La palabra es sin duda la primera derrota de la violencia, pero, paradójicamente, ésta no existía antes de la posibilidad de la palabra.
Jacques Derrida

La palabra “institución” comporta dos significados básicos: el que refiere al resultado de la acción de instituir y el que refiere a la permanencia de dicho resultado. Así, podemos decir que ocurrió la institución de la confesión obligatoria al menos una vez al año para todos los cristianos en el IV Concilio de Letrán en 1215, y podemos decir también que continúa existiendo, que persiste como institución.

Se trata, ciertamente, de un hecho, una contingencia histórica. Sin embargo, de derecho, es decir, necesariamente, ambos sentidos están co-implicados: no hay institución que persista sin acto instituyente, pero más interesante resulta que no hay acto instituyente que no persista. No hay instituciones de un instante, no se le podría llamar institución a algo que no esté de antemano “lanzado” a un futuro en que lo hallemos instituido. Lo variable es la duración, y ciertamente sería relevante preguntarse, en todo caso, qué hace que una institución persista por más o menos tiempo, pero no es el problema que trataremos aquí, nos mantendremos en la relación entre acto instituyente y persistencia, por más que, en términos del nombre ‘institución’, ambos sentidos se impliquen.

¿Qué hace que toda institución persista? Como es bien sabido, en cada tipo de apuesta que es posible hacer en un casino hay una ventaja para la casa. Así, si uno juega impecablemente al Blackjack, las reglas mantienen un 7% de probabilidad a favor de la casa (si uno juega mal, ese porcentaje aumenta dramáticamente). Incluso si uno juega a un color en la ruleta, rojo o negro, siempre quedará el ‘0’ y el ‘00’ de color verde a favor de la casa: el casino jamás podría permitir que las posibilidades fueran del 50%. ¿Por qué? Persistencia. A dos niveles. Primero, porque hay un costo de mantenimiento operativo: salarios, insumos, etcétera; y una inversión que hay que recuperar: mobiliario, equipo, etcétera. Segundo, porque hay una motivación detrás del acto instituyente que posibilita a la institución misma: típicamente lucro o, en general, podríamos decir, acumulación de algún tipo de capital (si se trata de una fundación filantrópica, una suerte de “capital moral”, por ejemplo).

Otro modo de decirlo es que el juego está arreglado, afortunada expresión que connota una especie de trampa incorporada a las mismas reglas. La trampa es, de antemano, “regular”, righteous. En la institución del derecho hay una palabra similar: ajusticiamiento, la cual denota que su actuar ya es de antemano justo, además de implicar una “fuerza” de aplicación, un carácter violento (por más que la “violación” −de la ley− sea una palabra confinada a la acción que se opone al derecho). Jacques Derrida hace notar esto a partir de la expresión en inglés (law) enforcement: la “aplicación” (de la ley) comporta ya siempre una cierta fuerza, una cierta violencia de antemano justificada por la misma institución del derecho.^[1]

Todas las instituciones, en cuanto persisten, mantienen incorporados a sus reglas distintos medios para seguir haciéndolo: el juego está ya siempre arreglado. Estas reglas operan como mandatos que ciertamente pueden o no obedecerse por los individuos, aunque, dependiendo de la institución, el costo de la desobediencia puede tener implicaciones más o menos violentas. En la institución del derecho esto es muy evidente, mientras que en un casino uno puede, por supuesto, negarse a ir o negarse a apostar, y habría seguramente toda una discusión de si la publicidad del casino es de antemano violenta o si, por ejemplo, ante la costumbre de ir cada fin de semana con los amigos, resulta violento dejar de ir repentinamente, asumir el costo de dejar de convivir, etcétera. Todo tipo de “presión” alrededor de la obediencia de algún mandato supone la aplicación de una cierta fuerza, y en ese sentido tiene un carácter (más o menos) violento.

Entonces, que el juego esté ya siempre arreglado implica, de derecho, que ninguna institución se puede permitir únicamente beneficiar al común de quienes son objeto de su persistencia, siempre tiene que considerar ese doble excedente: el necesario para su operación material, y, sobre todo, el necesario para mantener la motivación del acto fundante (por más que, con el tiempo, esa motivación vaya teniendo ciertos desplazamientos). Esos excedentes sólo pueden obtenerse, en última instancia, de los individuos.

Y hay que pensar a la noción de ‘institución’ en un sentido muy amplio. En el matrimonio, por ejemplo, no basta con que dos personas se amen o decidan vivir juntas, hay un costo adicional que requiere ser cubierto, de distintas maneras en distintos contextos. Tiempo, dinero y esfuerzo para realizar el contrato ante el Estado, y/o la ceremonia religiosa, quizá la fiesta, quizá la luna de miel, etcétera. Implicado, además, potencialmente, aunque con mejores probabilidades que las de salir con más dinero de un casino, el tiempo, dinero y esfuerzo del divorcio, la anulación, etcétera.

Hay, por supuesto, una retórica violenta (en el sentido antes planteado), arreglada, que hace pasar por necesario todo esto que, de hecho, es innecesario para dos individuos que, por ejemplo, se aman y/o pretenden vivir juntos; es para la institución para quien resulta necesario: si la gente deja de casarse se destituye el matrimonio (lo no es una cuestión puramente voluntaria precisamente porque hay violencia de por medio, aun cuando no se la percibe). Además de la violencia propia de su retórica (la “presión social”, por ejemplo), están las de sus relaciones interinstitucionales, es decir, una metarreglamentación que comporta sus propias violencias: si no estás casado es más difícil heredar los bienes de tu pareja, visitarle en un hospital, etcétera.

¿Cómo salir de una lógica institucional?, ¿cómo destituir dejando, al mismo tiempo, de instituir? La violencia inherente a la institución hace que nunca baste con la voluntad de desobedecer los mandatos, ni siquiera basta una voluntad de no instituir. Como implica el epígrafe, es en la palabra misma donde el acto instituyente encuentra la fuerza necesaria para ocurrir y, por lo tanto, persistir, gracias a los dos excedentes que obtiene de los individuos que, por las buenas o por las malas, atienden a dicha palabra transfigurada en mandatos. Un mandato no es sino el arreglo en que deviene la palabra instituyente, los mandatos son palabras arregladas. ¿Qué tendría que hacerse con la palabra para que perdiera su carácter instituyente y arreglado? ¿Cómo deshacer cosas con las palabras? “Hay un silencio encerrado en la estructura violenta del acto fundador. Encerrado, emparedado, porque este silencio no es exterior al lenguaje.”^[2]

^[1] Derrida, J. (2008). Fuerza de ley. Madrid: Tecnos, pág. 15

^[2] Derrida, J. (2008). Fuerza de ley. Madrid: Tecnos, pág. 33

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