todo electorera y con pocos alcances. En el mejor de los casos, es pensada y diseñada para un sexenio o periodo gubernamental. Lo que implica que sea ineficiente en el combate real de la pobreza, además, la evidente carencia de un programa integral, que permita generar empleos dignos, bien remunerados y estables, formación y habilitación de los trabajadores, consolidación de un entramado jurídico e institucional menos severo y el diseño de estrategias demográficas, hacen del fenómeno de la pobreza un factor de uso político, perpetuando las necesidades e incrementando el abandono.

La respuesta no está en la clase política, o al menos, no se observa una definición seria. Es decir, si la pobreza es seguramente el tema más apremiante de la agenda social de México, uno esperaría encontrar propuestas de debate en las plataformas políticas de acción gubernativa, en las que, como característica primordial, se encuentre un diagnóstico real de la situación por la que atraviesan los ciudadanos, esos, que en términos políticos, son sus representados, con lo que se pierde la función específica de la democracia representativa.

Los altos índices de abstencionismo electoral presumen el descontento social a la clase política y a las instituciones, principalmente a los partidos políticos. Por un lado, la participación política del ciudadano es limitada a lo electoral como ya dijimos, pero además, el ciudadano sólo puede votar por candidatos postulados por estos institutos (a pesar de iniciativas para permitir el registro de candidatos ciudadanos en Estados como Zacatecas, los candados legales y prácticos son muy severos y rígidos, lo que hace prácticamente imposible la competencia), lo que no permite la libre elección del ciudadano y con ello, representa un impedimento en la construcción de ciudadanía.

La situación de marginación y vulnerabilidad en que se encuentra buena parte de la población, los hace presa fácil de la manipulación mediática y electoral, y representa un obstáculo serio, tanto para la superación de dicha desventaja, como en la construcción de una cultura política democrática y sólida, haciendo de esto, un circulo vicioso difícil de romper.