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Guanajuato: de desaparecidos, fosas clandestinas y negación de las autoridades

Rosario Martínez de la Vega | Abogada y Activista, egresada de la Universidad de la Salle Bajío, con trabajos en educación, promoción y defensa de DDHH.

Es lo Cotidiano | 30 de diciembre de 2019

“Al 30 de septiembre de 2019, Guanajuato presentaba la ignominiosa cifra de 2,104 desaparecidos, más del triple con los que iniciamos el 2018…”


En las últimas cuatro semanas presenciamos como la exigencia de justicia en redes sociales fue determinante para el esclarecimiento de dos casos de feminicidio que, acaecidos en Guanajuato, trascendieron a nivel internacional.

A diferencia de la fuerza de estas denuncias, el fenómeno de los desaparecidos en el estado ha sido ignorado —por no decir silenciado‐ por las autoridades.

Pero cada día las fotos y nombres de los desaparecidos aparecen en muros de Facebook, páginas de Twitter, grupos de Whatsapp, noticieros y portales de medios locales. Cabe resaltar que Guanajuato ostenta el primer lugar nacional en la comisión de este delito.

A la fecha son miles los casos de familias en el estado sin noticia alguna sobre el paradero de sus padres, hijos, hermanos, lo que —según integrantes del colectivo A tu encuentro de Irapuato‐ es peor que tener un cadáver para llorarle.

Las denominaciones

Para dar idea de la magnitud del problema y su gravedad, conviene realizar las siguientes precisiones.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada contempla dos tipos de desaparición:

  • Forzada. Es el tipo de desaparición cometida por el servidor público que priva de la libertad —en cualquiera de sus formas‐ a un civil, seguido por la abstención o negativa a reconocer dicha situación, o bien a proporcionar información sobre el destino de la víctima.
  • De particulares. Es la acaecida entre particulares, sin la intervención de servidores públicos. Se refiere a quien priva de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima, su suerte o su paradero.

Además, establece estas diferencias:

  • Personas desaparecidas. Aquéllas paradero se desconozca y se presuma —a partir de cualquier indicio‐ que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito.
  • Personas no localizadas. Personas cuya ubicación sea desconocida y, de acuerdo con la información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relacione con la probable comisión de un delito.

Los números

Según informes emitidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado, en el periodo de 2015 a 2018 se contaba con 6 mil reportes de personas no localizadas en Guanajuato. De ellos, sólo 11 casos se encontraban en proceso judicial, y sólo 10 habían sido reconocidos como desaparecidos.

Las once carpetas que se encontraban en proceso judicial hasta el año pasado se desglosan de la siguiente manera:

  • 6 en proceso de auto de vinculación.
  • 1 desahogándose bajo la figura del procedimiento abreviado
  • 2 con sentencia.

Y de estos once casos judicializados:

  • 6 se presentaron en la ciudad de Celaya: 5 son de carácter forzado y 1 es de carácter particular.
  • 2 en Salamanca: 1 corresponde al tipo de desaparición forzada y el otro al particular.
  • León, San Francisco y Apaseo cuentan con una cada uno, y pertenecen a las denominadas del tipo forzado, es decir, las que ejercidas por servidores públicos.

Del total de personas no localizadas en la entidad, 91% corresponden a hombres.

De ellos, 46% corresponde a edades entre 30 a 40 años, 36% tienen entre 20 y 30 años, y el 18% restante son varones arriba de los 41 años. En 93.1% de los casos restantes, fueron catalogados por la Fiscalía del Estado de Guanajuato como las del tipo de Personas no localizadas.

Hasta el 30 de septiembre de 2019, Guanajuato presentaba la ignominiosa cifra de 2,104 desaparecidos, más del triple con los que iniciamos el 2018. Guanajuato es uno de los cuatro estados de la República que aún no cuentan con Comisión Estatal de Búsqueda, ni con la creación de protocolos homologados para la atención y localización de víctimas.

Tampoco se han aprobado la ley estatal de víctimas, la de desaparición forzada de personas cometida por particulares, ni el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las autoridades han negado oficialmente la existencia de fosas clandestinas en el estado, según la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública del folio 02686819, realizada por un medio de información local (y publicada aquí).

Por otra parte, se precisa que sí se cuenta con “el registro de 20 cadáveres enterrados en la entidad”, de 2015 a septiembre del presente año. Sin embargo, tan sólo en León, el jueves 26 de diciembre se divulgó en medios locales la localización de una fosa clandestina con restos óseos en la comunidad de Alfaro, y en el inicio del mes, el hallazgo de otra en San Antonio el Rico, Irapuato, con por menos 16 cuerpos.

Debido a la negación y desinterés de las autoridades para atender la situación, familiares de desaparecidos conformaron en noviembre de 2019 en Irapuato el primer colectivo por la búsqueda de desaparecidos, denominado A tu encuentro, a través del que solicitaron al Congreso del Estado promulgar una ley estatal para atender la desaparición de personas. No obstante, la diputada local de Acción Nacional Libia García Muñoz Ledo rechazó esta posibilidad, debido a que no se ajusta a la metodología de trabajo en el Congreso, y convocó a reuniones privadas —y por separado‐ con los familiares de las víctimas, negándose a afrontar su responsabilidad en el problema en un diálogo abierto con la sociedad civil.

Por otra parte, el mismo colectivo solicitó audiencia al Gobernador del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, que les ofreció ser atendidos por separado, en distintas fechas, y no por el mandatario estatal, sino por personal de la Secretaría, lo que fue rehusado por las familias de las víctimas, apelando a la sensibilidad y reconsideración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado, encabezada por Carlos Zamarripa Aguirre, negó al colectivo el acceso a las carpetas de investigación, para consulta de los familiares.

Es tiempo de caer en la cuenta de que los afectados tienen rostro, nombre y familia a quienes las autoridades se niegan a atender, convirtiendo en un viacrucis la presentación de las denuncias y criminalizando de las víctimas —con argumentos como el que los desaparecidos seguramente andaban “de fiesta”, “de novios” o en “malos pasos”‐, evadiendo afrontar el problema y denegando el correcto acceso a la justicia, situación que no ayuda a mejorar el 98% de impunidad que azota al país.

La violencia requiere de acciones urgentes, en la búsqueda de una paz que cada vez parece más lejana.

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