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La democracia representa la desesperanza de encontrar héroes que os gobiernen, y la resignada conformidad con la falta de ellos.
Thomas Carlyle

Introducción

Con el regreso del PRI a la presidencia de la República se haría indispensable, como primera tarea, la reorientación del modelo económico y la necesidad de retomar el papel activo, característico desde los años treinta y hasta inicios de los ochenta del siglo previo, del Estado en la política económica y, aunque en menor medida, en la política social. Frente a la nueva realidad, que  presenta un casi estancamiento de la economía durante las últimas tres décadas, una economía que ha sido incapaz de generar los puestos de trabajo que demanda la población, y, en contraparte,  de un crecimiento continuo de la pobreza y la marginación, el Estado no puede seguir manteniéndose como un mero “espectador del acontecer económico nacional”, como calificó Jesús Silva Herzog la situación de los años ochenta.[2] Si esa reorientación fuera posible, quedarían por realizar tareas más importantes encaminadas a revertir los profundos daños que semejante modelo depredador ha dejado en el conjunto de la sociedad.

En términos generales, el presente documento pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Con el inicio de un nuevo gobierno, existe alguna señal que indique que habrá alguna modificación del  fracasado modelo neoliberal vigente durante las últimas tres décadas?

De manera preliminar, la realidad del actual gobierno también lo es, se puede afirmar que, no obstante que durante el último lustro esa ideología neoliberal ha desencadenado, a nivel global, la más severa crisis en lo que tiene de vigencia, se mantiene arraigada en la mente de la clase política que dirige el país. Desde luego, no es que en el pasado haya tenido algún éxito. Desde su puesta en marcha, a comienzos de los años ochenta del siglo pasado, el experimento neoliberal ha sido un rotundo fracaso, si se piensa en las consecuencias, en primer lugar, para la mayoría de la población del país y también en términos económicos. Algo tiene que ver, casi seguramente, que el actual gobierno presente una gran afinidad con los gobiernos que pusieron en marcha esta visión de la realidad económica y social. Por ello, la esperanza de una modificación en el diseño de las políticas públicas hasta ahora puestas en marcha parece una mera ilusión.

Breve recuento de daños y engaños

El protagonismo desempeñado por el Estado en la economía durante un medio siglo, se perdió entre los años ochenta y principio de los años noventa con los gobiernos priistas: de “renovación nacional” (Miguel de la Madrid Hurtado) y de “liberalismo social”  (Carlos Salinas de Gortari). El gobierno del “bienestar para tu familia” (Ernesto Zedillo) simplemente reafirmó y consolidó lo que se había iniciado con el primer gobierno neoliberal. Ese papel lo ocupan, desde entonces, los organismos del tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y, más tarde, la Organización Mundial del Comercio que definen, como es el caso de la inmensa mayoría de los países, las directrices de la política económica y social.

Los gobiernos panistas (2000-2012) simplemente, por su carácter neoliberal y de derecha, no solo continuaron, sino profundizaron el proyecto histórico de subordinación de México a la expansión de las corporaciones globales y la integración dependiente a los Estados Unidos de Norteamérica.[3]

En ese proceso se impuso, bajo la directriz de la tecnocracia ahora de regreso, un entramado de políticas que impactan en el curso de la actividad económica y, sobre todo, afectan a distintos sectores de la población. Son consecuencia de estas acciones, por ejemplo:

* La parálisis productiva: considerando el período posrevolucionario del país, no se había presentado un crecimiento prácticamente de cero. El primer gobierno neoliberal, el de Miguel de la Madrid, tiene ese “mérito”. En efecto, “la tasa de crecimiento porcentual anual promedio del PIB entre 1983 y 1988 es de 0.1”.[4] Sin embargo, justo es reconocer como mérito también, que como imagen caricaturesca del candil de la calle y la oscuridad de la casa, Miguel de la Madrid se convirtió en el “hombre FMI”, algo que ningún otro presidente, a pesar de un denodado esfuerzo y su talento en ese sentido, no han conseguido hasta la fecha. Durante una etapa de casi 30 años (1982-2010), la economía creció a un ritmo promedio apenas de 2.2 por ciento del PIB, mientras la población aumentó 2.1 por ciento.[5]

