Conforme se acerca la cita ciudadana con las urnas este 7 de junio, el ambiente de las campañas se acalora inevitablemente, tanto en los procesos federales como en los locales. Llaman mucho la atención los ataques y descalificaciones entre candidatos, pero es un fenómeno prácticamente inevitable cuando se trata de seducir al electorado y evitar que vote por el adversario. La guerra sucia, el espionaje, las difamaciones y las encuestas trucadas son recursos que desgraciadamente siguen presentes en nuestra realidad política nacional. Pero eso no nos hace diferentes al resto de las democracias del mundo: cuando hay competencia efectiva, las estrategias de campaña pueden estirar al máximo la civilidad y faltar a la ética, incluso a la legalidad.

En la elección local de Guanajuato acudimos al recurso simbólico de signar acuerdos de civilidad entre los partidos, primero, y los candidatos después. Más del 70% de los candidatos y candidatas los han firmado, pero en ocasiones no han dejado pasar la ocasión para atacar a los adversarios, contradiciendo el espíritu del documento que vienen de rubricar. Las caras sonrientes no disimulan los empellones y zancadillas, y los llamados de la autoridad electoral a la urbanidad pueden caer en la indiferencia de los contendientes. Más de sesenta quejas y denuncias han recibido los consejos electorales del instituto estatal, pero la mayoría sólo tienen como fin abonar a la propaganda de algún candidato, o bien combatirlo en los medios de comunicación.

Independientemente de esta violencia verbal o simbólica, estoy convencido de que las campañas en Guanajuato se están conduciendo de manera bastante civilizada y tranquila. No se asoman los nubarrones de violencia que sí están poniendo en peligro la propia elección, como en Guerrero, Michoacán, Jalisco o Tamaulipas. Creo que las 7 mil 91 casillas únicas que se instalarán el 7 de junio para recibir los votos de casi cuatro millones cien mil guanajuatenses, lo harán sin mayor problema. Por supuesto, hay que estar preparados para las eventualidades, se presenten o no, y la comunicación con las instancias responsables de velar por la seguridad ciudadana, tanto federales como estatales, ha sido más intensa que nunca. Precisamente por los sucesos de violencia que se han padecido en la región occidental del país, incluyendo la ciudad de León. Serán las elecciones más vigiladas de la historia; vigiladas sí, pero no coaccionadas o intimidadas por la presencia exagerada de fuerzas del orden en los espacios públicos. Hay conciencia de que la vigilancia debe ser discreta y disuasiva, pero no amenazante. Afortunadamente la tecnología ayudará mucho, como el programa Escudo, evitando la excesiva presencia de las corporaciones armadas en ciudades y pueblos.

La seguridad ciudadana es un derecho humano y un deber de cualquier Estado. En momentos clave de la convivencia política, como es el caso de los comicios, es de enorme importancia que el ciudadano, la ciudadana, acudan con tranquilidad a la casilla, incluso en compañía de sus hijos, familiares y vecinos, asumiendo que la ocasión es una fiesta de la democracia, un momento civilizatorio, culmen de nuestra capacidad para vivir juntos y en paz. La violencia física o simbólica no abona un ápice a esa fiesta, y sí denigra nuestra esencia como seres pensantes, partes de la colmena humana que nos da sentido de trascendencia. Por eso como autoridades electorales seguiremos convocando a la civilidad, al arte de vivir en aceptación y colaboración con los demás.