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Aprueban Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato

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Aprueban Ley Orgánica de la Fiscalía General de Guanajuato

Guanajuato, Gto. El Pleno del Congreso local aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Con dicha ley se marca un importante paso para transformar a la Procuraduría General de Justicia en una Fiscalía General, que no es un simple cambio de denominación sino la concepción de un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio.

Aspectos relevantes de la nueva ley:

  •  La Fiscalía General es un organismo autónomo, dotado de personalidad jurídica y con patrimonio propio, que se regirá con base en los principios de autonomía, independencia, imparcialidad, legalidad, profesionalismo, eficiencia y transparencia.
  • Sus atribuciones serán procurar justicia a través del Ministerio Público; diseñar e implementar acciones y política para investigar y perseguir los delitos, así como promover, respetar y proteger los derechos humanos.
  • Se contempla una nueva organización administrativa con fiscalías regionales y especializadas para el Combate a la Corrupción, para la Investigación de Delitos de Alto Impacto, de Desaparición Forzada, de Tortura y de Delitos Electorales y para la protección de los Derechos Humanos.
  • La Fiscalía General de Justicia de Estado contará con la Direcciones Generales de Investigaciones y de Servicios de Investigación Científica, así como con las Direcciones de Análisis de la Información y de Tecnologías de la Información.
  • Además, tendrá una Unidad Especializada en Justicia para Adolescentes y poseerá a su cargo la administración, dirección y coordinación del Centro de Justicia para las Mujeres de Estado de Guanajuato.     
  • El fiscal general tendrá la obligación de presentar, anualmente, un informe de actividades por escrito durante el mes de febrero, que debe contener el estado que guarda la procuración de justicia en la entidad, las acciones relevantes realizadas por la institución, las acciones de capacitación y promoción de los derechos humanos, así como información financiera.
  • Se contempla la creación del Consejo Externo de Consulta integrado durante 3 años por cinco prestigiados guanajuatenses que se hayan destacado por contribuir a la procuración de justicia, la investigación criminal y los derechos humanos. Dicho Consejo será el organismo colegiado que establezca recomendaciones, directrices, objetivos y procedimientos con carácter técnico o social, que auxiliará a la Fiscalía General en el ejercicio de sus funciones.
  • Se crea la Comisión Interna de Consulta, órgano colegiado que analizará, planeará, integrará, supervisará y evaluará las políticas que mejoren el funcionamiento de la Fiscalía General, y tomará acuerdos y decisiones consensuadas en asuntos de interés de la misma.
  • Se sientan las bases para la creación del Órgano Interno de Control, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de quienes integren el Congreso del Estado. Dicho Órgano contará con autonomía técnica y de gestión, y tendrá a su cargo revisar los ingresos y egresos, prevenir conductas de responsabilidad administrativa, investigar y calificar actos u omisiones de los servidores y determinar las sanciones que les correspondan.

Discusión del dictamen

Para hablar en contra del dictamen hicieron uso de la tribuna la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Rosales Cruz señaló que el tema se volvía complicado al explicar la impotencia de saber que no había manera de hacer cambiar de decisión respecto a la elección del fiscal general.

Apuntó que se habían olvidado de que tener seguridad, que era una de las razones fundamentales por las que la sociedad se organiza y que sin ella se pierde todo el sentido. Argumentó que querían imponer un estado de incertidumbre a las personas y sus bienes, votando a favor de prolongar el estado de indefensión a la población.

Se refirió a las estadísticas en delitos dolosos y el robo cotidiano, y dijo que tenían en sus manos la posibilidad de darle un rumbo distinto en seguridad a la entidad, eligiendo el mejor mecanismo para designar al fiscal general.

En rectificación de hechos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá aclaró que lo que estaba a consideración y se discutía era la Ley de la Fiscalía General que nada tenía que ver con el pase automático, lo que era un tema constitucional, y que la ley en comento era lo que dará forma, organización y estructura a la Fiscalía General como organismo autónomo, y que sería interesante ver propuestas objetivas respecto a la ley y no únicamente posicionamientos políticos.

Intervino nuevamente la legisladora María Magdalena Rosales Cruz para rectificar hechos, y dijo que se habían presentado diversas iniciativas por parte de las diferentes fuerzas políticas respecto a la modificación del periodo que deberá fungir en su cargo el Fiscal General.

La legisladora Libia Dennise García Muñoz Ledo reiteró que el tema a votación no era el respectivo a la duración del fiscal y que era su obligación como diputados conocer y analizar los documentos de los dictámenes que se ven en Pleno.

En otra intervención, la diputada María Magdalena Rosales Cruz  indicó que el espacio idóneo para discutir lo relativo a la seguridad de los guanajuatenses era el Pleno del Congreso, ya que consideró que en ocasiones las comisiones no se abren a la participación de los ciudadanos.

Por su parte, el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo consideró que esta iniciativa debió aprobarse posteriormente a las reformas referentes al pase automático, el periodo y remoción del Fiscal General. “Todo parece indicar que los compañeros del PAN y otras fuerzas políticas han dejado de representar a la ciudadanía guanajuatense pues van a dar el primer paso para que Carlos Zamarripa se convierta en el Fiscal más “carnal” de la historia de México”.

Asimismo, recalcó que se hizo caso omiso de las peticiones de la ciudadanía y que acompaña la negativa de eliminar el pase automático, que es la única manera de hacerlo llegar al actual Procurador de Justicia al frente de la Fiscalía General por nueve años más.