* La venta a remate de las empresas públicas: en los primeros dos gobiernos neoliberales casi se terminó la participación del Estado en la economía; de las 1,155 empresas públicas existentes en 1982, a mediados de 1993 quedaban 213. De acuerdo con el principal protagonista de este proceso,  Jacques Rogozinski,[6] el objetivo de esta venta masiva radicaba en: fortalecer las finanzas públicas, canalizar adecuadamente los escasos recursos del sector público en las áreas estratégicas y prioritarias, eliminar gastos y subsidios no justificados, promover la productividad de la economía y mejorar la eficiencia del sector público. En la actualidad queda poco que vender en manos del Estado, aunque el gobierno ya inició la elaboración de las etiquetas de petróleo y energía. Por otra parte, los propósitos que se adujeron para la venta en muy poco han tenido éxito. Resulta, a este respecto muy sugerente, desde el mismo título, el más reciente libro del “Og Mandino mexicano” (el vendedor de empresas públicas más grande del mundo), en el cual, además de criticar el comportamiento histórico del país, pero muy consciente de que hay poco que rematar, sugiere, como último objeto de venta de México, “crear un relato sobre México y venderlo”, con ello se conseguiría “volver a creer”.[7] Enquistado en Nacional Financiera en el actual gobierno, como otros salinistas exitosos,  tendrá ocasión, seguramente, de hurgar  en las recetas del Banco Mundial y Fondo Monetario que, le parece, no han recibido la suficiente atención. Aunque su jefe, Enrique Peña Nieto, se empeña en considerar los mandatos de la OCDE y el Banco Mundial para concretar las distintas reformas estructurales no como recetas sino como “conocimientos”.[8] ¡Como sabiduría que es, hay que seguirla al pie de la letra!

* Evidentemente, este proceso de privatización y la consecuente desindustrialización como resultado de la reducción de las inversiones del Estado, que debiera ser el principal inversor en toda economía,  propiciaron un drástico descenso en la generación de empleos (los empleos formales creados durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado ascendieron a 433 mil plazas, frente a los casi 6 millones en el sexenio de José López Portillo y más de 2 millones y medio en el gobierno de Luis Echeverría).

* En realidad, la venta de las empresas paraestatales facilitó los recursos para el puntual pago de los intereses de la deuda externa, no suspendidos ni siquiera en los momentos más aciagos del año 1985 y años posteriores. Según datos del FMI, entre 1980 y 1997, México pagó casi 150 mil millones de dólares por concepto de intereses de la deuda externa. En este último año, 1997, pagó 10,800 millones de dólares. Esta cantidad era equivalente a 287 veces el dinero destinado a todos los programas sociales, que apenas alcanzaban un monto de 37 millones de dólares; los recursos destinados para el pago de la deuda representaba más de 3 mil veces los recursos destinados al combate a la pobreza, cuyo monto era de 3 millones 600 dólares.[9]

* Un Tratado de Libre Comercio (TLCAN), participando con Canadá y los Estados Unidos de Norteamérica, a todas luces sin ventajas para la economía mexicana pero vendido a la opinión pública como la puerta al desarrollo, que permitiría los aumentos en la productividad y en la generación de empleos. Pese al TLCAN, la economía en general, no vista desde sectores específicos exportadores, como las maquiladoras, no ha mostrado ese dinamismo prometido. A casi dos décadas de la puesta en marcha y, a pesar del casi medio centenar de tratados comerciales, el comercio sigue realizándose en un 80 por ciento con los Estados Unidos.  Por otra parte, el hecho de que la Constitución establezca  que algunos sectores claves de la economía son propiedad de la nación, no impidió su enajenación. Simplemente, se vota, sin esforzar demasiado el magín,  una reforma y se modifica la Carta Manga (se legaliza una práctica ya existente, aducirán  los legisladores, “orgullosos” de su acertada decisión). Por ejemplo, solamente en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se aprobaron casi treinta enmiendas para ajustar la legislación al tratado de Libre Comercio.[10] Al propio tiempo, en 1993 como exigencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se dio la liberación  de los movimientos de capital, elemento que permite explicar la crisis en el inicio del sexenio de Ernesto Zedillo. Lo más grave radica en que, a partir de entonces, como parte del proceso mundial, se ha consolidado un poder monetario privado que condiciona y diseña cualquier política económica, dando “…lugar a la aparición del casino financiero en donde reinan sin apenas competencia los grandes banqueros para tratar de adueñarse del mundo”.[11]

