Los Juegos del poder son entramados de relaciones e intereses económicos, prebendas y beneficios que se entretejen desde, con y para las élites empresariales y gubernamentales. Este sexenio va logrando distinguirse por la cantidad de denuncias sobre empresas reales y ficticias, que emergen como asociadas o beneficiadas por la obtención de contratos por obras y servicios para diversas esferas del gobierno. Van desde el amiguismo, la compra directa –facultad de algunos gobernadores-, los moches, las cuotas, los regalos –que, aunque regulados, siguen siendo parte del diezmo que se paga por tener un contrato-. Los viajes, los préstamos de aviones privados y helicópteros, son parte del entrado natural de la corrupción, esa que le presidente Peña Nieto nos dice que es un asunto cultural.

Los ejercicios legislativos y la promulgación de leyes que se han impulsado para lograr que exista transparencia y rendición de cuentas, son procesos que recién inician a operarse en la historia reciente del país y pese a lo cual prevalecen las resistencias propias de un sistema y una cultura política que aprende muy rápido a saltarse las normas y reglas sobre rendición de cuentas y transparencia. Por ejemplo, son muy pocos los y las gobernantes que han hecho pública la declaración patrimonial, la declaración de impuestos y la carta de conflicto de intereses. Hoy casi todos dicen que lo van realizar cuando opere la Fiscalía Anticorrupción. Triste panorama, donde el espíritu de la norma se olvida y se va al formalismo jurídico y a la trampa que el propio Senado creó al no nombrar al Fiscal Anticorrupción y asociar su nombramiento al proceso electoral de 2018, dejando en la indefinición esa fiscalía hasta después de las elecciones. Se trata de cuidar las apariencias ante el reclamo social de evitar que se nombrara a Raúl Cervantes como el #fiscalcarnal.

El tema de la renuncia del Procurador General es otro ejemplo, donde las instituciones del Estado, en especial ésta, que es por ahora el símbolo de la incapacidad del propio Estado mexicano para dar respuesta certera, objetiva, clara y profesional a una serie de “casos emblemáticos”, como Ayotzinapa, Tlatlaya, Allende, Nochixtlán, entre muchos otros, dejó en claro que al régimen no le importa la administración y procuración de justicia, y busca “lavarse las manos en el agua sucia” –como definió Jesús Reyes Heroles al ejercicio de la política-. El despido del Fiscal de Delitos Electorales por parte del encargado del PGR mostró la “ética” con la se maneja la institución y, más allá del espectáculo mediático, quedo en claro la poca disposición del Estado mexicano para atender los casos en los que el partido en el poder tiene mucho qué ver, y en los que estaría en entredicho su legitimidad electoral. Se trata de cuidar las apariencias, según se puede observar.

Queda claro que la propuesta “3 de 3“ que impulsó la sociedad civil, en un marco de un posible avance en la cultura democrática, se diluyó con la respuesta de partidos políticos, de las y los senadores de la República y del propio Poder Ejecutivo, al dejar con una intención explícitamente política sin cabeza a las tres dependencias más importantes de la procuración y administración de justicia del país, y en las que la legalidad debería ser el principio rector para su funcionamiento.

Borde Político una organización civil (http://borde.mx/), presentó su informe: “Borde Score” sobre el desempeño de los legisladores del país, y resalta el caso de Guanajuato, ya que tanto del PRI como del PAN, las y los legisladores federales fueron los peor evaluados de todos los que integran ambas cámaras legislativas. Es decir, Guanajuato tiene a los senadores y a las y los diputados federales más ineficaces. La evaluación consideró 1) el trabajo legislativo (70%): iniciativas, puntos de acuerdo y asistencia a votaciones; 2) Rol político (30%): posición del legislador dentro de los órganos legislativos (comisiones), y 3) Extralegislativo (30% adicional): calificación en redes sociales y cantidad de notas en medios digitales. El promedio de las y los legisladores fue de 13 puntos sobre 100, que era el más alto valor posible. En Guanajuato, durante agosto y septiembre pasados se realizaron eventos para la presentación de informes de trabajo legislativo a nivel federal. Con el informe presentado por Borde Político queda claro que todo se trata de una simulación y de solo cuidar la apariencia.

El caso de los “Paradise Papers” volvió a demostrar que existe un doble discurso de empresarios y políticos mexicanos, esos que dicen que les importa el país y expresan que quieren lo mejor para la sociedad mexicana, y sin embargo caen en la tentación de abrir cuentas a través de empresas fantasmas, en bancos y financieras instaladas en islas del Caribe, para invertir y hacer negocios evitando pagar impuestos en México. Ahora el SAT tiene tareas por hacer, producto del trabajo serio y profesional del periodismo de investigación. No es ilegal invertir y mover dinero -mucho dinero- a esos paraísos fiscales, sino que quien lo hace busca un beneficio a costa de la obligada contribución fiscal en el país, y esto lo hacen porque, al fin y al cabo, todo se trata de cuidar la apariencia.