Prieto Gallardo insistió el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa ha tenido un pésimo desempeño, existen malas prácticas de procuración de justicia, impunidad y frustración de la ciudadanía. Además, señaló que la aprobación de la Ley de la Fiscalía General no garantiza una mejora en este desempeño.

“Esta fiscalía General será una herramienta al servicio de unos cuantos y lo más preocupante, seguirá arrojando los mismos resultados (…), solo que ahora la autonomía solo significa que ya no dependerá de las decisiones del Gobernador. Este primer paso, lo que en realidad es, es un simple cambio de nombre”, subrayó.

En rectificación de hechos, la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá señaló que durante el análisis de la propuesta de la Ley de la Fiscalía General no se presentó ningún tipo de iniciativa respecto al tema y destacó que el decreto que se estaba votando no contemplaba el tema constitucional referente a la designación del Fiscal General. Igualmente, pidió ver un trabajo serio, con propuestas concretas y que se puedan plasmar en algún dictamen.

Para hablar a favor del dictamen hicieron uso de la tribuna el diputado José Huerta Aboytes y la diputada Laura Cristina Márquez Alcalá. Huerta Aboytes hizo referencia a los motivos que originaron las reformas constitucionales que plantean el cambio de la Procuraduría de Justicia a Fiscalía General.

Apuntó que la inseguridad ciudadana no había mejorado, sino que cada día se deterioraba más y que una de las causas más importantes de ese grave problema se debía al desgaste que había sufrido el Ministerio Público.

El congresista dejó en claro que su postura no era impedimento para seguir pugnando por la aprobación de sus iniciativas de reforma a la Constitución Local, para que, en lo sustancial, se evite el pase automático del Procurador a la Fiscalía; y se reduzca la duración de la gestión del Fiscal.

“Seguiremos pugnado por la autonomía como un atributo esencial del nuevo órgano, para que se garantice que la función del Fiscal en la investigación y persecución de los delitos estará exenta de influencias indebidas, tanto públicas como privadas”, enfatizó Huerta Aboytes.

Finalmente se pronunció porque la transición de los cuadros técnicos de la actual Procuraduría a la Fiscalía fuera un proceso gradual y determinado por normas de rigurosa selección y un proceso de eficaz capacitación, que garanticen que el tránsito no devendrá en un burdo traslape de cuadros y traspaso de recursos de una institución a otra.

Márquez Alcalá afirmó que esta nueva ley representaba una de las transformaciones más relevantes y radicales en la historia del sistema de justicia en la entidad, dejando atrás el esquema de la Procuraduría General de Justicia centralizada a favor de una Fiscalía General autónoma.

La legisladora manifestó que la Fiscalía General tendrá la autonomía para garantizar que sus acciones se definan con base en criterios estrictamente técnicos y jurídicos, y que asumirá el compromiso, en cada uno de sus hombres y mujeres, de actuar con honradez, independencia, legalidad, profesionalismo, transparencia, perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Dijo que el modelo de la fiscalía era el más adecuado para la realidad social e institucional de la entidad, que estarían atentos a los avances derivados del nuevo modelo para seguir fortaleciendo la institución del ministerio, y que exigirían resultados sin aceptar pretextos.

Reservas

El diputado Israel Cabrera Barrón se reservó lo correspondiente denominación de la ley y propuso que siendo la norma que establecerá las bases y funcionamiento de la fiscalía era propio llamarla Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.  

También pidió que se modificara el nombre de fiscalía especializada en delitos de investigación forzada a fiscalía especializada en investigación de delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares. Ambas propuestas fueron aprobadas.

Por su parte, el diputado Héctor Hugo Varela Flores solicitó modificaciones al artículo décimo transitorio para proponer que los servidores públicos adscritos a la Procuraduría General de Justicia continúen ocupando su cargo acorde a un proceso de transición contenido en un Plan Estratégico que elabore la Fiscalía General. Su propuesta fue aprobada.

En su oportunidad, la diputada Vanessa Sánchez Cordero pidió se ajuste el artículo siete en lo correspondiente a diseñar, implementar y evaluar el programa de procuración de justicia, el cual se integrará con base en el contexto y necesidades estatales y contendrá acciones y políticas para la investigación y persecución de los delitos conforme a su ámbito de competencia. La reserva fue aprobada.

También solicitó que, en el artículo décimo, fracción segunda, se ajustara la redacción para quedar: “Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares”. El planteamiento se aprobó.

Además, instó a sus homólogos a modificar el artículo primero transitorio para cambiar la entrada en vigor del Decreto de esta ley para que entre en vigor 30 días posteriores a su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato. La propuesta no fue aprobada.

El diputado José Huerta Aboytes se reservó lo relativo a la sección cuarta, relativa al Consejo Externo de Consulta, que abarca los artículos 43, 44 y 45, al considerar que los alcances de ese órgano quedaban reducidos a una participación consultiva sin repercusión en las decisiones de la Fiscalía y aparecería como un apéndice testimonial y no trascendería a la actuación de la Fiscalía. La proposición fue rechazada.

Finalmente, la diputada Celeste Gómez Fragoso se reservó los artículos 119 y 121, correspondientes a las diligencias de investigación fuera del lugar del tramite de indagatoria y obligación de expedir copias autenticadas, respectivamente. Ambas reservas fueron aprobadas.