* La mercantilización de la propiedad de las tierras ejidales a través de la reforma del artículo 27 constitucional. Dicha reforma fue justificada, principalmente, en la garantía y seguridad que ahora tiene el campesino para disponer de su parcela,  como en la falta de productividad y competitividad de la agricultura campesina de acuerdo con la lógica capitalista y en el exceso de trabajadores en el campo. En realidad, la reforma permite transformar la antigua propiedad social en una mercancía, junto con sus antiguos poseedores. El capitalismo no tolera medios de producción sociales. Con ello, culmina el apoyo al campo; es decir, se  genera el desmantelamiento de lo que habían sido los principales instrumentos de política agrícola: precios de garantía, inversión pública, subsidios, crédito, extensionismo, organización económica de los productores y sanidad. Instrumentos que hicieron posible, a fines de los años setenta, que México se convirtiera en un exportador de alimentos. Un proceso que se revierte y perdura, a la alza, en nuestros días. Por desgracia, en los últimos diez años, se han cuadruplicado las importaciones de maíz. Mientras que la compra de productos agropecuarios es actualmente de 12,330 mmd, más del doble que hace una década. En el momento en que se plantea un programa para “erradicar el hambre”, se tendría que ser consciente de que, acabar con el hambre no pasa por el mantenimiento de programas de caridad, como ha sido la lógica de los programas asistenciales; un primer paso esencial radicaría en el fortalecimiento de la producción local de alimentos, pero ello conlleva el abandono de la visión neoliberal que concibe a la agricultura como un sector exportador. Como está planteado el programa contra el hambre pareciera el guión de una pésima película en que las trasnacionales que generan obesidad y desnutrición cumplen el papel de actores centrales. Será por ello que el aumento en alimentos y medicinas llegará pronto.

* El brutal recorte de los servicios sociales se tradujo, por ejemplo, en una disminución del “presupuesto sanitario del 4.7% al 2.7% del conjunto del gasto público, hasta el Banco Mundial se vio obligado a reconocer que el gobierno mexicano ‘está gastando menos de lo previsto en sanidad’. No es sorprendente, por lo tanto, que la mortalidad infantil por malnutrición casi se triplicara respecto de los años setenta”.[12] Considerando un período histórico más amplio, en 1980 el gasto social representaba 20 por ciento del gasto del gobierno, en 2008 era de 12 por ciento. Con ello se ha generado privatización y subrogación de los distintos servicios públicos.[13]

Los costos sociales generados por esta ausencia del Estado en la rectoría de la economía han sido muy grandes.

• Creciente desempleo que alcanza más del 7 por ciento de la población económicamente activa. Adicionalmente, 29 millones de los que tienen empleo, 60.1 por ciento de los ocupados, se desempeñaban en actividades informales.[14] El panorama es, entonces, de ausencia de sistema de seguridad para tres de cada cinco trabajadores, y una pérdida de 75 por ciento del poder adquisitivo de los salarios durante el periodo.
• Incremento de la pobreza (según el Banco Mundial, unos 60 millones de mexicanos son pobres, de los cuales 22.3 millones son extremadamente pobres). El país se ha convertido en uno de los países con mayor porcentaje de pobreza en el continente, en un proceso que cada vez suma a más compatriotas en esta situación. Apenas uno de cada cinco mexicanos es ajeno a la pobreza y uno de cada cuatro no tiene posibilidades de satisfacer sus necesidades de alimentación.[15] Tan solo “…en los dos últimos años, un millón 300 mil mexicanos se sumaron a la población en pobreza extrema, pese a los recursos públicos invertidos a través de diversos programas sociales”.[16] No puede ser de otro modo, tratándose de programas focalizados de caridad, en un derrotero que va de Pronasol, Progresa y Oportunidades que perpetúan la pobreza, como manjar apetitoso  para los políticos neoliberales.

Sin embargo lo más grave que está produciendo la ideología del neoliberalismo, además de las políticas ya en marcha, radica en un proceso de destrucción de nuestra capacidad de pensar y con ello de nuestra capacidad creadora. Desde Francis Fukuyama con la idea del “fin de la historia” o la afirmación categórica y criminal de Margaret Thatcher consistente en que no “hay alternativa”, se ha generado una aceptación sumisa de los gobiernos, que aceptan, como “conocimientos”, los dictados de los organismos y los falsos expertos de la economía que encabezan el neoliberalismo, asumiendo por consecuencia la ausencia de alguna decisión política.

La necesidad del Estado de bienestar frente a su perversión neoliberal

En un medio globalizado y de hegemonía del pensamiento neoliberal se afirma que los problemas que enfrentan las economías tienen su origen en algún tipo de intervención estatal; intervención que genera distorsiones en la asignación de recursos y obstaculiza el crecimiento productivo de la economía. En tal sentido, para los neoliberales “el Estado no es la solución, el Estado es el problema”, en la expresión popularizada, no creada,  por Ronald Reagan. Pero no hay datos que confirmen que el Estado obstaculiza el crecimiento económico, al contrario, las economías crecieron durante el período de intervención del Estado a un ritmo que no se ha repetido en el neoliberalismo. México creció por encima del 6.5 por ciento en ese período. Ninguno de los sexenios neoliberales ha conseguido esa tasa de crecimiento de la riqueza ni de cerca.

El proyecto neoliberal resurge con la crisis del capitalismo de los años 60 del siglo pasado. El anticomunismo de la Guerra Fría y el repudio de las políticas públicas keynesianas, que otorgan un papel decisivo al Estado en el desarrollo económico, fueron sus fundamentos. La diferencia entre la propuesta keynesiana y la propuesta neoliberal es muy clara. Para Keynes el desarrollo dependía de políticas sociales dirigidas a asegurar el pleno empleo y la redistribución de la riqueza por medio del control estatal de precios, de la inflación y de los salarios; en cambio, para los neoliberales fue la oposición y la crítica a dichos principios lo que hizo renacer su doctrina.

Por otra parte, los argumentos en contra del Estado de bienestar  elaborados por los teóricos del neoliberalismo carecen de fundamento, puesto que ni la afectación al proceso de acumulación capitalista ni la incompetencia económica  pueden ser atribuidas al Estado de bienestar.

En el primer caso, sobre la afectación al proceso de acumulación capitalista:

• En principio, la aparición del Estado de bienestar no se propuso nunca sustituir el régimen capitalista por una organización social más avanzada, al contrario, su presencia asegura la continuidad del sistema.
• Más todavía, la intervención del Estado es el mecanismo para el relanzamiento de unas economías derrotadas, es el medio para preservar y consolidar el capitalismo frente al riesgo de su hundimiento,[17] al dejarlo a su libre albedrio.
•  Incluso, como señala Noam Chomsky,[18] la presencia del Estado del bienestar es el medio adecuado para socavar tanto las incipientes estructuras democráticas y populares, impedir el bienestar empujado por la presión colectiva, como para generar la idea de la “imposibilidad de un bienestar social al margen del Estado”,[19] al tiempo que  permite “apoyar la dependencia de la fuerza de trabajo respecto al capital”.[20]

Pero, gracias a la satanización del Estado de bienestar proveniente de la ideología neoliberal, se ha conseguido mantener las políticas sociales que impactan en amplios sectores de la población en límites convenientes, propicias a la acumulación de capital.

 En relación a la incompetencia de las economías en el ámbito internacional:

La idea más extendida es que los países con Estados de Bienestar más pequeños son más competitivos, porque destinan menos recursos a usos improductivos. Ha-Joon Chang, crítico de la ideología del libre comercio, pero ferviente simpatizante del capitalismo al que considera “el mejor sistema económico inventado por la humanidad”, demuestra, en esta larga cita, que los datos no sostienen este punto de vista.

Hasta los años ochenta, Estados Unidos creció mucho más despacio que Europa, pese a tener un Estado de bienestar mucho menor. En 1980, por ejemplo, el gasto social público solo representaba el 13.3 por ciento del PIB de Estados Unidos, frente al 19.9 por ciento del de los quince países de la Unión Europea. El porcentaje llegaba a situarse en el 28.6 en Suecia, el 24.1 en los Países Bajos y el 23 por ciento en Alemania (Occidental). A pesar de ello, entre 1950 y 1987 Estados Unidos creció más despacio que cualquier país europeo. Durante este período, la renta per cápita aumentó el 3.8 por ciento en Alemania, el 2.7 por ciento en Suecia, el 2.5 por ciento en los Países Bajos y el 1.9 por ciento en Estado Unidos.[21]

Obviamente, el tamaño del Estado de bienestar solo es uno de los factores que condicionan los resultados económicos de un país, pero estos datos demuestran que no es incompatible mucho Estado de bienestar y mucho crecimiento económico.

Incluso después de 1990, etapa en la que Estados Unidos ha mejorado en crecimiento relativo, algunos países con mucho Estado de bienestar han crecido más deprisa.

Lo interesante es que las dos economías que crecieron a mayor velocidad dentro del núcleo de la OCDE durante el período posterior a 1990 fueron Finlandia (un 2.6 por ciento) y Noruega (2.5 por ciento), ambas con un gran Estado del bienestar. En 2003, el porcentaje del gasto social público en relación con el PIB fue del 22.5 por ciento en Finlandia y del 25.1 por ciento  en Noruega, frente al 20.7 por ciento de media de la OCDE y el 16.2 por ciento de Estados Unidos. Suecia, que tiene literalmente el mayor Estado del bienestar del mundo (31.3 por ciento, es decir, el doble que Estados Unidos), presentó una tasa de crecimiento del 1.8 por ciento igual a la de Estados Unidos.

Si nos centramos en la década de 2000 (2000-2008), las tasas de crecimiento de Suecia (2.4 por ciento) y Finlandia (2.8 por ciento) fueron muy superiores a la de Estados Unidos (1.8 por ciento).

Son fenómenos que no deberían ocurrir si los economistas que apoyan el libre mercado tuvieran razón sobre los efectos perniciosos de Estado del bienestar en la ética laboral y los incentivos para la creación de la riqueza.

Los pasos iniciales del renovado gobierno neoliberal priista

Sin haber asumido la presidencia, el nuevo gobierno tenía ya aprobada una reforma largamente añorada. La reforma laboral, votada y avalada en el ocaso del catastrófico sexenio calderonista, tiene la impronta priista y se inscribe en el léxico neoliberal de las “indispensables” exigencias del neoliberalismo. Forma parte de las “reformas estructurales” como eufemísticamente acostumbra llamar la partidocracia y los medios de “comunicación” al sacrificio que hay que endosarle a la población. No obstante, a través de diversos voceros se presenta, como sucedió en el pasado con el Tratado de Libre Comercio y la apertura indiscriminada de las fronteras mexicanas a mercancías y capital, como la panacea para insertar al país en la competencia y la productividad globales.

La reciente reforma educativa, y modificación constitucional, aprobada por el Congreso de la Unión y ratificada en los Congresos locales, es simplemente el intento de adecuación de la escuela a las nuevas exigencias de la economía capitalista.  Servir más y mejor a la competencia económica. El decreto pone en evidencia la inexistencia del sindicato en la contratación laboral, no se menciona una sola vez al sindicato en el decreto.[22] No habrá, en un futuro próximo, relaciones contractuales y bilateralidad. La reforma genera, además, inseguridad en el empleo. A pesar de tener una plaza de base, un docente podrá ser cesado si su desempeño o resultados en la evaluación son deficientes. Al mismo tiempo, se abre el camino a la privatización al involucrar en la gestión, mantenimiento y aprobación de cuotas a los padres de familia, además de que se propicia la entrada de empresas a los centros escolares.[23]

La pérdida de derechos en aspectos tan básicos como el trabajo, la vivienda, la alimentación, la educación o la salud, forman parte del escenario característico del capitalismo en su fase más depredadora.

“El capitalismo tardío o posmoderno” se caracteriza “por el imperativo de la flexibilidad, la continua reinvención discontinua de las instituciones y las reglas de trabajo, la erosión de las tradiciones laborales, la pérdida de las seguridades, la multiplicación de empleos fluidos y cambiantes, la aparición de ocupaciones deslocalizadas y jornadas elásticas, extensas prácticas de subcontratación y externalización de funciones, declinación de las solidaridades del trabajo y de los organismo de defensa sindical, precarización de muchos empleos, permanente reingeniería de las empresas y sus modelos de gestión, reemplazo de las cadenas por redes de producción, obsolescencia de los conocimientos ligados a las funciones, evaluación panóptica de los desempeños individuales, internalización e individuación del éxito y el fracaso, desaparición de actividades y su reemplazo por otras en una constante dinámica shumpeteriana de destrucción creativa”.[24]                        

Conclusión

Parte de la tragedia que afecta a los mexicanos radica en el convencimiento y defensa de las actuales políticas neoliberales, a pesar de que se parecen a ese equino conocido por todos: son tercas pero estériles. La población está convencida de que las políticas de “libre mercado”, el adelgazamiento del Estado, el equilibrio fiscal, la autonomía del Banco de México y la contención de la inflación son políticas económicas correctas. La población está penetrada por la ideología neoliberal al grado de seguir votando por políticos que le perjudican y que son los mismos que en el pasado diseñaron las políticas que mantienen a la sociedad al borde del precipicio: “…teníamos miedo de acabar creyendo real una mentira y hemos acabado, al contrario, nihilizando, de cabo a cabo, todo lo real”.[25]

Marx indica, en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que los grandes hechos y personajes de la historia “aparecen, como si dijéramos, dos veces… una vez como tragedia y la otra como farsa”. En México, en los años recientes se ha tenido tragedia y farsa; en esa dialéctica que caracteriza a los hechos de la historia, al parecer, se tendrá la tragedia y la farsa al mismo tiempo. El camino trazado por el actual gobierno, es el mismo que se ha seguido durante las últimas tres décadas;  se confirma el pronóstico consistente en la afirmación que ve en el regreso del PRI a la presidencia, una falsa esperanza de cambio similar a la que se generó con la alternancia en el gobierno en el año 2000. Si el panismo resultó una mala versión de las políticas priistas, la vuelta del PRI resultará en la reafirmación del modelo que ese mismo partido puso en marcha. Más de lo mismo, pero copeteado.

Bajo esa tesitura, pensando en la reforma energética, el caso concreto de Pemex que se asegura no se privatizará. No obstante, se pretende convertir a Pemex en una institución, o lo que sea, que conceda, niegue, promueva licitaciones. Efectivamente, en esta lógica Pemex, siendo de la nación, deja de ser lo que es para convertirse en una oficina que administra la privatización. Pero, Pemex, o lo que quede del mismo, sigue siendo de los “mexicanos”. Sin duda, lo que correspondería, en sentido estricto, por el bien de la nación, consistiría en que el gobierno, propiciara una política energética que fortalezca a petróleos mexicanos a través de la modernización, la competitividad como gusta decir a los neoliberales, olvidando toda tentación privatizadora. La reforma fiscal, parte de las reformas estructurales que se asegura necesita México, simplemente ahondará  la rigidez de la disciplina fiscal para mantener equilibrio en las finanzas, con ilógica propuesta de generar superávit como prometió Vicente Fox. Es decir, mantener la reducción en los gastos públicos antes que elevar los impuestos sobre todo a los grandes ingresos. Aunque ésta ha sido la propuesta del Secretario de Hacienda, nadie la ha tomado en serio. La atención está puesta, más lógica dentro del neoliberalismo, en los impuestos a alimentos y medicinas. El priismo ya está preparado y espera la “discusión” en este terreno.